Entran dólares de la energía, pero el tarifazo eterno de Milei no se toca

En cinco meses, el petróleo, el gas y la minería aportaron al mercado de cambios un tercio de lo que liquida todo el agro en un año. La restricción externa que justificó la quita de subsidios se afloja mes a mes. El Gobierno, sin embargo, profundiza un esquema que le cobra a los hogares y le regala certezas al capital de enclave, conducido en muchos casos por capitales extranjeros.

Hay un dato que es nuevo en la economía argentina y que merece el centro de la escena. Entre enero y mayo de 2026, el petróleo, el gas, la minería y la electricidad (la balanza energética minera) ingresaron al mercado de cambios 10.500 millones de dólares netos. El cálculo es del Instituto Argentina Grande (IAG) sobre el balance cambiario del BCRA, y se explica por los precios internacionales pero también por el aumento de las cantidades exportadas. Para dimensionarlo alcanza con mirar cuatro años atrás: en el mismo período de 2022, esos mismos sectores se llevaban 1.600 millones, porque la Argentina pagaba cada barco de gas licuado a precio de guerra. El giro es de 12.000 millones de dólares de diferencia entre aquel 2022 y este 2026. Pocas veces nuestra economía cambió de signo tan rápido en su talón de Aquiles histórico. Cabe señalar que los primeros números positivos del saldo del petróleo llegaron a fines de 2023, y cuando la minería también empezaba su aceleración; lo de 2026 es la consolidación de ese giro.

Mientras tanto, los hogares pagan la luz, el gas y la garrafa como si el país siguiera en emergencia importadora. Ésta es la paradoja que ordena esta nota: la restricción que justificó el ajuste se está resolviendo por el lado de las exportaciones y la producción, pero el ajuste continúa como si nada hubiera pasado.

El ajuste sigue sucediendo, y lo pagan los de siempre

Los números del recorte son contundentes. Los subsidios energéticos cayeron de 1,42% del PIB en 2023 a 0,60% en 2025, según el Decreto 943/2025, y el plan oficial era seguir bajándolos este año hasta 0,5%. Quedan lejos del pico de 2,8% de 2014. El nuevo régimen eliminó la segmentación por niveles y puso una vara única para acceder al subsidio: ganar menos de tres canastas básicas. Este invierno los subsidios volvieron a subir por los precios internacionales de la energía, pero eso tiene poco de alivio: las tarifas subieron igual, y mucho.

El impacto en la vida cotidiana es el gran problema que no ve este gobierno, ni lo acepta, su diagnóstico es que más de lo mismo en algún momento encontrará un umbral y empezará a mejorar el consumo de las personas. Malas noticias, más de lo mismo, profundizará la situación actual. La factura eléctrica media ya cubre el 72% del costo real del sistema (IIEP-UBA-CONICET). Para los hogares de menores ingresos, la parte de la factura que sale del bolsillo saltó de 29% a 50% en apenas un año. En transporte, el boleto pasó de representar 2,6% del salario mínimo a 17,3%. La canasta de servicios públicos, que absorbía 4% de la mediana del ingreso formal, hoy se lleva 12% (IAG), y eso para un hogar de una sola persona, la situación puede ser más difícil. La mora de las familias con el sistema financiero ronda el 12%, la más alta desde la convertibilidad. El resultado social del fixture oficial de LLA está a la vista: cada punto de ahorro fiscal lo están pagando los trabajadores y trabajadoras de este país.

Ahora veamos la otra mitad de la película. Mientras el hogar pierde el subsidio -los sectores medios sobre todo, los del nivel N3, son los que más ven subir sus facturas-, la recaudación por retenciones cae casi 40% interanual (OPC), Bienes Personales marcha hacia una alícuota testimonial y el blanqueo/ inocencia fiscal premia al capital fugado. En paralelo, el impuesto a los combustibles líquidos, el que paga cualquier trabajador en el surtidor, aumentó más de 1.300% desde fines de 2023, contra una inflación acumulada de alrededor de 312%. Subió cuatro veces más que los precios y los salarios formales. El ajuste no es una retirada del Estado, como dice el Gobierno; por el contrario, funciona como una reasignación, con una intervención descendente para la mayoría y ascendente para la cima.

