El gobierno de Javier Milei espera este miércoles la media sanción en Diputados de la Ley de Presupuesto 2026, que incluye una profundización de la motosierra sobre áreas sensibles mientras alivia la carga impositiva sobre los sectores más concentrados del país. De acuerdo con el dictamen de la comisión de la Cámara baja, el proyecto deroga las Leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, al tiempo que sigue sin asignar presupuesto a la Ley de Emergencia Pediátrica (Garrahan). Todas ellas normas sancionadas por el Congreso de la Nación, vetadas por el mandatario libertario y vueltas a ser aprobadas por diputados y senadores con más de dos tercios de los votos lo que hizo caer los vetos presidenciales.
En los considerandos y en los informes que acompañaron la medida, el argumento central es el de “sostener el equilibrio fiscal y garantizar un superávit financiero”. Según la proyección oficial, el ahorro fiscal resultante de la derogación de la Ley N° 27.793 y la Ley N° 27.795 se integra al resultado financiero del Sector Público Nacional (SPN), con un superávit estimado para el ejercicio 2026 de 2,7 billones de pesos. El Gobierno sostiene que ese excedente es la base para devolver recursos al sector privado mediante la reducción de impuestos y cumplir con los compromisos financieros del Estado, en criollo, pago de la deuda pública.
La oposición, durante el plenario de comisión, criticó que mientras el oficialismo aumenta falta de recursos para sostener leyes vinculadas a derechos sociales, el proyecto de Presupuesto avanzó sin restricciones sobre rebajas impositivas de alto costo fiscal y priorizó el ordenamiento financiero por sobre áreas sensibles como Salud y Educación.
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El ajuste en el sistema de salud infantil
La Ley N° 27.793 fue sancionada con el objetivo de atender la situación crítica del sistema de salud pediátrico. La norma establecía mecanismos excepcionales de financiamiento, refuerzos presupuestarios y herramientas administrativas para sostener la atención en hospitales públicos, garantizar insumos, recursos humanos y capacidad operativa frente a una demanda creciente.
La derogación de la ley se fundamenta, según el Ejecutivo, en la necesidad de eliminar gastos considerados transitorios que pasaron a integrar el presupuesto estructural. El ahorro fiscal derivado de esa decisión no tiene una asignación específica y se incorpora al resultado general y contribuye al superávit proyectado para 2026.
Desde el Gobierno se sostiene que el equilibrio fiscal es condición necesaria para cualquier política pública sostenible. Bajo esa lógica, el sostenimiento de emergencias permanentes sería incompatible con una administración orientada al orden macroeconómico. En esa misma línea, se argumenta que el acompañamiento social debe ser focalizado y sin intermediaciones, priorizando transferencias directas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Prestación Alimentar.
El dictamen de la oposición pone el foco en una contradicción: mientras se eliminan herramientas de financiamiento específicas para el sistema de salud pediátrico, el Ejecutivo avanzó en 2025 con una reducción impositiva equivalente a 1,4 puntos del PBI. Entre esas medidas se incluyó la eliminación del Impuesto PAIS y la baja de derechos de exportación e importación para múltiples posiciones arancelarias.
El punto más cuestionado es la reducción de alícuotas de exportación al agro hasta 0%, una medida que, según estimaciones citadas por la oposición, tuvo un costo fiscal cercano a los 1.500 millones de dólares. El contraste es directo: para el Gobierno no hubo margen para sostener una ley de emergencia sanitaria, pero sí para resignar recursos tributarios en sectores con alta capacidad contributiva.
La discusión no se agota en el monto del ahorro. Lo que queda expuesto es el criterio de asignación. La derogación de la emergencia pediátrica no elimina la demanda sobre el sistema de salud, pero sí retira un marco legal que habilitaba respuestas excepcionales. El Ejecutivo apuesta a que el orden fiscal y el crecimiento futuro compensen esa decisión. La pregunta que queda abierta es qué ocurre en el mientras tanto.
Hospitales Universitarios con 30% menos de presupuesto
El Consejo Superior reveló que los Hospitales Universitarios recibirán en términos reales un 30% menos de presupuesto según el proyecto para el año próximo. El organismo expresó su extrema preocupación por la propuesta del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario aprobada recientemente por el Congreso Nacional y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, no docentes y científicos, que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.
El recorte parte del dictamen parlamentario impulsado por el Gobierno para el Presupuesto Nacional 2026. De prosperar esta medida, se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.
El Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario” y ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud. La UBA recordó que ha declarado la emergencia presupuestaria y reiterado la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes, debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023.
La educación superior dentro del ajuste
La Ley N° 27.795 establecía la emergencia en el sistema universitario nacional. La norma buscaba garantizar el funcionamiento de las universidades públicas frente al deterioro presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo de salarios docentes y no docentes y las dificultades para sostener programas de investigación, extensión y becas estudiantiles.
La derogación sigue la misma lógica que la aplicada en el caso pediátrico. El Ejecutivo sostiene que no es viable mantener regímenes excepcionales que incrementan el gasto y comprometen el equilibrio fiscal. El ahorro generado se integra al resultado financiero general y contribuye a sostener el superávit proyectado.
El Presupuesto 2026 refleja con claridad las prioridades oficiales. Mientras se eliminan leyes de emergencia vinculadas a derechos sociales, se asignan 14,1 billones de pesos al Servicio de la Deuda Pública. La estrategia del Tesoro está orientada a garantizar la supuesta solvencia fiscal y reducir el ratio deuda/PBI, un objetivo central del programa económico.
El equilibrio fiscal es presentado en la ley de leyes como el ancla que permitirá, en el mediano plazo, recomponer ingresos y financiamiento. En ese marco, la reducción de impuestos aparece como una herramienta para mejorar la competitividad y el clima de negocios, bajo la premisa de que el crecimiento del sector privado derramará recursos hacia el conjunto de la economía. Los fondos liberados no se reasignan a otras áreas sociales, sino que se integran a un esquema orientado a reducir impuestos y cumplir con compromisos financieros.
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