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El ministro de Energía, Juan José Aranguren, realizó negocios con Raúl Moneta antes de llegar a la función pública. Como presidente de Shell Argentina adquirió un importante activo de manos de una sociedad del banquero menemista. Realizó, para ello, transferencias por un monto menor al comprometido y se desconoce hasta hoy el destino de los fondos. Por la cesión tampoco retuvo impuestos.

Shell volvió a extraer petróleo en Argentina cuando YPF y Chevron anunciaron el comienzo de la explotación de Vaca Muerta. Para no quedarse afuera del multimillonario negocio del gas no convencional, Aranguren se hizo de tres áreas neuquinas en 2012. Una de las primeras en pasar al patrimonio de la petrolera fue Cruz de Lorena.

Raiser SA poseía allí el 80% de una unión transitoria de empresas (UTE) con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la estatal con la que las compañías deben asociarse para explorar pozos en la provincia. Esa área llegó a Raiser por uno de los tantos concursos que organizó la empresa local. Varias de las licitaciones estuvieron teñidas de corrupción.

El 5 de enero de 2012, Raiser suscribió un contrato para cederle los derechos de participación en la UTE a Shell Compañía Argentina de Petróleo SA y rubricó otro idéntico con O&G Developments Limitada SA. Por la vendedora participó su presidente, Osvaldo Sortino, mientras que por la compradora Aranguren puso su firma de puño y letra en el documento al que accedió El Destape en exclusiva.

La petrolera anglo-holandesa acordó allí pagar U$S 110 millones para que O&G, filial controlada en el 100%, sea la operadora del área, ya que es la que se encarga de la exploración y producción en el país. El contrato establecía que se debía tomar el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 14 de febrero de ese año, que cerró a $ 4,36, con lo que la pesificación lo transformaba en $ 479,6 millones.

Aranguren, por lo tanto, tuvo que autorizar dos pagos por $ 239.800.000 millones. Sin embargo, realizó una primera transferencia por $ 239.093.524,88 el 27 de marzo y una gemela al día siguiente, según pudo corroborar este medio. Es decir, en principio, hubo un faltante de $ 1.412.950,24 que Shell debería haber pagado pero nunca quedó registrado.

Desde la petrolera internacional dijeron a El Destape que “las transferencias se hicieron por la totalidad del monto convenido y fueron cursadas en dos pagos a la cuenta que Raiser notificó tanto a nosotros como al juez”.

Raiser se encontraba en un acuerdo preventivo extrajudicial desde 2009, una suerte de preconcurso que la obligaba a conseguir un aval judicial previo al desprendimiento de activos; incluso para esta UTE, que no se encontraba dentro del fideicomiso.

El juez comercial instruyó que la transacción debía realizarse a una de las tres cuentas recaudadoras del fideicomiso que administraba Servicios de Servicios Fiduciarios SA (SSF). Los $ 478.187.049,76 se le acreditaron, no obstante, a una cuarta cuenta a nombre de SSF de número incierto. A partir de allí, el magistrado de primera instancia perdió el rastro del dinero.

Como agente de retención, Shell debió haber retenido los impuestos derivados de la cesión, pero tampoco hay constancias de que lo practicó. El Destape consultó con dos contadores especializados y con experiencia corporativa, quienes coincidieron que la corporación tuvo que quedarse con el 0,5% del total y luego transferírselo a la AFIP; de modo que incumplió con el inciso “Ñ” del Anexo II de la Resolución General 830/2000. La norma establece que es un concepto sujeto a retención por Impuesto a las Ganancias “cualquier otra cesión o locación de derechos” adicional a las enumeradas previamente en el texto ordenado. De aplicar, esto equivale a $ 23.980.000 millones que la sociedad debió retener y no lo hizo.

Consultado por este medio, desde el despacho del ahora ministro energético pidieron que las preguntas de este medio sean remitidas a la corporación anglo-holandesa. Allí expresaron que “en cumplimiento de las obligaciones como agente de retención, las dos empresas compradoras, O&G Developments Ltd SA y Shell CAPSA, practicaron con fecha 28 de marzo de 2012 la retención de Impuesto a las Ganancias sobre la totalidad del importe pagado. Estas fueron ingresadas a AFIP al vencimiento la declaración jurada por la que se remiten al fisco todas las retenciones practicadas durante el mes, y que operó los días 9 de abril y 10 de abril de 2012 respectivamente”.

Oficialmente, sin embargo, no hubo respuestas. La fiscal general de Cámara, Gabriela Boquin, le requirió a la AFIP que le precise si Shell evadió su responsabilidad fiscal y el monto, ya que podría añadirse el 35% por ganancia patrimonial. En el expediente no figura la respuesta del organismo recaudador administrado por Cambiemos.

Todas estas irregularidades fueron observadas por la funcionaria del Ministerio Público y remitidas a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Con esto, la unidad que conducen Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta formuló una denuncia en 2016, que recayó en el Juzgado Nacional Criminal 48 y ahora está delegada en la Fiscalía penal 48.

Sortino, el presidente de Raiser, admitió en sede judicial que el verdadero dueño de la petrolera era Juan Cruz Moneta, uno de los hijos del afamado Raúl, quien estuvo prófugo y con pedido de captura internacional en 2000 luego de vaciar el Banco Mendoza. El financista amigo de Carlos Menem organizó la recibida del entonces presidente de Estados Unidos Bill Clinton y estuvo acusado de subversión económica agravada, jefe de una asociación ilícita y violación a la ley penal tributaria.