Debilitado por la condena a su partido por un escándalo de corrupción, el presidente de gobierno español, Mariano Rajoy, se jugaba su futuro político en el Congreso, que este jueves debatía una moción de censura presentada por la oposición socialista para sacarlo del poder.
"Su permanencia al frente de la presidencia del gobierno es dañina, y es un lastre no sólo para España sino para su partido", lanzó a Rajoy el líder socialista Pedro Sánchez, quien lo reemplazaría en el cargo si gana la moción.
"Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. Todo lo demás es literatura (...) lo importante es que llegue, eso sí, sin pasar por las urnas", recriminó Rajoy, cuya suerte la decidirá la Cámara Baja con su voto el viernes, con un resultado hasta ahora incierto.
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La iniciativa fue presentada por los socialistas el viernes pasado, ante la sentencia del caso Gurtel, una trama de corrupción en la que una serie de empresas sobornaron a responsables del Partido Popular de Rajoy para obtener contratos públicos entre 1999 y 2005.
Además de condenar a 29 personas a 351 años de prisión, incluida una docena de cuadros del PP, la sentencia obligó al partido a pagar 245.492 euros como "partícipe a título lucrativo" y puso en duda la credibilidad de la declaración judicial de Rajoy, quien dijo ignorar cualquier financiación ilegal de la formación.
Esta cuarta moción de censura desde la vuelta de la democracia en España en 1977 -las tres anteriores fracasaron- era vista en días anteriores por los analistas como algo con pocos chances, pero en las últimas horas el viento cambió de dirección.
"Las opciones de una moción exitosa están aumentando", confirmó Antonio Barroso, analista del gabinete Teneo Intelligence, evocando un 65% de probabilidad.
En su discurso, Sánchez lanzó mensajes a partidos regionales que pueden ser determinantes en el resultado de la votación.
A los independentistas catalanes ofreció "tender puentes", mientras que garantizó el respeto del presupuesto 2018 a los nacionalistas vascos, que arrancaron la promesa de unas inversiones en infraestructuras de 540 millones de euros.
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