Varias organizaciones no gubernamentales de España están instando a los migrantes indocumentados a que se inscriban en un último esfuerzo por aprovechar un proceso especial de regularización masiva que ha atraído a alrededor de un millón de personas en tan solo unas semanas y que está previsto que finalice el martes.
En las últimas horas antes de que finalice el plazo, las ONG intensificaban sus esfuerzos para contactar y asesorar a los migrantes que aún intentaban reunir los documentos necesarios para solicitar un permiso de residencia de un año, en un país donde unas 840.000 personas trabajan en la economía sumergida y puede llevar más de un año obtener la regularización.
Las organizaciones de defensa de los derechos humanos CEAR y Cepaim instaron a los migrantes a presentar sus solicitudes aunque aún estuvieran a la espera de los documentos necesarios procedentes de países de origen como Malí, Irán o Venezuela.
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"Estamos haciendo el último barrido de todas las personas que han acudido a nuestras oficinas y que a lo mejor al inicio del proceso les faltaba alguna documentación", explicó Elena Muñoz, coordinadora del equipo jurídico del CEAR.
"En el caso de que todavía no esté completo, (...) lo vamos a presentar antes del 30 de junio para que no pierdan la oportunidad de poder acogerse al proceso de regularización".
Entre abril y junio, el Gobierno español recibió casi el doble de las 500.000 inscripciones que había previsto.
Las ONG también están intentando calmar la ansiedad entre los migrantes que aún no han presentado su solicitud, en un país con un enfoque relativamente abierto hacia la llegada de extranjeros.
El viernes, el número de solicitudes presentadas alcanzó los 1,27 millones, según César Pérez, líder sindical de los funcionarios de inmigración de España.
OBSTÁCULOS BUROCRÁTICOS
Juan Segura, director general de Cepaim, señaló que se estaba aconsejando a los migrantes que presentaran sus solicitudes, ya que así dispondrían de más tiempo para aportar los documentos que les faltaran.
Los expertos señalan que los migrantes procedentes de países afectados por conflictos, como Irán o Malí, se han enfrentado a obstáculos a la hora de legalizar sus documentos en los consulados españoles, un proceso que también resulta complejo en Argelia y Nigeria.
Los venezolanos han sufrido retrasos a la hora de obtener las apostillas para los certificados de antecedentes penales, mientras que los cambios en la política española obligaron a los solicitantes de asilo a pasar a este procedimiento a principios de junio, lo que les dejó menos tiempo para preparar la documentación.
"Esto hizo que algunos venezolanos tuvieran menos tiempo para reunir toda la documentación", señaló Segura, y añadió que muchos se enfrentaban ahora a dificultades y que sería aconsejable ampliar el plazo.
El Ministerio de Migraciones ha informado que no tiene previsto ampliar el plazo.
El CEAR sostiene que se necesita una solución permanente para que los migrantes no tengan que pasar dos años en situación irregular antes de obtener la residencia.
Silvana Cabrera, que dirige una ONG en Valencia, señaló que las plataformas de solicitud habían experimentado problemas en las últimas horas.
"Es una situación de angustia", dijo. "Puede que muchos migrantes, de los más vulnerables y que han tenido problemas en reunir los documentos, no logren inscribirse".
Las ONG temen que al menos el 20% de las aproximadamente un millón de solicitudes puedan ser rechazadas, en parte debido a la falta de documentos y a la escasa flexibilidad administrativa.
José Luis Quiroga, un migrante colombiano que llegó unas horas después de que se cerrara el plazo de admisión, presentó su solicitud siguiendo el consejo de la ONG Aculco.
"No hay certeza, pero se me hace injusto que por cuatro horas no me la aprueben", dijo.
Con información de Reuters
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