Las trabajadoras, el verdadero blanco de Milei: 6 de cada 10 es pobre y la brecha de ingresos tocó máximos

En Argentina, 6 de cada 10 personas pobres son mujeres. Solo en el primer año de gobierno de Javier Milei quedó expuesto que las trabajadoras son las más afectadas por el programa económico en marcha, evidenciado también en que el propio jefe de Estado, y sus voceros oficiales y extraoficiales, las eligen como principales "opositoras". Sin embargo, los datos derriban cualquier relato: el salario real de las trabajadoras de casas particulares cayó 22%, el de las comunitarias 54%, el de docentes 29%, a la vez que la brecha de ingresos escaló hasta alcanzar el nivel más alto de los últimos seis años. Mientras tanto, en apenas unos días se vence la moratoria previsional y sólo el 23% de las mujeres que hoy tienen 60 años va a poder jubilarse. La autonomía económica de las mujeres está, sin duda, entre las principales variables de ajuste.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la agenda económica de los feminismos pone el foco en cómo el modelo libertario recrudece la pobreza de miles de trabajadoras que enfrentan mayores dificultades para poner un plato de comida en la mesa, con incremento de la tasa de desempleo -las personas trans fueron despedidas del Estado en un porcentaje mayor al resto- e incremento de las desigualdades en la distribución de los cuidados (tareas domésticas no pagas) que se suman a agotadoras jornadas de trabajo fuera del hogar, generalmente en condiciones precarias e informales y con bajos salarios. Un combo que explica por qué más del 60% de quienes componen el decil de menores ingresos de la sociedad, son mujeres. 

Si bien se trata de factores estructurales que se arrastran desde hace décadas, lo cierto es que la pulverización salarial, los despidos, la falta de entrega de alimentos, el cierre de programas esenciales y ajuste en partidas de protección claves del actual gobierno nacional, profundizaron la feminización de la pobreza al punto de poner en jaque la subsistencia diaria y las posibilidades de acceso a una canasta básica. “Bloques sindicales, movimientos feministas y transfeministas, volvemos a la calle este 8M en un contexto que es desolador, porque está marcado por un gobierno que ajusta permanentemente a la clase trabajadora y con impacto mayor sobre las mujeres y diversidades. Esto se traslada en una mayor precarización laboral y en miles de compañeras despedidas”, señaló en diálogo con El Destape, Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidad de la CTA- Autónoma. 

Mientras el gobierno de La Libertad Avanza apura un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del mega endeudamiento que se firmó en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri, en la vida cotidiana mujeres, lesbianas y trans se ven obligadas a tomar deuda -sobre todo préstamos usureros- para tratar cubrir alimentos, un techo donde vivir cuando el riesgo de desalojo es inminente, hacer frente a un bolsillo que no alcanza para comprar medicamentos, tomarse el bondi cada vez más caro, pagar tarifas de servicios públicos que cuadruplicaron su peso en los ingresos, y soportar la posibilidad de despido sin causa habilitado por la reforma laboral.

En este escenario, sobran las razones económicas que este 8M se canalizarán en una movilización que a partir de las 16hs recorrerá desde Congreso a Plaza de Mayo y promete ser masiva. 

Trabajadoras, las más golpeadas por la pobreza

El programa económico del Gobierno nacional impacta directamente en las condiciones de vida de las trabajadoras del país que sufren, en mayor medida, la crisis del poder de compra de los ingresos, la precarización y los despidos, los recortes presupuestarios, la falta de alimento, las dificultades de acceso a la salud y a la vivienda, la desregulación de precios, el endeudamiento y el recrudecimiento de condiciones de vida que, en definitiva, terminan por agudizar la feminización de la pobreza en nuestro país.

¿Cómo impacta el modelo libertario en las trabajadoras? En Argentina, según datos oficiales, el 52% de la población es pobre y 6 de cada 10 son mujeres. Además, la situación se agrava en hogares monomarentales (a cargo únicamente de ellas) ya que 7 de cada 10 están por debajo de la línea de pobreza y 3 de cada 10 bajo la línea de indigencia. Es decir que, en nuestro país las mujeres están sobrerrepresentadas en los deciles de menores ingresos (deciles del 1 al 4) y si solo se mira el decil más bajo, está compuesto en un 65% por mujeres, mientras que -por el contrario- son minoría en el decil de mayores ingresos (34%).

