La inflación no deja de subir de manera consecutiva desde hace diez meses y, en su intento por “domarla”, la administración Milei rompió las economías familiares con un alto incremento del endeudamiento y destruyó el entramado productivo del país en nombre de una “pax macroeconómica” ficticia.
La nueva suba en el índice del IPC es una suerte de respuesta ante la ausencia de políticas públicas para contener los precios de los alimentos -en un escenario de pérdida permanente en el poder adquisitivo de los salarios-, o el valor del combustible empujado por un conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán del que Milei ya declaró a la Argentina como parte involucrada.
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“El tema de fondo es que ya se comieron toda la inflación anual prevista en el Presupuesto 2026, que desde mayo viene subiendo sin posibilidad de frenarse. Además, la inflación núcleo, al estar claramente por encima del 3 por ciento, ya entró en otra franja. También estamos teniendo un impacto muy fuerte en alimentos, sobre todo en carnes con un aumento del 6,9% en el Gran Buenos Aires”, sostuvo -en diálogo con El Destape- el economista Claudio Lozano.
Lo que más sube es lo más necesario para las familias
El impacto del incremento del precio del combustible, el aumento en los valores de la carne vacuna (y alimentos en general) sumada a la estacionalidad del rubro educación fueron las principales razones de las variaciones de los precios generales durante marzo. También pegó fuerte el incremento en el rubro servicios, donde tuvo impacto la quita de los subsidios a las tarifas. Este es el combo inflacionario que no pueden manejar desde el quinto piso del Palacio de Hacienda. O no lo quieren manejar.
De los 3,4 puntos de inflación, un punto se explicó por la suba en alimentos. Las cuatro primeras divisiones –alimentos, transporte, vivienda y restaurantes- acumularon 2,2 puntos dentro de la suba del 3,4% para marzo.
“De las 6 divisiones con mayor aumento, 4 impactan directamente sobre el bolsillo cotidiano de las familias. No son gastos ajustables porque tienen baja elasticidad y escasa capacidad de sustitución. Es decir, los rubros que más suben son justamente los que no se pueden dejar de pagar. Por eso, cada vez más familias cobran y, antes del día 10, ya agotaron su margen de consumo. Cae el ingreso disponible y la aprobación presidencial”, explicó Martín Pollera, economista en jefe del Grupo Atenas.
El aumento de precios estuvo encabezado por los componentes más ligados a los llamados precios regulados, es decir aquellos que la propia administración Milei convalidó. Estos tuvieron un alza mensual del 5,1%, por encima del nivel general (3,4%).
“Pero los bienes no quedaron rezagados ya que el aumento estuvo traccionado principalmente por Alimentos y bebidas no alcohólicas, la división de mayor incidencia en la variación mensual regional, con especial peso de carnes y derivados, que subieron 6,9% en GBA, 7,1% en Pampeana, 7,6% en Noreste, 7,2% en Noroeste, 7,9% en Cuyo y 5,1% en Patagonia. A eso se sumó el aumento de combustibles y lubricantes para vehículos, que se ubicó entre 6,4% y 8,3% según la región, y también el componente estacional asociado al cambio de temporada en indumentaria”, explicó la economista Ana Rameri, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas que coordina Lozano.
Por eso, la suba de la inflación de manera consecutiva durante los últimos diez meses es consecuencia directa del modelo económico que ejecuta Luis Caputo. “Los aumentos parecieran arrastrar efectos de shock más que una cuestión de inercia como el caso de los servicios y los combustibles, aunque todo te arrastra la núcleo. También habría que contabilizar el aumento de la tasa de interés. Empieza a verse una especie de inflación defensiva de las empresas que venden menos y tratan de cubrirse (con la paradoja de que después venderán menos aún). El combo es de enfriamiento económico”, sostuvo Hernán Herrera, economista en jefe del Instituto Argentina Grande (IAG).
La trampa de no actualizar la metodología del Indec
La administración Milei debería haber publicado el nuevo índice del IPC durante el primer mes del año. De acuerdo a un análisis realizado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la reponderación (donde los servicios y el transporte pesan más) aplicada desde principios de 2026 hubiese dado por resultado, para marzo, un alza del 3,5% (en estos coinciden tanto el IPyPP como el AIG).
La no aplicación de la nueva metodología no solo afecta a la percepción general en cuanto al valor de los consumos diarios, sino que tira para abajo el poder adquisitivo de las jubilaciones y los salarios.
“En enero de este año, los salarios registrados tanto del sector público como privado experimentaron una caída del 7,9% respecto a noviembre 2023. Al ajustar el índice de salarios registrados con la canasta de consumo de la ENGHo 2017/18, la reducción del poder adquisitivo entre noviembre 2023 y enero 2026 alcanzó el 17,1%”, explicaron desde el CEPA.
En el trimestre que va desde enero a marzo de 2026, las jubilaciones mínimas, que perciben más del 60% de los jubilados, registraron una disminución real del 3,8% según la inflación oficial en comparación con el trimestre septiembre a noviembre de 2023. “Sin embargo, al considerar la inflación actualizada, la caída se eleva al 13,1%. Lo que significa que, con los datos inflacionarios que el Gobierno se niega a actualizar, los jubilados sufren una pérdida adicional de casi 9 puntos porcentuales en su poder adquisitivo”, agregaron desde el CEPA.
Romper todo para volver a 3,4% mensual
La inflación no deja de subir desde hace diez meses consecutivos y desde el Ministerio de Economía siguen aplicando un ajuste del gasto público. Los salarios no dejan de perder poder adquisitivo y la mora de familias aumentó desde 10,6% en enero hasta 11 ,2% en febrero, mientras que en las empresas se ubicó en el 2,9%.
“En el caso de las familias, la mora con entidades financieras subió por decimosexto mes consecutivo y alcanzó su valor más alto desde el año 2004. El dato consolida la idea de que hay una economía con récord de PBI e incluso con récord de consumo privado, pero que al mismo tiempo está mostrando dificultades para derramar en amplios sectores de la sociedad”, sostuvo la consultora 1816 en su informe del pasado 9 de abril.
La administración Milei destruyó todas las anclas de protección social, aun con un tipo de cambio atrasado. Durante el primer trimestre de este año, comparado con el mismo período de 2023, el Gobierno aplicó un ajuste del 61% para la Superintendencia de Servicios de Salud, mientras que los hospitales nacionales presentaron bajas de entre 30% y 52%. También se redujeron los fondos del Instituto Malbran (-35%) y la ANMAT con un -33%. Algunos programas sanitarios muestran incluso recortes de hasta el 100%. En contraste, el INCUCAI presenta un aumento del 146,6%.
También un trabajo realizado por el CEPA, se calculó que en “seguridad social y desarrollo social, la ANSES redujo su ejecución presupuestaria en un 9%, mientras que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia lo redujo en un 77%”.
El programa de Economía Social registró ejecución nula (-100%), el Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 94% en cuanto a la distribución de recursos y el Plan Nacional de Protección Social prácticamente fue eliminado. También se observaron recortes en políticas alimentarias, con caídas del 69% en comedores y merenderos y del 41% en la Prestación Alimentar.
En total, durante el período analizado, la caída real del presupuesto público fue del 30%. ¿Pax macroeconómica a qué costo?
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