Los dólares que cambian el tablero

El gráfico que acompaña esta nota resume la transformación estructural más importante de la macro argentina reciente. Sobre datos del balance cambiario del BCRA, el IAG midió cuántos dólares dejan o se llevan, en términos netos, cuatro sectores: petróleo, gas, minería y electricidad. La serie compara los primeros cinco meses de cada año, y el recorrido impresiona: un rojo de 1.600 millones en 2022, un verde de 3.300 millones en 2024, 6.300 millones en 2025 y 10.500 millones en 2026, se duplica cada año. Adentro del número conviven un petróleo que sumó 5.900 millones gracias a la ampliación de la capacidad de transporte desde Vaca Muerta; una minería que aportó 4.100 millones con la regularidad de un metrónomo -entre 800 y 930 millones todos los meses, empujada por el precio récord del oro-; un gas que dejó de restar y agregó 750 millones incluso entrando al invierno; y una electricidad que achicó su déficit a 220 millones.

¿Cuánto es 10.500 millones de dólares? Sirve compararlo con el patrón exportador clásico. Todo el complejo agroexportador liquidó en 2025 alrededor de 32.000 millones (CIARA-CEC). Es decir: en apenas cinco meses, la energía y la minería aportaron al mercado de cambios el equivalente a un tercio de un año entero del agro. Y si el ritmo actual se sostiene -los datos mensuales lo sugieren-, el aporte anual de estos sectores crecería más de 60% respecto de 2025. Con el oleoducto Vaca Muerta Sur alcanzando plena capacidad y los proyectos de GNL en marcha, 2027 anticipa un salto todavía mayor.

Otra forma de verlo es respecto de las oportunidades de inversión, ese monto, en sólo 5 meses equivale casi a las importaciones de bienes de capital de un solo año, en un contexto en el que el gobierno duplicó las importaciones de bienes finales (alimentos incluidos) de 2023 a 2025, y también fue un monto similar a ese en todo 2025.

Acá aparece una clave macroeconómica que conviene subrayar. La Argentina respiró siempre al ritmo de la cosecha: los dólares se concentran entre abril y julio, y el segundo semestre llega más flaco, terreno fértil para las corridas que conocimos en 2014, 2018, 2019 o 2023. La novedad de 2026 es un piso de divisas más parejo los doce meses del año, gracias a estas exportaciones. La minería liquida todos los meses casi lo mismo (o creciente en este caso), el petróleo escala de manera continua y el gas sostiene el signo positivo aun en meses fríos. Ese piso amortigua la estacionalidad de la oferta de dólares, modera el viejo drama argentino del ciclo agrario con impacto cambiario y le quita presión al segundo semestre. Para una macro históricamente adicta al calendario de la soja, esto se parece a un cambio de régimen.

Los matices existen, porque el mundo es capitalista y los flujos responden a precios y decisiones privadas. Parte del salto minero lo explica el oro en máximos, y el petróleo depende del Brent, afectado por la guerra. Las utilidades remitidas al exterior, además, marcan récords de la serie iniciada en 2003: más de 1.800 millones de dólares, según el IAG sobre datos del BCRA. Los dólares entran por una canilla y una porción creciente sale por otra. Y hay un matiz más: el RIGI habilita a los nuevos proyectos a liquidar una proporción decreciente de sus exportaciones en el mercado oficial, hasta llegar a la libre disponibilidad total (artículo 198 del RIGI y artículo 60 del Súper RIGI). El propio régimen de promoción erosiona, hacia adelante, el efecto estabilizador que hoy el Gobierno celebra. Los dólares entran mientras las reglas todavía obligan a que entren. A veces no se sabe si es un error de diagnóstico o militancia lisa y llana para estos grupos del capital (que van a seguir invirtiendo aunque haya pequeñas condiciones y restricciones).