“Que Milei nos ataque no es casualidad, al contrario, para nosotras es una cuestión política y muy estratégica, porque sabe muy bien que somos las más golpeadas por sus políticas de gobierno y también saben del potencial que tiene nuestro el movimiento para avanzar frente a tanta desigualdad”, señaló a este portal Leonor Cruz, secretaria de Género y Diversidad de la CTA- Autónoma. En sintonía, Norma Morales, secretaria adjunta del sindicato Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) remarcó: “El saqueo, el hambre y la crueldad en la que nos envuelven a diario son parte del plan de desmantelamiento del Estado. Las trabajadoras de la economía popular, las invisibilizadas, quienes inventamos a diario nuestro trabajo, reciclando, alimentando a la comunidad, educando, sufrimos la falta de reconocimiento como trabajadoras, y la persecución, sumado a un Potenciar Trabajo que el gobierno congeló en 78 mil pesos desde hace un año”. 

El mayor desempleo (las personas desocupadas pasaron de ser 1,1 a 1,3 millones) y la creciente informalidad (creció el porcentaje de ocupadas no asalariadas de 25% a 27%, y de no registradas 36 al 37%) son parte del escenario que afecta a las trabajadoras en un país donde más de 185.000 trabajadores registrados perdieron su puesto laboral en un año, a la vez que los subsidios por desempleo escalaron 60% en 2024 y, en paralelo, se deterioró el poder adquisitivo de los ingresos: cada trabajadora del sector privado lleva perdidos más de un millón de pesos, cada jubilada vio esfumarse más de dos millones, y cada estatal perdió más de tres millones y medio de pesos solo en un año. Los datos relevados por el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (MATE) ponen en evidencia una contracción salarial de entre el 10 y 20% en asalariados y jubilados, solo en un año. Además, se estima que difícilmente puedan recuperar lo perdido en el corto y mediano plazo, ya que el modelo actual necesita de paritarias pisadas, bonos y planes sociales congelados. 

“El programa económico tuvo un impacto diferencial en las mujeres. Si algunos trabajadores recuperan en los últimos meses del año -en parte- sus ingresos, lo cierto es que no lo hicieron la mayoría de las trabajadoras. En concreto, las trabajadoras del cuidado son quienes más vienen sufriendo: el salario real de las trabajadoras de casas particulares registra una caída del 22% -además perdieron al menos 22.800 puestos no registrados y 15.521 puestos registrados- el de las comunitarias del 54% (programa Potenciar Trabajo fue reducido de 1,6 a 1,2 millones de titulares), el de docentes del 29%. Ello también explica por qué la brecha salarial está creciendo más que nunca”, señaló la economista Lucía Cirmi.

Como parte del equipo de investigación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) compartió a este medio los últimos datos del relevamiento denominado "La Cocina de los Cuidados", que mostró que la brecha de ingresos de ocupación principal entre varones y mujeres es la más alta de los últimos seis años al pasar del 21 al 26,3% en un año. A la vez, revelaron que un millón de niños y niñas quedaron sin asignación familiar en el primer año de gestión nacional por recortes en los topes de ingresos y por despidos, en tanto que las políticas alimentarias presentan deudas de pagos por el 40% de lo presupuestado. “El gobierno nacional justifica su inacción en políticas con el argumento de que son responsabilidades provinciales, sin embargo, las transferencias de ingresos no automáticas a las provincias – recursos por fuera de la coparticipación– cayeron un 78% en términos reales y terminaron representando lo que más explica el ajuste de 2024”, agregaron.

Como consecuencia, mientras la crisis de la Convertibilidad del menemismo tardó cuatro años en hacer caer la participación del trabajo en el PIB debajo del 44%, Milei lo logró en el primer año, bajándola al 43,2% desde el 45,5% de 2023. La transferencia de ingresos de trabajadores/as al capital fue de 20,8 billones. 

“Las trabajadoras de la economía popular -son el 58% del total de trabajadores del sector- seguimos exigiendo nuestras reivindicaciones históricas; el reconocimiento, nos solo simbólico sino económico por trabajos que generan riquezas en la sociedad pero que hoy se encuentran ya no solo invisibilizados, sino frente a la criminalización, la pérdida de nuestro salario social complementario asociado con un Salario Mínimo, Vital y Móvil de indigencia ($292.000). Se suma crisis nutricional que abarca a casi el 60% de la población argentina producto de la inflación y la crueldad de retener alimentos y dejarlos pudrir”, dijo a El Destape, Morales, dirigenta de la UTEP. El monotributo social, figura tributaria en la que el 66% son mujeres que trabajan en la informalidad, redujo su padrón 55%, en gran medida por tener dinero para pagarlo.

