Los trabajadores de Lácteos Verónica volvieron a manifestarse para reclamar el pago de los salarios adeudados luego de denunciar que llevan siete meses sin percibir sus haberes completos. El conflicto, que se profundizó durante los últimos meses, volvió a instalar la situación de una de las empresas históricas de la industria láctea argentina, cuya producción se redujo de manera sostenida mientras crecen las denuncias de los empleados por un presunto proceso de vaciamiento.
La protesta fue impulsada por trabajadores de las distintas plantas de la firma, quienes señalaron que desde fines de 2025 comenzaron a registrarse incumplimientos en el pago de los salarios y que, desde entonces, la deuda se acumuló sin que la empresa ofreciera una respuesta que permitiera normalizar la situación. En ese contexto, resolvieron realizar nuevas movilizaciones para visibilizar el conflicto y reclamar la intervención de las autoridades laborales.
"Hace siete meses que no cobramos nuestros salarios", señalaron los trabajadores durante la convocatoria, al tiempo que advirtieron que muchas familias atraviesan una situación económica crítica por la falta de ingresos. También afirmaron que desconocen cuál será el futuro de la empresa y de sus puestos de trabajo.
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El conflicto no surgió en las últimas semanas. La situación financiera de Lácteos Verónica comenzó a deteriorarse hace varios años y durante 2025 se profundizaron los problemas para sostener el nivel de producción, cumplir con proveedores y afrontar el pago de salarios. La empresa, fundada hace más de un siglo y con fuerte presencia en la provincia de Santa Fe, cuenta con plantas industriales en localidades como Lehmann, Suardi y Clason, donde durante décadas fue una de las principales fuentes de empleo de la región.
En los últimos meses, la reducción del ingreso de leche para industrializar se convirtió en uno de los principales indicadores del deterioro de la firma. Productores tamberos dejaron de entregar materia prima debido a la acumulación de deudas, lo que derivó en una caída de la actividad y en una menor utilización de la capacidad instalada. Ese proceso terminó impactando sobre la elaboración de productos y sobre la continuidad del trabajo en las distintas plantas.
Los trabajadores sostienen que el deterioro de la actividad fue acompañado por decisiones empresariales que, según denunciaron, derivaron en un proceso de vaciamiento. Esa acusación también fue planteada por representantes sindicales, quienes reclamaron que la Justicia y los organismos laborales investiguen la situación patrimonial de la compañía y determinen las responsabilidades correspondientes.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) vienen denunciando desde hace meses los incumplimientos salariales y reclamando una salida que garantice tanto el pago de los haberes como la preservación de los puestos de trabajo. El gremio participó de distintas audiencias convocadas por las autoridades laborales, aunque hasta el momento no hubo un acuerdo que permitiera resolver el conflicto.
La empresa tampoco logró revertir la pérdida de proveedores ni recuperar el nivel de producción que tuvo años atrás. Mientras la elaboración de lácteos se reducía, comenzaron a multiplicarse las versiones sobre posibles ventas de activos, incorporación de nuevos inversores o cambios en la conducción de la compañía. Ninguna de esas alternativas terminó concretándose y la incertidumbre continuó creciendo entre los trabajadores.
La crisis de Verónica también expone las dificultades que atraviesan distintos segmentos de la industria láctea. Aunque las exportaciones del sector mostraron mejoras en algunos períodos y la producción primaria registró una recuperación luego de la sequía, numerosas empresas enfrentan un escenario condicionado por el aumento de los costos financieros, la caída del consumo interno y la concentración del mercado.
Los trabajadores aseguran que la falta de salarios impactó de manera directa sobre la economía familiar. Muchos relataron que debieron recurrir a préstamos, asistencia de familiares o trabajos informales para afrontar gastos básicos mientras esperan una solución. Otros señalaron que ya no pueden cumplir con el pago de alquileres, servicios o créditos personales después de varios meses sin ingresos regulares.
La movilización realizada en los últimos días buscó volver a instalar el conflicto en la agenda pública y presionar para que las autoridades intervengan. Los empleados reclamaron que el Ministerio de Trabajo de Santa Fe y la Secretaría de Trabajo de la Nación impulsen una instancia que obligue a la empresa a regularizar el pago de los salarios y presentar un plan de continuidad productiva.
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