El Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba sancionó, con la suspensión durante seis meses de su matrícula, al abogado Carlos María González Quintana, acusado de “haber utilizado la hipótesis de la desaparición forzada de persona para conseguir medidas cautelares contra el Estado nacional”. Lo hizo cuando presentó el testimonio de un testigo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que denunció la presunta desaparición de Santiago Maldonado a manos de fuerzas de seguridad argentinas tras haber sido reprimido junto a mapuches de la comunidad de Cushamen, cuando el cuerpo de la víctima aún no había aparecido y se lo buscaba.

La sanción del organismo cordobés llega apenas 24 horas hábiles después de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenara reabrir el viernes 6 de septiembre la investigación por la muerte de Maldonado y su desaparición en la tarde-noche del 1 de agosto de 2017.

González Quintana y su colega Fernando Cabaleiro habían sido denunciados por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de haber montado una campaña anti-Argentina, conformando una asociación ilícita que con falsas denuncias buscaban perjudicar al Estado con sus reclamos a la CIDH.

A González Quintana se lo acusa de, entre otras cosas, haber llevado a declarar ante la CIDH al “Testigo E”, Lucas Naiman Pillquiman, un joven mapuche de 21 años que participó del corte de media calzada de la Ruta 40 el 31 de julio y el 1 de agosto de 2017, cuando desapareció Santiago Maldonado. En septiembre de ese año, Pillquiman declaró ante la CIDH sobre la desaparición de Maldonado. El cuerpo de la víctima recién apareció el 17 de octubre de ese año, aguas arriba del río Chubut, del lugar donde había desaparecido.

El 9 de septiembre, los jueces Víctor Samuele, Francisco Alberione y Norma Ghione de la Sala Primera del Tribunal de Disciplina impusieron a González Quintana la suspensión durante seis meses de su matrícula por promover una medida cautelar contra el Estado e invocar falsamente el nombre de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) para denunciar al Estado argentino por la represión en el sur contra la comunidad mapuche de Cushamen. También resolvieron que la apelación debe realizarse en el plazo de los 10 días.

“Esto es una barbaridad, lo primero, el uso indebido de su pertenencia a la APDH quedó desestimado, porque González Quintana, al momento de su actuación en defensa de los intereses del pueblo originario agredido por las fuerzas de seguridad estatales, era militante de este organismo defensor de los derechos humanos. Y el otro tema que hay que aclarar es que las medidas cautelares son a favor de personas o colectivos, nunca en contra. Estamos trabajando en la apelación, recién fuimos notificados hace poquitos días”, le dijo a El Destape el abogado Claudio Orosz, defensor de González Quintana.

Orosz destacó que “el abogado González Quintana denunció ante la CIDH que el Estado había reprimido a una comunidad mapuche meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado. Y cuando ocurrió este hecho, presentó a un testigo que contó lo que había visto. La sanción del Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Córdoba es un castigo que busca deslegitimar el sistema jurídico interamericano de Derechos Humanos que busca que la gente pueda acceder a la CIDH de una manera simple y no burocrática para resguardar sus derechos. Las medidas cautelares siempre son en favor de alguien, nunca en contra”.

Por su parte, el abogado Juan Pablo Ruiz, quien declaró ante el Tribunal de Disciplina cordobés, señaló que “mi declaración no fue tenida en cuenta” y apuntó: “Me llama la atención que este fallo se dé en forma exprés apenas 24 horas después de que una Cámara ordenara la reapertura de la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la desaparición de Santiago Maldonado. Sospecho que hubo un llamado de atención de la ministra Bullrich para tratar de tapar el golpe recibido por el juez Gustavo Lleral, los fiscales y los funcionarios que cerraron el caso; para que se vuelva a investigar cómo sucedieron los hechos que terminaron con la muerte de Santiago Maldonado”.

La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba emitió un comunicado en apoyo a González Quintana, donde expresa: “El ataque a los profesionales del Derecho que asisten a las víctima de violencia institucional en contextos represivos (como lo es el caso Maldonado), constituyen hechos de una enorme gravedad que ponen en jaque al sistema democrático y al servicio de Justicia, situación que solo traerá como consecuencia el desamparo de los débiles y el manto oscuro de la impunidad, desplegado sobre los responsables materiales e intelectuales de este y otros hechos semejantes, a los que asistimos casi de manera cotidiana en la Argentina de estos tiempos”.

 

*Gustavo Molina es corresponsal de El Destape en Córdoba.