El desfinanciamiento de partidas presupuestarias como las de alimentos afectó directamente a las familias que dependen de comedores barriales o escolares. Según el CELS, el 57% de las familias que asisten dijo haber encontrado menos comida, y las mujeres (74%) mucho más que los varones (57%) perciben que la situación de su hogar empeoró y debieron ajustar – el 65% de las familias lo afirmó- la alimentación, propia y la de los demás.

“La baja del precio del cartón que castiga a recicladoras urbanas, la tierra en manos de pocos y los arrendamientos por las nubes que golpean a las trabajadoras de la rama rural (desfinanciamiento de programas de agricultura familiar como Pro-Huerta con 0% de ejecución), trabajadoras textiles afectadas por la apertura de importaciones, las obras paralizadas y las trabajadoras de mantenimiento de barrios populares despedidas, espacios de primera infancia vaciados, promotoras de salud sosteniendo con el cuerpo el saqueo a los jubilados y a las personas con discapacidad, reflejan el golpe directo de este gobierno sobre las trabajadoras”, graficó Morales dando cuenta de cómo golpea la crisis actual a cada trabajadora argentina.

En complemento, Cirmi, autora del libro "Economía para Sostener la Vida", consideró que un tema “urgente” es el vencimiento de la moratoria el próximo 23 de marzo. “Las mujeres no van a llegar a jubilarse, no el año próximo sino durante los próximos años, porque solamente 2 de cada 10 mujeres de 60 años tienen más de 25 años de aporte”, detalló la economista y consideró que “desde los feminismos debemos sostener no solamente el reclamo de que se prorrogue, sino construir una propuesta integral superadora. Mejorar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y hacerla compatible con el empleo y habilitar una jubilación más temprana para las personas trans, por ejemplo”. 

Debido a la menor participación en el mercado de trabajo y la mayor informalidad en las contrataciones, las trabajadoras llegan a la edad jubilatoria con menos años de aportes que sus pares varones: el 38% de las asalariadas no tiene descuento jubilatorio. Sin embargo, la implementación de regímenes de moratoria permitió que una mayor cantidad de mujeres puedan acceder a ese derecho. Según datos oficiales, más de la mitad del total de quienes acceden a una jubilación (65%) lo hacen a partir de la moratoria previsional. En este grupo, el 78% de los casos son mujeres que tras padecer como trabajadoras activas mayor precarización laboral, ahora también sufrirán como pasivas -serían más de 150.000 mujeres- la pérdida en lo inmediato de ingresos para su subsistencia (podrían en principio tramitar la PUAM que es apenas el 80% del haber mínimo).

Por su parte, el gobierno redujo también la cantidad de medicamentos gratuitos de acceso vía PAMI y la cantidad de personas que los pueden adquirir según sus ingresos. Por otra parte, el programa Remediar cerró su ejecución de 2024 con el 75%.

Desigualdades estructurales

En el mercado laboral, las brechas se sostienen en el tiempo con tasas de actividad y de empleo 20 puntos más bajas para las mujeres y, en contraste, mayores niveles de desocupación (entre uno y dos puntos más) que se agudiza en el caso de las mujeres jóvenes. Según los últimos datos oficiales correspondientes al tercer trimestre del 2024 las mujeres de 14 a 29 años tuvieron una tasa de desempleo de 16,1% (más del doble que el nivel general) y los varones de igual franja etaria de 13,6%. Asimismo, el nivel de informalidad laboral para ellas es de 39%, lo que equivale a 4 puntos más que los varones, al estar expuestas a trabajos precarios, sin acceso a la seguridad social (aportes jubilatorios, obra social, entre otros) ni al resto de los derechos laborales, y son mayoría en la medición del pluriempleo (llega al 11,7% en las mujeres) lo que representa 5,5 puntos más que en el caso de los trabajadores.

