Detrás de la licitación para el dragado, balizamiento y cobro del peaje de la Vía Navegable Troncal se esconde algo más que la rentabilidad de un negocio que será repartido entre las belgas Jan De Nul y DEME (si es que el proceso no se cae por las nuevas irregularidades detectadas por la fiscalía anticorrupción); es la pretensión de inescrutabilidad en sus movimientos ejercida por corporaciones como Cargill, Bunge, Dreyfus, Molinos Agro, dueñas de los puertos sobre el Paraná o Río Tinto y Glencore, las mega mineras detrás del saqueo de los minerales críticos que también drenan por esta arteria.
No está en juego, simple y solamente, una decisión técnica sobre quién ganará una licitación cuyos sobres económicos deberían abrirse el próximo 19 de mayo. Es una cuestión geopolítica - en tiempos de tecnofascismos- donde los dueños del mundo legislan escondidos detrás de grandes pulpos financieros como BlackRock, Vanguard Group o la J.P. Morgan que a su vez poseen terminales sobre Bunge, Río Tinto, Glencore o Palantir.
Por eso desde los Estados Unidos pretenden ejercer la gobernanza sobre la Vía Navegable Troncal. La firma del Memorándum de Entendimiento entre el cuerpo de ingenieros del Ejército de los EE.UU y la Argentina para “la cooperación en recursos hídricos, desarrollo de infraestructura, protección y restauración del medio ambiente” no fue un hecho de la casualidad.
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Las dueñas del Paraná
La pretensión de inescrutabilidad de las dueñas del Paraná se relaciona con su deseo de que el Estado no se meta en sus asuntos, sean éstos la elusión fiscal, el daño ambiental, o el saqueo colonial de una criminalidad económica transnacional.
Así como las fuerzas de seguridad chilenas instalaron la doctrina de disparar a los ojos para segar a los manifestantes, el poder económico no quiere la presencia de los ojos escrutadores del Estado. Los pliegos de la actual licitación para la privatización del Paraná se hicieron sin ningún estudio de impacto ambiental. No es un tema menor.
Para simular su preocupación por el ambiente, las empresas nucleadas en la Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas, la Cámara Argentina del Acero y la Unión Industrial Argentina contrataron a la consultora Latinoconsult para hacerle decir que cualquier ampliación del calado del río hasta los 44 pies tendría “un impacto negativo bajo”. Una puesta en escena (esto también lo dijo la PIA en su dictamen del viernes por la tarde). No quieren que nadie les escrute sus movimientos.
Las cerealeras no son solamente exportadoras de materias privadas y sus derivados; representan una forma de organización global; son una de las caras del capital financiero transnacional que incide en la redacción de plexos normativos de coloniaje como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI).
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En el país no sólo manejan el comercio internacional de granos sino que poseen una presencia territorial abrumadora, de acuerdo al detalle elaborado por Luciano Orellano en su libro “Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná” (Editorial Agora – 2020).
* La norteamericana Cargill posee más de 50 acopios y cinco terminales portuarias entre Santa Fe y Entre Ríos; además, cuenta con 650 embarcaciones a través de Cargill Ocean Transportation.
* La empresa Bunge, fusionada recientemente con Viterra que a su vez perteneció a Glencore, maneja tres terminales portuarias y cuatro plantas de almacenaje en San Nicolás, Campana (ambas en la provincia de Buenos Aires) y Córdoba. Viterra posee otros tres puertos. BlackRock es uno de sus accionistas institucionales.
* En el caso de ADM, son dos terminales portuarias y seis plantas de almacenaje repartidas entre Buenos Aires (Bahía Blanca y Hudson) y Santa Fe (Fighiera, Arroyo Seco, Playa Perez y Rosario).
* La china COFCO maneja tres puertos.
* En esta liga también juega la nacional Aceitera General Deheza (AGD), propiedad de Roberto Urquía y Miguel Acevedo (ex titular de la Unión Industrial Argentina), dueña del ferrocarril Nuevo Central Argentino (privatizado a partir del Decreto 992/1992), con 40 plantas de acopio, terminales portuarias como Terminal 6 y Guide SA, junto a Bunge y Timbúes. Además, posee su propia aduana (ley 26.359) en General Deheza (Córdoba).
Detrás de la concentración empresarial en el sector agroexportador se esconde el submundo de la elusión fiscal a través de la triangulación de operaciones vía las mamushkas de sociedades radicadas en guaridas fiscales. La Argentina y la región no escapan de la planificación fiscal nociva que llevan adelante firmas como Cargill, Bunge, Viterra, Monsanto, Dreyfus, Syngenta, Cofco, Adecoagro, ACA, Molinos Ríos de la Plata y Aceitera General Deheza, a través de sus “empresas cáscaras” radicadas en Uruguay.
De acuerdo al trabajo “Silos rotos, bolsas llenas”, publicado por Gustavo García Zanotti, miembro del Equipo de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE) e Investigador Asistente CONICET, se estima que las filiales del agronegocio radicadas en el país vecino evitaron el pago de aproximadamente 1328 millones de dólares en concepto de impuesto a la renta corporativa (Impuesto a las Ganancias) durante el período 2017–2024. De ese total, 1045 millones de dólares correspondieron al fisco brasileño y 162 millones al fisco argentino.
