“Los pobres no quieren trabajar”: los datos que desmienten el relato del Gobierno

La mayoría de las personas en edad de trabajar que se encuentran bajo la línea de pobreza en Argentina, ya trabaja. En concreto, 6 de cada 10 tienen empleo y aun así no logran salir de la pobreza. Otro 18% realiza tareas de cuidado no remuneradas, en su mayoría mujeres. De hecho, trabajan incluso más horas que las personas “no pobres”, pero lo hacen en condiciones mucho más precarias: entre quienes no son pobres, más del 80% tiene trabajo registrado, pero entre los trabajadores pobres esa cifra apenas supera el 40%.

De esta manera, tener un trabajo ya no garantiza superar la pobreza a la par que, el desmantelamiento de programas como “Volver al Trabajo", justificado por el discurso oficial de que "los pobres no quieren trabajar", termina agravando la urgencia de las condiciones de vida de quienes pese a tener trabajo no llegan a cubrir las necesidades básicas de subsistencia. 

“El problema no es la falta de esfuerzo individual, sino la calidad del empleo, la informalidad y la ausencia de políticas que reconozcan trayectorias laborales distintas”, señaló un informe privado al que accedió este portal y que mostró que más de la mitad de las y los trabajadores bajo línea de pobreza trabaja de manera informal, sin acceso a jubilación, obra social y con menores ingresos.

Trabajar no alcanza para vivir 

“No quieren trabajar", es el argumento que repiten funcionarios del gobierno de Javier Milei respecto de las personas beneficiarias de programas sociales en nuestro país. Sin embargo, una vez más, los datos oficiales lo desmienten y ponen sobre la mesa que, pese a trabajar –incluso más cantidad de días y horas que el resto de sus compatriotas-, miles de personas no llegan a cubrir una canasta básica, sobre todo por las condiciones precarias que predominan en el mercado laboral. 

La administración de La Libertad Avanza (LLA) anunció el desmantelamiento del programa “Volver al Trabajo” (ex Potenciar Trabajo) que, a su vez, estaba congelado en apenas $78.000 -un cuarto de un salario mínimo- desde fines del 2023. Como consecuencia, en torno a 1 millón de trabajadores informales perderán este complemento de ingresos que sería reemplazado por un sistema de vouchers, aunque no está claro aún cómo funcionará. Desde los 2000 se fueron creando en nuestro país diferentes programas de transferencia directa de ingresos que, en líneas generales, intentaron paliar primero la situación de los desocupados tras las políticas de destrucción del aparato productivo nacional del menemismo y, luego hicieron frente a sus consecuencias en un mundo laboral que no logra aún dar respuesta a las necesidades de trabajo formal para buena parte de la sociedad. 

La emergencia de la llamada economía popular se da como resultado de la crisis del paradigma trabajo-céntrico y del Estado de bienestar: una franja creciente de trabajadores y trabajadoras queda por fuera del empleo típico, pero sostiene la reproducción social a través de cooperativas, emprendimientos y trabajos de subsistencia. Es decir, son trabajadores que se ven obligados a desempeñarse en la informalidad, pero que han buscado organizarse en unidades productivas en diferentes sectores de la economía nacional, y frente a los que programas como el ex Potenciar intentaba reconocer e incentivar ante la falta de empleo formal.

Entonces, ¿los beneficiaros de estos programas son pobres porque no quieren trabajar? Los datos evidencian que el 59% de las personas pobres en edad de trabajar en Argentina ya tienen trabajo en construcción, en comercio y en industria, y aun así son pobres. Sólo el 7,4% de las personas pobres en edad de trabajar están desempleadas. Otro 18% son amas de casa: mujeres que están cuidando. A su vez, el 60% de las trabajadoras de casas particulares son pobres -la mayoría de ellas en relaciones laborales informales- y el 60% de los hogares monomarentales también. 

¿Qué implica eso? “En la pobreza argentina no parece haber un gran conjunto de personas desempleadas sino un gran conjunto de personas trabajando en malas condiciones”, destacó al respecto un informe del espacio Futuros Mejores que analizó la situación de las y los trabajadores pobres en el país. La medición oficial de la pobreza (INDEC) considera un conjunto de alimentos y servicios necesarios para subsistir (Canasta Básica Total) para determinar la línea de pobreza. Aquellos hogares que superan con sus ingresos la línea se consideran “no pobres”. Aunque, no es menor, esa canasta se basa todavía en hábitos de consumo de hace 20 años atrás (Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares de 2004-2005).

De acuerdo con el informe al que accedió este medio, “entre las trabajadoras y trabajadores pobres, el porcentaje de asalariados es levemente menor, y aumentan aquellos trabajadores por cuenta propia (10 puntos porcentuales mayor en trabajadores pobres que no pobres)”. A su vez, los números echan por tierra el mito del esfuerzo. La cantidad de horas que trabajan las personas en hogares pobres en relación a las que habitan en hogares no pobres no parece arrojar diferencias sustanciales. Un dato llamativo es que, los primeros incluso trabajan un promedio de horas semanales superior a los segundos (41,8 horas y 40,2 respectivamente). 

“En prácticamente todos los sectores de la economía, las personas que habitan en hogares bajo línea de pobreza trabajan en promedio, más horas que las personas sobre la línea, si bien la diferencia es exigua en la mayoría de los casos” precisó el documento del espacio integrado por jóvenes profesionales de distintas áreas. Asimismo, agregó que “mientras que la inmensa mayoría de las y los trabajadores que viven en hogares sobre la línea de pobreza se encuentran en una relación laboral formal, más de la mitad de las y los trabajadores bajo línea de pobreza lo hacen de manera informal, sin acceso a jubilación, obra social y habitualmente con menores sueldo”, lo que condiciona sus posibilidades de subsistencia.

Además de la brecha de ingresos, “incluso cuando el trabajo dejó de ser una garantía para cubrir las necesidades básicas, cuando tampoco la posibilidad de jubilarse hacia el final de la trayectoria laboral significa alguna certeza de bienestar, existen claves en la calidad de los empleos que constituyen un ancla para una menor vulnerabilidad ante las crisis económicas recurrentes”, explicaron los especialistas.

Dicho de otro modo, “el problema no es la falta de esfuerzo individual sino la calidad del empleo, la informalidad y la ausencia de políticas que reconozcan trayectorias laborales distintas”, señalaron desde Futuros Mejores. En este contexto, en la pobreza argentina “no parece haber un gran conjunto de personas desempleadas sino un gran conjunto de personas trabajando en malas condiciones”.

Alternativas posibles

Mientras en nuestra región, el estancamiento económico de al menos la última década deteriora de forma sostenida las condiciones de vida de la mayor parte de la población, el 1% más rico concentra 55 veces más riqueza que la mitad más pobre. En este panorama, desde la organización plantearon también un conjunto de políticas públicas que combinan medidas de ingreso universal, empleo, formación y remuneración de cuidados para las personas pobres en edad de trabajar. 

Entre los puntos principales destacaron “remuneración y registración de cuidadoras comunitarias, licencias, sistemas de cuidado y acompañamiento por cuota alimentaria faltante en hogar monomarental” así como “políticas de fiscalización de relaciones laborales precarias y de formalización de cuentapropismo”. En relación agregaron “universalidad de acceso frente a requisitos claros, y apoyo económico a la organización social como fin, no como medio considerando el rol en el sostenimiento del tejido comunitario”. 

Por último, destacaron la importancia de “asignar un rol claro a gobiernos provinciales y municipales, otorgar mayor centralidad a la política de vivienda dentro de la política antipobreza y exigir la medición de pobreza de manera multidimensional para pensar políticas integrales”.