Las mujeres ganan menos y tienen menos oportunidades. Según la Encuesta Permanente de Hogares -INDEC, la brecha entre población asalariada mujeres y varones pasó del 21% al 26%, la de ingresos totales, contando ingresos no laborales, del 16% al 21%, y entre la población asalariada informal creció del 35 al 37%. Las mujeres están más concentradas en sectores de menor remuneración, mientras que los varones dominan los sectores mejor pagos. Un ejemplo concreto: el empleo en casas particulares es la segunda actividad con mayor inserción laboral para las mujeres (18% de las ocupadas), está en un 90% feminizado (casi la totalidad son trabajadoras mujeres) y tiene los salarios más bajos: un 74% no tiene descuento jubilatorio, un 72% no recibe pago en caso de enfermedad, y un 73% no cuenta con cobertura de salud por obra social, según un informe de Ecofeminita.

En cuanto a los estereotipos sociales, que hacen que se asocie a las mujeres con una mayor idoneidad para realizar ciertas tareas generalmente peor pagas, se observa que ellas predominan en servicio doméstico (97%), salud (72%) y educación (72%), actividades que se encuentran socialmente asociadas a trabajos de cuidado y, por ello, con convenios colectivos que suelen ser más bajos por la menor valorización social y económica. Si bien esto fue cambiando en el tiempo explica bastante por qué las mujeres son el 88% en servicios de cuidados de personas mayores donde el salario promedio es nueve veces menor que el del sector hidrocarburífero, y donde la participación de las mujeres es de apenas 22%, como sucede en otros sectores mejor pagos como Servicios Financieros donde las mujeres son el 41% frente al 59% de varones, en Transporte y logística ellas son apenas el 11% y en Automotriz el 9%.

Trabajo– no pago- de cuidados

En escenarios de crisis se hacen cada vez más visibles las tareas esenciales que buscan, día a día, sostener las economías familiares, desde garantizar un plato de comida en la mesa hasta hacer las compras, planchar, hacer trámites y pagar servicios, así como el cuidado de infancias, de personas adultas mayores y de personas con discapacidad. Se trata de las llamadas tareas domésticas y de cuidado que, pese a estar invisibilizadas, son la actividad que más aporta a la economía: representan un 16,8% del PBI. A su vez son tareas realizadas, en su mayoría, por mujeres de manera gratuita: dedican 6:31 horas al día al trabajo de doméstico y de cuidados, y los varones sólo 3:40 horas. 

Como resultado de esa distribución desigual de dichas tareas domésticas, las mujeres se enfrentan a mayores dificultades al momento de insertarse en el mercado laboral y, en relación, trabajan menos horas afuera del hogar, y cuando lo hacen se insertan en trabajos más informal. De hecho, en 2024, se redujo la cantidad de mujeres con hijos o hijas insertas en empleos formales: la tasa de actividad de las mujeres disminuye hasta un 20% en hogares con dos o más infancias. 

Esta situación se agrava cuando el Estado deja de cumplir sus funciones y todo el cuidado recae en los hombros de las mujeres. “El desarme de políticas de educación y presupuesto educativo, de áreas salud, de centros comunitarios y espacios para discapacidad, para personas mayores, impacta a las mujeres como trabajadoras del Estado, como usuarias de sus servicios, porque son quienes se encargan de llevar a las personas que lo necesitan, y crece la carga del trabajo doméstico en cada hogar, sobre todo en esas mismas mujeres”, explicó Cirmi, integrante de Paridad en la Macro. 

Así, el ajuste del Estado (en 2024 fue de 4,7 puntos del PBI, el mayor en los últimos 30 años, según IARAF) está empobreciendo la vida de las trabajadoras del país. “Cuando hablamos del hambre, se pone en juego justamente la vida de nuestras compañeras, compañeres y niñeces. El hambre es disciplinador y los funcionarios lo saben, porque te quita toda posibilidad de pensar en lo colectivo, por la urgencia del plato de comida”, analizó Leonor Cruz y agregó “hay que poner en debate en esta sociedad que el hambre en la Argentina es un crimen, que es producto de la miseria planificada, y busca que nos quedemos encerradas, paralizadas”.

Finalmente, la gremialista resaltó “ante este panorama tan desolador, necesitamos un 8 de marzo masivo, porque estamos convencidas que otro país es posible, porque entendemos que no puede haber un país sin justicia social y sin dignidad del trabajo; y creemos en la unidad de nuestro pueblo no solo estratégica sino programática y amplia, y lo vamos a volver a demostrar hoy en las calles, como siempre”.