La Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación del gobierno de Javier Milei a los jueces que intervinieron en la cautelar para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Mientras desde la Casa Rosada intentan negociar con las universidades para que desistan del reclamo judicial a cambio de un aumento del 24% para sus trabajadores, el máximo tribunal consideró "inadmisible" la presentación del Gobierno que buscaba obstaculizar su resolución final. Ahora, el expediente debe volver al tribunal de origen para luego ser remitido nuevamente al máximo tribunal.
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El Gobierno había argumentado que los jueces intervinientes en las instancias previas eran docentes también de altas casas de estudio, por lo que consideraban que no podían dirimir el proceso judicial. "No se puede inferir, en las actuales circunstancias, que tengan todos ellos un interés personal en la resolución del pleito que afecte o pueda afectar su imparcialidad", subrayaron los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
La Corte definió así la última instancia de recusación que le quedaba a Milei en el marco del conflicto, originado cuando el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) inició una acción de amparo colectivo para que se declarara la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, por el que se vetó la ley sancionada por ambas cámaras del Congreso. Los actores solicitaron, además, una medida cautelar para que el Poder Ejecutivo cumpliera de inmediato los artículos 5° y 6° de esa ley.
Un proyecto para eludir a la Corte Suprema
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo busca una salida negociada al conflicto con las universidades nacionales. En las últimas semanas, funcionarios del Gobierno retomaron conversaciones con rectores y representantes del sistema universitario en torno a un proyecto de actualización presupuestaria presentado originalmente en febrero de este año. La iniciativa contempla mecanismos de recomposición de partidas y fue reactivada en paralelo a la discusión judicial por el financiamiento.
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Según trascendió, la Casa Rosada también analiza otorgar una recomposición salarial del 24% para docentes y no docentes universitarios con el objetivo de acercar posiciones y encauzar el conflicto. Las negociaciones se desarrollan mientras continúa el reclamo por los fondos destinados al funcionamiento de las universidades, las becas estudiantiles y los salarios del sector.
Desde las universidades sostienen que la discusión presupuestaria no modifica el planteo judicial de fondo, que busca garantizar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario vetada por el Gobierno. En ese contexto, la decisión de la Corte de rechazar la recusación presentada por el Ejecutivo despeja uno de los últimos obstáculos procesales antes de una definición sobre la medida cautelar solicitada por el CIN.
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