El Congreso convirtió en ley a la limitación de la venta de las acciones del Estado en empresas privadas. Luego de la luz verde en el Senado, la Cámara de Diputados lo aprobó con 127 votos a favor, 84 en contra y 5 abstenciones.
El proyecto declara de "interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad" de la ANSeS y de las acciones de empresas donde sea socio minoritario.
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Fija, además, la prohibición de la transferencia de esas acciones o de "cualquier acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad dominio o naturaleza sin previa autorización del Congreso, por los votos de los dos tercios de sus miembros".
“La creación de la agencia no solo va a proteger la cartera de inversiones del fondo de garantía de sustentabilidad, sino que afirma el rol del Estado en el sistema previsional. Es la garantía de que los ingresos de los jubilados en Argentina irán creciendo gradualmente para que puedan tener una vida cada vez mejor", defendió Juan Carlos Junio, diputado nacional por el Partido Solidario.
Los legisladores de la cámara baja que se abstuvieron fueron de los bloques Unidad Popular y Frente de Izquierda y los Trabajadores. Claudio Lozano, representante del primero de ellos, argumentó su voto neutro con que “la administración de los fondos previsionales privilegió intereses particulares, benefició a los bancos y se subordinó a la política económica antes que a las necesidades de los jubilados y del Sistema Previsional”. Por esto, cuestionó que “ante el cambio de gobierno, el proyecto oficial pretende crear una agencia de colocaciones para funcionarios que terminan su mandato”.
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