La doctrina Monroe y la vía navegable troncal
La gobernanza sobre la Vía Navegable Troncal, arteria que conecta cinco países y por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas, quedó bajo los tentáculos de Estados Unidos. Quizás siempre fue así.
La firma del Memorándum de Entendimiento entre el cuerpo de ingenieros del Ejército de los EE.UU y la Argentina para “la cooperación en recursos hídricos, desarrollo de infraestructura, protección y restauración del medio ambiente” no fue un hecho de la casualidad. Es un programa de saqueo y entrega, rubricado en noviembre de 2023 sobre el cierre del Gobierno del Frente de Todos y puesto en funcionamiento en los primeros meses de la administración Milei.
El pliego de la actual licitación para el dragado, balizamiento y cobro de peaje para la VNT es parte de este esquema de gobernanza que sigue los lineamientos del corolario Trump sobre la Doctrina Monroe al dejar fuera de competencia a cualquier empresa manejada por un Estado soberano o que tuviera financiamiento de alguna entidad controlada por un Estado soberano. Una cláusula escrita en chino.
Invariablemente, haya demócratas o republicanos, el Imperio se cree con el derecho de reclamar lo que considera como propio. Así lo hizo saber Brian Mast, presidente trumpista del comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, en declaraciones al portal The Floridian:
“Los Estados Unidos asistieron a la Argentina con 20.000 millones de dólares, y que no se les permita a las empresas norteamericanas trabajar en sus puertos, sus vías navegables, el dragado o cualquier otra actividad, es inaceptable para nosotros”.
Por estos días, Mast fue uno de los anfitriones de Santiago Caputo en su reciente viaje a las tierras trumpistas, junto a Barry Bennet y Michael Jensen, asesor para Hemisferio Occidental del Presidente estadounidense. Con la nueva doctrina Monroe en marcha, Trump y sus seguidores consideran todos los recursos naturales e infraestructura crítica del continente americano (hemisferio norte, central y sur) como propios. Milei se arrodilla complaciente. Peter Thiel –con su ingeniería de muerte a cuestas- sonríe desde Barrio Parque.
Sea cual sea el ganador de la licitación - Jan De Nul, DEME o quede todo anulado a partir del nuevo dictamen de la PIA-, será difícil expulsar de la VNT a un poder económico vinculado a los grandes grupos financieros como BlackRock, Vanguard Group o la J.P.Morgan y sus “inversiones” desperdigadas tanto en el sector agroexportador como en la extracción primaria de los minerales críticos tributarios de la maquinaria de muerte de Palantir.
Por una inmediata suspensión de la licitación
Las conclusiones de la Procuración de Investigaciones Administrativas fueron tan contundentes como las de su dictamen del 11 de febrero de 2025, días antes de que Milei se viera forzado a dar de baja el primer llamado a licitación.
“Se puede afirmar que lo grave de los vicios del acto administrativo bajo estudio, haciendo hincapié en las detalladas falencias del elemento procedimiento del acto, sumado a lo notorio que ello resulta, provocan indefectiblemente que estemos ante un acto que carece de las notas características de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria”, argumentó el organismo.
El acto licitatorio carece de legitimidad. “Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos. Lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, concluyó la PIA al cierre de su dictamen.
¿Qué pasará con este expediente que fue enviado a la fiscalía de Guillermo Marijuan, que ya tiene una causa en su oficina vinculada al proceso licitatorio iniciado durante el FdT?
Para el diputado Jorge Taiana (UxP), no quedaría otra que “la inmediata suspensión de la continuidad del procedimiento hasta tanto se esclarezcan de manera integral las denuncias formuladas ante la PIA”. En esta línea, volvió a presentar un proyecto de resolución para que el Congreso se expida sobre los argumentos volcados por la fiscalía anti corrupción.
“El actual proceso licitatorio se encuentra plagado de serios cuestionamientos técnicos, jurídicos e institucionales que comprometen la transparencia, legalidad y legitimidad del procedimiento. Diversas denuncias presentadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) advierten sobre posibles irregularidades en la confección de los pliegos, direccionamiento de la licitación, ausencia de estudios ambientales adecuados y utilización de documentación que se presume apócrifa atribuida a prestigiosos organismos internacionales”, argumentó Taiana.
De la denuncia de la PIA surge que el proceso licitatorio buscó subordinar el rol fiscalizador del Estado nacional a los designios del sector privados (la pretensión de inescrutabilidad).
“Resulta inadmisible un esquema en que la supervisión de la vía navegable quede subordinada a mecanismos propios del mercado o a estructuras sin capacidad real de intervención. La ausencia de controles estatales efectivos impide garantizar qué se draga, cuánto se draga y qué tipo de embarcaciones transitan por una vía estratégica para la Nación”, concluyó Taiana en su pedido de resolución.
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