Un grupo de diputados peronistas y provenientes de espacios "dialoguistas con el Gobierno" presentó un proyecto para crear el "Programa de Desendeudamiento de las familias argentinas", una iniciativa que busca la vuelta de los créditos blandos de la ANSeS como herramienta para que hogares de menores ingresos puedan cancelar deudas contraídas con fintech, cooperativas, mutuales, cadenas comerciales y otros proveedores no financieros. La propuesta lleva las firmas de Guillermo Michel, Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Emir Roberto Félix, Nicolás Massot, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí, Marianela Marclay y Victoria Tolosa Paz.
El proyecto propone habilitar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES a destinar hasta el 20% de su cartera al otorgamiento de créditos para determinados trabajadores, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y pequeños contribuyentes. El objetivo es que quienes actualmente recurren a financiamiento de mayor costo puedan reemplazar esas obligaciones por préstamos con condiciones reguladas y una cuota que no supere el 30% de sus ingresos mensuales.
La iniciativa aparece en un escenario en el que el endeudamiento de los hogares dejó de estar asociado solamente a la compra de bienes durables y comenzó a funcionar, cada vez más, como una forma de financiar gastos corrientes. Los fundamentos del proyecto señalan que la combinación de ingresos que perdieron capacidad de compra, gastos fijos que aumentaron por encima de la inflación y un crédito de consumo más caro empujó a una parte de las familias hacia mecanismos de financiamiento con tasas más elevadas.
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La discusión también expone una de las consecuencias menos visibles del programa económico de Javier Milei: cuando el ingreso disponible no alcanza para cubrir las necesidades habituales, la reducción del consumo no necesariamente se produce de manera inmediata. Una parte de los hogares sostiene ese nivel de gastos recurriendo al crédito y, cuando el financiamiento se encarece, esa decisión termina comprometiendo los ingresos de los meses siguientes. El resultado es una transferencia hacia adelante de la pérdida de poder adquisitivo que puede quedar parcialmente oculta en los indicadores de consumo corriente.
Deudores morosos: por qué nace el proyecto con créditos de ANSES
Según los datos incorporados por los autores, desde noviembre de 2023 el denominado Índice de Gastos Fijos acumuló una suba aproximada del 480%, frente a una variación cercana al 259% del IPC y de alrededor del 249% en el RIPTE. Los autores sostienen que esa diferencia implica que una proporción creciente de los ingresos se destina a alquileres, servicios, transporte y combustibles, dejando menos margen para alimentos y otros gastos. Si una familia utiliza una tarjeta, una aplicación financiera o un préstamo personal para pagar servicios, alimentos o gastos inesperados, el crédito deja de ser una herramienta para adelantar consumo y pasa a cubrir una insuficiencia de ingresos.
Los fundamentos del proyecto citan, además, información del sistema financiero según la cual la morosidad de los préstamos a hogares alcanzaba valores del orden del 7,8%, frente al 1,9% correspondiente al financiamiento a empresas. Los autores plantean que el endurecimiento del crédito bancario y la diferencia entre las tasas mayoristas y las aplicadas al consumo empujaron a los sectores de menores ingresos hacia alternativas más costosas.
Esa dinámica se refleja especialmente en los llamados proveedores no financieros de crédito. Allí aparecen fintech, cooperativas, mutuales, cadenas comerciales y otros prestadores que atienden a personas con menor acceso al sistema bancario tradicional. El proyecto sostiene que la cartera de crédito de las fintech pasó de $724.000 millones en julio de 2024, expresados a precios de julio de 2025, a $2,583 billones en julio de 2025, mientras que la cantidad de deudores aumentó 24% interanual y la deuda promedio por deudor se incrementó 235% respecto de marzo de 2024.
El problema no termina en el crecimiento de la deuda. De acuerdo con los fundamentos de la iniciativa, el ratio de irregularidad del crédito personal en proveedores no financieros llegó a niveles cercanos al 20% hacia noviembre de 2025, por encima de los registros del sistema financiero regulado. El proyecto interpreta ese comportamiento como una señal de que el actual esquema de financiamiento no resulta sostenible para los hogares endeudados ni para los propios prestadores. El proyecto plantea derogar el Decreto 1039 de noviembre de 2024 e incorporar a la Ley 24.241 la posibilidad de que el fondo otorgue créditos a beneficiarios del sistema previsional y trabajadores aportantes, además de titulares de prestaciones pagadas por ANSES. El límite establecido es del 20% de la cartera total del FGS.
El drama de los deudores morosos en el Gobierno de Milei
El cambio tiene una lectura política que excede la discusión sobre una línea de préstamos. Durante el gobierno de Milei, la orientación oficial sobre el FGS estuvo vinculada a una estrategia de administración de activos y de reducción de las herramientas de crédito directo para determinados sectores. Los autores del proyecto cuestionan esa orientación y sostienen que la suspensión de líneas como Argenta y Créditos ANSES dejó sin una herramienta pública de financiamiento a sectores que, al mismo tiempo, enfrentan mayores gastos fijos y tasas elevadas.
El destino prioritario de los préstamos sería cancelar "deudas en condiciones más gravosas" con proveedores no financieros, según establece el proyecto. De esta manera, el Estado asumiría un papel de intermediario financiero para reducir el costo que soportan los hogares que quedaron fuera del crédito bancario tradicional. El monto máximo inicial por beneficiario sería de $1,5 millones, actualizado semestralmente de acuerdo con la variación del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El Costo Financiero Total no podría superar la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales o la tasa mayorista de referencia que determine la autoridad monetaria. Además, la cuota no podría superar el 30% del ingreso mensual neto del beneficiario.
La propuesta también contempla el descuento automático de las cuotas sobre haberes o prestaciones. Esa modalidad permitiría reducir el riesgo de incobrabilidad, pero al mismo tiempo implica que una parte del ingreso futuro del beneficiario quedaría comprometida de manera directa. Por eso el límite del 30% constituye uno de los elementos centrales del esquema: intenta evitar que la solución a una deuda acumulada genere una nueva situación de sobreendeudamiento.
Los destinatarios serían jubilados, pensionados por fallecimiento, titulares de pensiones no contributivas que cobren hasta seis haberes mínimos, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la asignación por embarazo, trabajadores públicos y privados con ingresos de hasta seis salarios mínimos, personal de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D, con las excepciones establecidas en el texto. La iniciativa también incorpora mecanismos de control. ANSES debería publicar cada tres meses el stock de créditos, la tasa promedio, la mora, la distribución de los préstamos por tipo de beneficiario y región y el destino declarado. Además, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación deberían auditar el programa dentro de sus respectivas competencias.