El cuerpo fue hallado el jueves 4 de junio en un silo agrícola abandonado, a unos 15 kilómetros de Fleurance, en el departamento del Gers, en el suroeste de Francia. Los vaqueros y la ropa que vestía el cadáver no dejaban lugar a dudas. Era Lyhanna. Tenía 11 años. Había desaparecido el 29 de mayo a la salida de su colegio, captada por las cámaras de seguridad mientras se subía al coche de Jérôme Barella, un hombre de 41 años, padre de familia y amigo de su madre.
Desde entonces, Francia no habla de otra cosa. No solo porque la muerte de una niña de primaria sacude los cimientos de cualquier sociedad. Sino porque, a medida que la investigación avanza, emerge una historia diferente y más oscura: la de un Estado que tuvo entre sus manos todas las herramientas para proteger a Lyhanna, y no lo hizo.
MÁS INFO
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
El sospechoso conocido desde 2017
Jérôme Barella había sido objeto de una primera denuncia en diciembre de 2017, presentada por la madre de una joven de 17 años que acababa de descubrir que su hija mantenía una relación con ese hombre adulto desde hacía varios meses. El caso fue archivado en febrero de 2018, tras afirmar la joven que la relación era consentida, según explicó la fiscal de Auch, Clémence Meyer, en una rueda de prensa. En febrero de 2021, Jérôme B. por entonces conserje del instituto de Lectoure (Gers), fue «despedido» por la región de Occitania debido a «una relación inapropiada con una alumna del instituto», según la fiscal de Auch.
Antes de la desaparición de Lyhanna, Barella había sido blanco de al menos cinco procedimientos por violencia sexual contra menores, incluida una denuncia por violación presentada el verano anterior. Dos de esos casos habían sido archivados sin consecuencias.
Lo que resulta más difícil de justificar es la cronología de la investigación que estaba en marcha cuando Lyhanna desapareció. Cuando, el 22 de agosto de 2025, se presentó ante la brigada de gendarmería de Plaisance-du-Touch (Alto Garona) una denuncia por violaciones repetidas cometidas contra una niña menor de 10 años, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, en el domicilio del sospechoso en el departamento de Gers, el nombre de Jérôme Barella ya era conocido por la justicia. Al menos dos procedimientos anteriores estaban inscriptos en “Cassiopée”, el gran fichero nacional de la justicia que recoge todos los antecedentes penales. Barella seguía en libertad. Nunca había sido citado a declarar.
La circular que nadie aplicó
El día siguiente al hallazgo del cuerpo, este viernes 5, el gobierno convocó una reunión de crisis en Matignon. El primer ministro ordenó que las "primeras conclusiones" de la investigación administrativa, encargada a la Inspección General de Justicia y a la Inspección General de la Gendarmería Nacional, le fueran entregadas en un plazo de quince días.
Las reacciones políticas no se hicieron esperar. El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, declaró en el noticiero de TF1 a las 20h que la institución judicial "no supo proteger" a Lyhanna y presentó sus "excusas en nombre de la Justicia". Una fuente gubernamental lamentó ante la AFP que la circular penal que otorga prioridad a los menores víctimas en el tratamiento de las denuncias no hubiera sido "aplicada por la fiscal de Auch", Clémence Meyer, una instrucción firmada por el propio Darmanin y distribuida en enero de 2026. El presidente Emmanuel Macron, por su parte, reconoció que "claramente hubo un disfuncionamiento" en la justicia y anunció su voluntad de "aclarar las responsabilidades" insistiendo en que “de ninguna manera se trataba de falta de medios de los tribunales”. El diario Le Monde en su edición del 5 de mayo destaca que la saturación de los tribunales se debe, en parte, al aumento, desde hace diez años, del número de casos de violencia sexual, cuya denuncia se ha visto impulsada por el movimiento MeToo. A modo de ejemplo, el número de denuncias por violación se ha más que duplicado, pasando de 17 000 en 2017 a 46 000 en 2024. A nivel nacional, solo las agresiones sexuales a menores alcanzaron la cifra de 21 536 en 2024. Y ese mismo año se registraron 12 456 violaciones de menores, una cifra que se ha duplicado en diez años.
La gendarmería en estado de alerta interna
La dirección de la Gendarmería Nacional exigió, en un documento interno transmitido a todas sus unidades, un inventario urgente de "los procedimientos en curso por violaciones y agresiones sexuales contra menores" y ordenó "asegurar su seguimiento". La medida, aunque necesaria, llega tarde para Lyhanna y pone en evidencia que el seguimiento de este tipo de expedientes carecía, hasta ahora, de mecanismos de control efectivos.
MÁS INFO
La indignación de los habitantes de Fleurance resumía lo que muchos sentían: "Este hombre era conocido. Ha tocado a muchas niñas pequeñas. ¿Por qué hubo que llegar a este punto? No entiendo que no hayan hecho nada antes".
Una cadena de fallos en serie
Lo que el caso Lyhanna pone al descubierto no es un error aislado, sino una cadena de fallos institucionales que se encadenan durante casi una década. La desaparición de la niña revela que existían intercambios inapropiados con otras jóvenes y denuncias previas que no tuvieron consecuencias, lo que ensombrece aún más la figura del sospechoso.
Una pregunta central permanece sin respuesta en la investigación administrativa: cuando el expediente llegó a la gendarmería de Lectoure en enero de 2026, ¿consultaron los investigadores el fichero de antecedentes judiciales que registra a los imputados en el marco de ciertas investigaciones? Barella había sido objeto de señalamientos desde diciembre de 2017.
Barella permanece en prisión provisional, imputado por rapto y secuestro de menor de 15 años. Mantiene silencio ante los investigadores. Reconoció únicamente que Lyhanna, amiga de una de sus hijas, había subido a su coche y que la había "dejado frente a la piscina municipal".
MÁS INFO
Una reforma pendiente
El caso Lyhanna no es el primero en Francia en revelar las consecuencias letales de denuncias ignoradas o mal gestionadas. Pero sí es el que, en este momento, obliga al Estado a mirarse al espejo. La investigación administrativa abierta deberá determinar en qué eslabón de la cadena el sistema falló, y cuántas veces.
Difícil no hacer un paralelo con el caso de Agostina Vega, de 14 años, hallada asesinada y descuartizada en las afueras de la ciudad de Córdoba el 31 de mayo de 2026, una semana después de su desaparición donde aparecen las mismas fallas estructurales: la justicia tampoco actuó con urgencia.
Por ahora, las instituciones francesas prometen transparencia. El gobierno ha anunciado que el informe sobre los posibles disfuncionamientos será hecho público.
Lyhanna tenía 11 años y el Estado lo sabía todo.
Cerrar sesión