El aumento de la morosidad en los hogares argentinos dejó de ser un dato restringido a balances bancarios y estadísticas financieras para convertirse en una preocupación que atraviesa a familias, trabajadores y pequeños emprendimientos. Frente a ese escenario, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en marcha un servicio gratuito de consulta y asesoramiento destinado a quienes enfrentan problemas de endeudamiento, mientras un informe elaborado por la propia casa de estudios advierte sobre un deterioro en la capacidad de pago de los hogares.
La iniciativa es impulsada por el Centro de Estudios de la Economía Personal y los Pequeños Negocios (CEGEPyN), que reúne a docentes, graduados y estudiantes avanzados de distintas carreras para brindar asistencia en cuestiones administrativas, contables, económicas e impositivas. Entre las consultas que más crecieron durante los últimos meses aparecen las vinculadas a deudas de consumo, refinanciaciones, atrasos en pagos y dificultades para sostener la actividad de pequeños comercios.
La decisión de ampliar estos espacios de asesoramiento coincide con la publicación de un informe del Centro de Estudios para la Recuperación de la Argentina (Centro RA), también dependiente de la Facultad de Ciencias Económicas, que vincula el incremento del endeudamiento con los cambios registrados en la estructura de gastos de los hogares durante el último año y medio.
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El problema de la mora
La morosidad en los créditos al consumo pasó del 2,5 por ciento al 12,1 por ciento, un incremento de 9,6 puntos porcentuales que multiplicó casi por cinco el nivel de incumplimientos registrado al inicio de la actual gestión nacional, según un informe de la alta casa de estudios. El estudio sostiene que se trata de los valores más elevados observados desde 2009 y remarca que incluso superan los registrados durante la pandemia.
El fenómeno aparece asociado a una transformación en la composición del gasto familiar. El informe señala que desde diciembre de 2023 la inflación acumulada en bienes fue cercana al 170 por ciento, mientras que en servicios alcanzó aproximadamente el 362 por ciento. Esa diferencia alteró el destino de los ingresos disponibles y obligó a los hogares a destinar una porción creciente de sus recursos al pago de tarifas, transporte, educación, salud y otros servicios.
De acuerdo con los cálculos del Centro RA, antes del inicio del gobierno de Javier Milei los asalariados destinaban alrededor del 60 por ciento de sus ingresos al consumo de bienes. Al actualizar la estructura de gastos con la evolución de precios observada desde entonces, el peso de los servicios pasó a representar cerca del 42 por ciento de los ingresos, cuatro puntos porcentuales más que al comienzo de la actual administración.
El informe plantea que esa modificación ayuda a explicar la expansión del crédito al consumo. Mientras el ingreso disponible para otros gastos se reducía, las familias recurrieron cada vez más al financiamiento para sostener niveles de consumo que antes podían afrontar con ingresos corrientes.
“El crecimiento del crédito al consumo se incrementó un 57 por ciento en términos acumulados desde el inicio de la gestión”, sostiene el documento. Al mismo tiempo, advierte que el fenómeno no puede explicarse únicamente por una mayor utilización de instrumentos financieros o por promociones comerciales, sino por factores asociados a la dinámica de ingresos y gastos de los hogares. La expansión del crédito también modificó los medios utilizados para realizar compras cotidianas.
Según datos citados del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la participación de las tarjetas de crédito en las compras de supermercados pasó del 39 por ciento al 43 por ciento. En paralelo, las tarjetas de débito retrocedieron del 34 por ciento al 25 por ciento y el efectivo pasó del 20 por ciento al 17 por ciento. Las billeteras virtuales también ampliaron su participación. El informe indica que crecieron del 7 por ciento al 15 por ciento del total de operaciones, en un contexto donde cada vez más usuarios combinan financiamiento bancario, plataformas fintech y mecanismos alternativos para cubrir gastos corrientes.
La investigación pone el foco especialmente en el avance de los proveedores no bancarios de crédito. Según los datos relevados, la exclusividad en el uso de billeteras virtuales y entidades no financieras pasó del 40,4 por ciento a fines de 2023 al 71,3 por ciento un año después. El crédito bancario también aumentó su alcance, al pasar del 68,3 por ciento al 82,6 por ciento de los usuarios. “Lo que este mapa de canales revela es una consolidación sistémica preocupante, donde la permanencia en el sistema bancario o fintech parece más una restricción de liquidez que una elección financiera genuina”, señala el documento.
Consejos para deudores
El aumento del endeudamiento aparece acompañado por una creciente dificultad para cumplir con las obligaciones asumidas. El informe destaca que la morosidad en los créditos destinados a familias pasó del 2,8 por ciento al 10,6 por ciento, mientras que los incumplimientos en créditos al consumo llegaron al 12,1 por ciento. Para los investigadores, la evolución de estos indicadores constituye una señal relevante porque permite observar aspectos que no siempre quedan reflejados en los datos agregados de actividad económica o ingresos.
Los especialistas recomiendan comenzar por reconstruir un panorama completo de la situación patrimonial. Para ello aconsejan reunir resúmenes de tarjetas, contratos de préstamos, intimaciones de pago y consultar la Central de Deudores del Banco Central. El objetivo es identificar montos pendientes, tasas aplicadas y estados de situación de cada obligación.
También plantean la necesidad de distinguir el costo financiero de cada deuda, elaborar un registro detallado de ingresos y gastos, analizar opciones de refinanciación antes de tomar nuevos créditos y establecer prioridades según el impacto económico de cada compromiso.
“Elaborar un plan gradual y revisarlo periódicamente” forma parte de las recomendaciones difundidas por el centro de estudios. El documento sostiene que los procesos de endeudamiento difícilmente puedan resolverse de manera inmediata y que las decisiones adoptadas bajo presión suelen agravar los problemas existentes.
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