Crisis silenciosa del campo: 7 de cada 10 familias campesinas son pobres

En Argentina, quienes producen alimentos también son pobres. Mientras la agricultura familiar sostiene producción agroecológica, consumo y circuitos de comercialización en distintos puntos del país, la mayoría de los hogares campesinos vive en condiciones de precariedad estructural, con ingresos insuficientes, jornadas extenuantes y crecientes dificultades para sostener la producción. Como resultado, 7 de cada 10 hogares rurales tiene ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Así lo evidenció un informe privado que destacó que la situación se repite en diferentes provincias del país: más del 79% de los hogares desarrolla producción primaria diversificada y comercializa a través de ferias, venta directa o redes comunitarias., sin embargo, más de la mitad no logró cubrir una canasta y gran parte depende del autoconsumo para complementar necesidades básicas.

En este escenario, la precariedad económica convive, además, con jornadas laborales extremas. En concreto, el relevamiento advirtió -por ejemplo- que las mujeres campesinas e indígenas sostienen jornadas activas de entre 16 y 18 horas diarias y que el 62% realiza múltiples tareas en simultáneo.

Producir alimentos y seguir siendo pobre

En gran parte de las economías rurales del país, quienes producen alimentos también son pobres. Cultivan verduras, conservas, quesos, panificados y alimentos para abastecer ferias, mercados locales y el consumo familiar, pero aun así no logran escapar de la pobreza. Así se desprende de un informe del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Somos Tierra) realizado en cinco provincias del país que evidenció que el 66,7% de los hogares campesinos tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

El informe, basado en encuestas y entrevistas realizadas en territorios rurales de Misiones, Jujuy, Córdoba, Mendoza y Neuquén, expuso una paradoja persistente de la economía argentina: quienes sostienen parte del abastecimiento alimentario de la población trabajan en condiciones precarias y con márgenes económicos cada vez más reducidos. Al respecto, el 74% de los hogares encuestados desarrolla producción diversificada y 7 de cada 10 comercializa, al menos, una parte de lo que produce, sin embargo, el peso del trabajo no alcanza para garantizar ingresos suficientes ni mejores condiciones de vida: más de la mitad de los hogares encuestados no logró cubrir una canasta básica durante 2025.

A esta situación se suma otro factor que el informe identificó como cada vez más determinante: el impacto de la crisis climática sobre la producción rural. Sequías prolongadas, olas de calor, granizo e incendios comenzaron a alterar de manera directa las condiciones de trabajo y los ingresos de las familias campesinas, especialmente en explotaciones pequeñas y con baja capacidad de inversión.

En ese sentido, el 78,7% de los hogares atravesó sequías en los últimos años y que más del 60,0% sufrió pérdidas económicas severas. Frente a dicho escenario, el 65,3% debió modificar su sistema productivo para sostener la actividad, incorporando cambios en el manejo del agua, diversificación de cultivos y nuevas estrategias para sobrevivir.

Jornadas laborales extremas

La precariedad económica y productiva también se traduce en una sobrecarga cotidiana de trabajo, especialmente para las mujeres rurales. La investigación del MNCI-Somos Tierra advirtió que las mujeres campesinas e indígenas sostienen jornadas activas de entre 16 y 18 horas diarias y que el 61,7% realiza una “triple jornada simultánea”, combinando tareas productivas, domésticas y de cuidado al mismo tiempo.

Según surgió de las encuestas, las mujeres -que representan el 69% de la fuerza de trabajo en el campo- destinan en promedio 6,8 horas diarias al trabajo productivo vinculado a la agricultura y la ganadería, 4,5 horas a tareas domésticas y otras 3,2 horas a cuidados no remunerados. En contraste, el tiempo disponible para descanso o actividades personales se reduce a apenas 1,6 horas fragmentadas por día.

De ese modo, los especialistas definieron la situación como una “pobreza de tiempo estructural” que abarca a hogares donde la falta de infraestructura básica, servicios y apoyo estatal se compensa con más horas de trabajo dentro de las familias y, particularmente, sobre los hombros de las trabajadoras. En paralelo, el liderazgo de las mujeres en la producción no se traduce en igualdad económica: aunque muchas participan de decisiones productivas, solo una minoría controla la comercialización o la administración de ingresos.

Precariedad rural

Un punto no menor tiene que ver con las limitaciones estructurales bajo las que funciona gran parte de la agricultura familiar en Argentina. La mayoría de los hogares relevados desarrolla su actividad en unidades productivas pequeñas, con escaso acceso a infraestructura, servicios básicos y condiciones estables de tenencia de la tierra.

Según el relevamiento, el 58% de las familias trabaja en parcelas de menos de cinco hectáreas y apenas el 40,7% accede a propiedad individual de la tierra. El resto depende de formas colectivas, alquileres o esquemas precarios de acceso que, según advirtió el estudio, reducen la capacidad de inversión y aumentan la vulnerabilidad frente a las crisis económicas y climática.

A esa fragilidad se suma el déficit de infraestructura rural. Solo el 28% de los hogares cuenta con acceso a internet y apenas el 11,3% dispone de computadora, mientras que buena parte de la elaboración de alimentos -como conservas, quesos o panificados- se realiza en cocinas domésticas y con equipamiento limitado.

Así las cosas, en este contexto la producción agroecológica y comunitaria convive con niveles persistentes de pobreza, informalidad y vulnerabilidad social.