La ACLU y otras organizaciones solicitaron a un juez federal que impidiera al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplicar nuevos decretos destinados a limitar el número de personas con derecho a la ciudadanía por nacimiento.
En un escrito judicial presentado el martes, las organizaciones calificaron las órdenes de Trump de intento indebido de eludir la decisión de la Corte Suprema del 30 de junio, que rechazó su intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los niños cuyos padres no fueran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales.
La Corte Suprema dictaminó que el decreto original de Trump, emitido el día en que el republicano inició su segundo mandato el año pasado, violaba la 14ª Enmienda de la Constitución.
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"El tribunal debería subrayar que el Gobierno no puede privar a los miembros de la demanda colectiva de su ciudadanía mediante decretos u otras afirmaciones igualmente viciadas del poder ejecutivo sobre la ciudadanía por nacimiento", se afirma en el escrito.
Un portavoz de la Casa Blanca declaró que "la Administración Trump siempre ha acatado las órdenes judiciales. Todas las medidas adoptadas por el presidente desde las recientes sentencias de la Corte Suprema son coherentes con los fundamentos y el análisis expuestos por el tribunal".
Limitar la ciudadanía por nacimiento ha sido una de las principales prioridades de la campaña de Trump contra la inmigración.
Las últimas órdenes de Trump, del 6 de agosto, se centran especialmente en el "turismo de maternidad", en el que las mujeres viajan a Estados Unidos para dar a luz con el fin de que sus hijos obtengan automáticamente la ciudadanía.
Se denegaría la ciudadanía a los niños cuyos padres trabajen para gobiernos extranjeros en Estados Unidos, cometan fraude para obtener la ciudadanía o estén clasificados como "enemigos extranjeros".
Trump calificó la decisión del Tribunal Supremo de "muy lamentable" y afirmó que "hay gente que está montando negocios en torno" al turismo de maternidad.
El decreto original de Trump se dirigía a los inmigrantes que se encontraban en el país de forma ilegal o incluso temporal, incluidos los estudiantes y las personas con visados de trabajo.
La demanda presentada el martes ante el tribunal federal de Concord, en New Hampshire, solicita al juez que aclare que las últimas órdenes de Trump no ponen en peligro la ciudadanía de los niños protegidos por una orden judicial anterior.
"Puede que al presidente Trump no le guste el hecho de que la ciudadanía por nacimiento sea un derecho constitucional", afirmó Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en un comunicado.
"Pero eso no viene al caso. Ya es hora de que cesen estos ataques ilegales y crueles contra la ciudadanía de los niños".
El Centro de Estudios sobre Inmigración, que aboga por una menor inmigración, estimó en 2020 que entre 20.000 y 26.000 madres entran en el país cada año para practicar el "turismo de maternidad".
Con información de Reuters