En medio del panorama económico asfixiante que padecen los trabajadores, la delegación de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Jujuy, encabezada por su secretario general Carlos Sajama, planteó formalmente en el Congreso nacional del sindicato la necesidad de lanzar un paro general de 48 horas. El reclamo central apunta a la reapertura inmediata de las negociaciones salariales ante la severa pérdida del poder adquisitivo que afecta a los empleados públicos.
La propuesta jujeña surge como mandato directo del último congreso provincial del gremio, donde los delegados analizaron el impacto de la crisis económica en el sector estatal y dictaminaron profundizar las medidas de fuerza ante la falta de respuestas de la gestión nacional y el apoyo del gobernador Carlos Sadir.
Durante las deliberaciones nacionales, el mapa de reclamos mostró coincidencias en el diagnóstico, aunque con matices respecto a la modalidad de la protesta. Mientras algunas provincias mocionaron por un cese de actividades de 36 horas, los sectores más duros propusieron avanzar hacia una huelga por tiempo indeterminado. "Le planteamos a nuestro secretario general nacional revisar un paro de 48 horas y otras provincias también expresaron la necesidad de avanzar con distintas medidas de fuerza", señaló Sajama.
Según detalló El Submarino Jujuy, la definición de la modalidad y la fecha final quedará supeditada a si el Gobierno nacional decide o no convocar a una mesa paritaria en el corto plazo. En caso de que no haya alguna intención de diálogo, el gremio baraja el 27 de junio como una jornada clave para la confluencia de las distintas acciones de protesta en todo el territorio argentino.
En sintonía con el malestar estatal, el frente docente mantiene una postura de resistencia en las calles tras las declaraciones del ministro de Educación provincial, Normando Álvarez García, quien dio por "cerradas" las negociaciones salariales. Desde el CEDEMS, delegados como David Pizarro, de Palpalá, tildaron de "insignificante" el incremento del 2% ofrecido por la administración de Sadir. Si bien la última propuesta oficial buscaba elevar el sueldo inicial a $925.000 en mayo y a $945.000 en junio incorporando el blanqueo de ciertos ítems, los trabajadores de la educación ratificaron que los montos siguen siendo insuficientes para afrontar el costo de vida actual en la provincia norteña.
Vendedores ambulantes denuncian persecución e intentos de desalojo de la Municipalidad de Jujuy
En un contexto donde el propio ministro de Hacienda provincial, Federico Cardozo, reconoció que el trabajo en negro ronda entre el 60% y el 70%, la vía pública se ha convertido en el único refugio para la subsistencia diaria. Sin embargo, la tensión social crece en las calles de la capital: vendedores ambulantes denuncian una escalada de persecución e intentos de desalojo por parte de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Según detalló el medio Jujuy al Momento, el foco del conflicto se concentra en la calle Dorrego y Gorriti, justo frente al monumento a Evita. Allí, unas diez familias trabajan desde hace seis años, luego de haber sido reubicadas en esa misma vereda por la propia comuna tras el reordenamiento de la vieja terminal de ómnibus. Hoy, ese acuerdo parece haber quedado en el olvido.
De acuerdo con el vocero de los trabajadores afectados, Gonzalo, la actual ofensiva municipal responde a denuncias formales presentadas por el consorcio del monobloque ubicado frente a los puestos. Los residentes exigen que se les prohíba definitivamente la venta en el lugar.
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Como un intento de "tregua", la Dirección de Espacios Públicos de la comuna dictó la semana pasada una medida provisoria: obligar a los puesteros a trabajar día por medio. Aunque los vendedores acataron la orden, la califican de insostenible. "Los días que no nos instalamos nos quedamos en la nada, sin ingresos para el sustento diario. No se puede comer día por medio", graficaron con crudeza en declaraciones para Radio 2.
La solución de fondo que plantea el municipio es trasladar a los vendedores a sus barrios de origen, una medida que el vocero tildó de "descabellada". La procedencia de los trabajadores es dispar: algunos viajan diariamente desde las 150 Hectáreas de Alto Comedero, mientras que otros desde las 30 Hectáreas o desde Villa San Martín.
Los argumentos de los feriantes para rechazar el traslado se basan en la realidad económica de la periferia. Debido a la crisis nacional, las ferias barriales ya están colapsadas y desbordadas, al punto de tener que utilizar canchas de fútbol por falta de espacio. Ante la falta de respuestas que garanticen sus fuentes de trabajo, los puesteros tomaron una decisión drástica pero firme: mantener una permanencia pacífica en el lugar, sin abrir sus puestos, hasta obtener una solución real.
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