Un hecho judicial que involucra a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina generó repercusión en el ámbito mediático. La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la justicia nacional investigue una denuncia por amenazas realizada por el periodista Rodolfo Barili, conductor del noticiero de Telefe.
¿De qué trata la denuncia de Rodolfo Barili?
La causa se originó luego de que el periodista denunciara haber recibido mensajes intimidatorios a través de Instagram. Según trascendió en el expediente, los mensajes no solo estaban dirigidos a él, sino también a su esposa y a su hijo, lo que generó preocupación en su entorno familiar.
El caso llegó al máximo tribunal debido a un conflicto de competencia entre distintos juzgados que discutían quién debía encargarse de la investigación. Finalmente, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron una resolución que definió el camino que deberá seguir la causa.
En su decisión, la Corte dispuso que el expediente continúe en la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. Además, ordenó a la Cámara Nacional del fuero que realice el sorteo del juez que quedará a cargo de la investigación.
¿Cómo llegó esta denuncia a la Corte Suprema?
El conflicto judicial se había generado porque inicialmente intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Sin embargo, ese tribunal consideró que el caso debía pasar a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires al interpretar que se trataba de amenazas simples.
La situación cambió cuando el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°4 de la Ciudad de Buenos Aires analizó el caso y sostuvo que los hechos podrían encuadrarse dentro de la figura de amenazas coactivas, es decir, intimidaciones destinadas a obligar a una persona a realizar determinada acción.
Según la denuncia presentada por Barili, un usuario de Instagram le enviaba mensajes intimidatorios en los que le exigía difundir información relacionada con presuntos hechos delictivos. El dictamen del Ministerio Público señaló además que las amenazas incluían advertencias graves dirigidas tanto al periodista como a miembros de su familia.
El procurador general interino Eduardo Casal evaluó la situación y concluyó que, si bien no existían indicios de un ataque contra la seguridad del Estado o sus instituciones, tampoco podía descartarse que se tratara de amenazas coactivas.
Ese detalle resultó clave para definir la competencia del caso, ya que ese delito no fue transferido a la justicia de la Ciudad y debe ser investigado por la justicia nacional. Con esta resolución, la Corte Suprema puso fin al conflicto de competencia y estableció que la investigación continuará en el fuero nacional en lo criminal y correccional.
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