La reciente Encuesta Nacional Inquilina de junio de 2026 arroja un panorama devastador sobre el acceso a la vivienda en Argentina, en un contexto marcado por la desregulación y la profundización de políticas de libre mercado. Según el informe elaborado por Inquilinos Agrupados y la Federación de Inquilinos Nacional, el 29,7% de los hogares inquilinos se encuentra actualmente en situación de "emergencia habitacional". Esta cifra implica que casi uno de cada tres hogares sufre de forma simultánea la sobrecarga del costo del alquiler sobre sus ingresos, el endeudamiento, la mora en los pagos y la presión de mudanzas forzosas.
El relevamiento, que alcanzó a 808 hogares de 16 provincias, pone de manifiesto que el costo de vida bajo el actual esquema económico se volvió insostenible para una porción mayoritaria de la población. El alquiler mediano en el país se ubica en los $656.500, pero la presión varía según el territorio: mientras en la Ciudad de Buenos Aires la mediana asciende a $700.000, en el resto del país ya se sitúa en $665.000, superando incluso los valores de la provincia de Buenos Aires.
Deudas para comer y pluriempleo: el costo de vivir bajo techo
Uno de los datos más alarmantes de la encuesta es el nivel de asfixia financiera: el 72,9% de los inquilinos convive con deudas activas, lo que supone el nivel más alto de la serie histórica. La gravedad reside en el destino de ese dinero: el 55% de los hogares se endeudó para comprar comida, mientras que el 37% lo hizo específicamente para cubrir el pago del alquiler. Esta dinámica genera una "espiral" de la que es difícil salir; el 38% del total de los hogares ya registra atrasos en sus pagos, una cifra que escala al 73% cuando el alquiler consume más del 70% de los ingresos mensuales.
La precariedad no solo se refleja en las deudas, sino también en la explotación laboral necesaria para no quedar en la calle. Actualmente, el 47% de los inquilinos tiene dos o más trabajos, un fenómeno de pluriempleo que no ha dejado de crecer en los últimos meses. A pesar de que el 68% de los encuestados posee un empleo registrado, los salarios no alcanzan para cubrir los incrementos de los "contratos basura", que en el 78% de los casos incluyen actualizaciones cada 3 o 4 meses.
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El informe también destacó cómo el sistema actual castiga a las familias. Mientras que el ingreso de una persona sola permite un resto de $950.000 tras pagar el alquiler, en un hogar de cuatro integrantes el ingreso disponible por persona cae a apenas $367.000. Como señala el estudio, el alquiler funciona como un "mecanismo regresivo" donde las familias con niños son las más afectadas por la suba de precios en inmuebles de más ambientes.
Ante esta crisis, el rechazo a las condiciones impuestas es casi total: el 96% de los inquilinos se opone a las actualizaciones basadas en la inflación y el 84% reclama contratos de mayor duración, de entre 3 y 5 años. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, fue contundente al evaluar los resultados: "Las encuestas trimestrales revelan la profundización de la crisis habitacional mientras el mercado mantiene rentabilidades por alquiler en sus máximos históricos".
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