Subsidiar también es invertir

Conviene despejar el terreno conceptual, porque la discusión pública quedó atrapada en una consigna: 'los subsidios son un gasto que pagamos entre todos'. Es cierto, y es apenas el punto de partida. Todo subsidio se financia con impuestos, nadie lo niega: es plata que va de unos bolsillos hacia otros, es distribución del ingreso, y suele ser racional hacerlo. La pregunta económicamente relevante es qué hace cada bolsillo con esa plata. Los hogares de ingresos bajos y medios gastan prácticamente todo peso adicional que reciben, acá y ahora: en el supermercado, en la farmacia, en la zapatería. Los percentiles altos, en cambio, ahorran, dolarizan, viajan o giran al exterior. Por eso, cuando el Estado abarata la energía de la mayoría, sostiene demanda agregada; y esa demanda son ventas de comercios, producción de pymes, empleo registrado.

La evidencia internacional es consistente: los multiplicadores fiscales más altos corresponden a la obra pública y a las transferencias hacia hogares de menores ingresos, sobre todo en recesión, y lo admite el propio FMI en sus estudios sobre política fiscal. La contracara argentina reciente es elocuente: desde noviembre de 2023 la economía perdió más de 26.500 empleadores registrados (SRT-IAG). Cada peso de tarifa que desplaza consumo de alimentos, indumentaria o recreación es facturación que se evapora en el almacén, el taller y el cine del barrio. La discusión siempre es distributiva, y la distribución es expansiva en nuestro país (con límite en el financiamiento de la oferta).

Este razonamiento tiene un límite, por supuesto: la restricción externa. Un esquema de energía barata es sostenible mientras la energía sea de producción local, y se convierte en una bomba de tiempo cuando hay que importarla. Lo aprendimos con dolor entre 2011 y 2023, y ese fue, durante años, el argumento fuerte a favor del ajuste tarifario. Pero miremos el presente: el costo del gas argentino está anclado por el propio Estado en unos 4,5 dólares el millón de BTU en invierno; la balanza energética es superavitaria; el país exporta crudo en niveles récord. Trasladar a la factura de los hogares precios de importación que ya casi no pagamos dejó de ser una necesidad de balanza de pagos para transformarse en una decisión distributiva. La quita de subsidios tuvo sentido hasta un punto: el esquema previo, con su pico de 2,8% del PIB y beneficios a veces capturados por quienes menos los necesitaban, merecía corrección. Convertir esa corrección en un ajuste permanente, justo cuando la restricción externa energética muta de límite a colchón, es dogma antes que economía. El ajuste, como toda herramienta, tiene fecha de vencimiento; la demanda interna, en cambio, es condición permanente de la inversión.

Hasta el FMI, en sus manuales de reforma de subsidios energéticos, recomienda gradualismo, compensaciones previas a los hogares y comunicación clara. Las experiencias de Nigeria o Ecuador muestran el costo social y político de ignorar esa secuencia. El cronograma argentino comprimió en dos años lo que la evidencia internacional aconseja administrar con mucho más cuidado. Y el invierno de 2026 exhibió el daño también del lado productivo: industrias con cortes de gas y GNL importado a precios de guerra, un combo que encarece producir en el país que tiene el segundo reservorio de gas no convencional del mundo. La administración central insiste en profundizar el recorte, mostrando que el ajuste permanente es su única opción porque no están pensando en la economía, sino en representar ideológicamente a pocos actores que tienen negocios en el país.

El subsidio puede entenderse como inversión, tanto para la industria como para los hogares, que pueden volcar más compras en el mercado local. Los dólares de Vaca Muerta y de la cordillera ya están entrando, y por primera vez en décadas alcanzan para sostener la macro y la mesa de los argentinos al mismo tiempo.

Pero el Gobierno elige otra cosa, entonces la respuesta debe ser política. La pregunta de fondo es quién se apropia de esa renta: unos pocos enclaves o el conjunto de la economía. De la respuesta depende que el superávit energético inaugure un desarrollo compartido.