El ministerio de Seguridad a cargo de Alejandra Monteoliva estableció un nuevo esquema de multas del Registro Nacional de Armas (RENAR) que multiplicó por más de 30 el valor máximo de las multas aplicables a usuarios particulares que cometan infracciones al régimen de control de armas.
El aumento, que lleva el tope de $300 mil a $10 millones de pesos, se enfrenta a una realidad económica marcada por la pérdida de poder adquisitivo, salarios estancados y una capacidad de pago profundamente erosionada. La desproporción entre el ajuste regulatorio y la situación material de la ciudadanía pone en cuestión la razonabilidad de la medida y alcance de su impacto.
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El elevado incremento de más del 3200% fue justificado por el Gobierno como parte de un plan de revisión integral del régimen sancionatorio, que no se actualizaba desde 2022 y cuya depreciación real era “mayor al 600% respecto de los valores originales”, según los considerandos de la resolución.
La medida entra en vigor a partir de mañana y también afecta a usuarios comerciales, industrias, transporte, importadores, exportadores y demás sujetos alcanzados por la competencia del RENAR. Además de incrementar el costo de las penalidades, el organismo actualiza el valor de la Unidad RENAR a $2000 como base de cálculo para formularios, trámites y multas.
Multas millonarias y salarios deprimidos
Mientras el salario promedio registrado (RIPTE) pasó de unos $145.000 en diciembre de 2022 a más de $1,53 millones en agosto de 2025, un incremento cercano al 955%, las multas del régimen de control de armas saltaron de $300 mil a $10 millones en el mismo período, un aumento del 3.233%.
Las cifras oficiales muestran un desfasaje evidente: las sanciones crecieron a un ritmo más de tres veces superior al de los ingresos formales. En un escenario de pérdida de poder adquisitivo y fuerte presión sobre los salarios, la actualización de los montos punitivos plantea interrogantes sobre la capacidad real de cumplimiento por parte de la población.
El anuncio se da en un marco económico atravesado por tarifas en aumento y una caída prolongada del salario real, que desde 2017 acumula retrocesos en casi todos los segmentos laborales. Entre 2022 y 2025, distintos informes oficiales y privados coincidieron en señalar que los ingresos formales perdieron capacidad de compra frente al costo de vida.
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