Mientras el Gobierno nacional insiste en que la reforma laboral será la llave para reactivar el empleo, la realidad marca que la crisis no encuentra su piso. Uno de los casos que evidencia este escenario crítico es lo que ocurre en la provincia de Corrientes: cientos de trabajadores de las ciudades de Gobernador Virasoro y Goya continúan movilizados para hacerle frente al modelo libertario y la complicidad del exgobernador Gustavo Valdés y del sucesor, su hermano Juan Pablo Valdés.
En Virasoro, los trabajadores de la forestal Tapebicuá retomaron esta semana su plan de lucha con manifestaciones y cortes parciales sobre la Ruta Nacional 14, uno de los principales corredores del Mercosur. La protesta comenzó nuevamente frente a la planta fabril y luego se trasladó a la cinta asfáltica, donde los operarios interrumpieron el tránsito de manera parcial.
El conflicto comenzó el año pasado y mantiene en vilo a más de 520 trabajadores que dependen de la actividad de la empresa. La firma solicitó la apertura de un concurso preventivo de acreedores para evitar la quiebra, pero hasta el momento no existen definiciones concretas sobre el futuro de la producción ni sobre la situación salarial del personal.
Durante los últimos meses la empresa abonó apenas el 60 por ciento de los sueldos correspondientes a enero, febrero y marzo, mientras que el aguinaldo del segundo semestre de 2025 fue pagado en cuotas. A esta situación se suma la pérdida de cobertura médica para varios trabajadores, incluso en casos de tratamientos complejos.
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Según informó el medio Norte Corrientes, el abogado de los operarios, Sebastián Costa, explicó que el acuerdo de suspensiones que había sido pactado por tres meses ya se cumplió y que la empresa no presentó propuestas concretas para garantizar la continuidad laboral. En ese contexto, los trabajadores decidieron sostener las protestas diarias a la vera de la ruta.
En 2023 la firma ya había cerrado su planta de San Charbel, en Garruchos, donde se produjeron 70 despidos. La compañía, controlada por el grupo Celulosa Argentina, arrastra desde hace meses una caída de actividad y problemas de liquidez, agravados por la recesión industrial, la contracción del consumo interno, la apertura de importaciones y un tipo de cambio que complica la competitividad exportadora, argumentaron desde la empresa. Ahora, la situación laboral se tensó aún más con la demanda del Sindicato de Trabajadores de la Madera (STM), que reclama una deuda de 170 millones de pesos y que culminó en un embargo judicial sobre una cuenta bancaria de la firma.
Crisis textil: una empresa centenaria cerró sus plantas en Chaco y Corrientes y dejó a 460 trabajadores en la calle
A unos 400 kilómetros de allí, en Goya, otro conflicto laboral mantiene en alerta a la comunidad. Los trabajadores despedidos de la textil Emilio Alal volvieron a manifestarse esta semana frente a la vivienda de uno de los propietarios de la empresa para exigir el pago completo de sus indemnizaciones.
A fines de enero, la firma, con más de un siglo de trayectoria en la industria argentina, confirmó el cierre definitivo de sus dos plantas productivas, una decisión que atentó contra el futuro de 460 trabajadores. De esta manera, 260 empleados que se desempeñaban en la localidad correntina quedaron en la calle. En tanto, otros 200 trabajadores fueron cesanteados en Villa Ángela, Chaco.
Desde entonces, los ex trabajadores reclaman el cumplimiento de sus derechos laborales. Si bien existe un fallo judicial que reconoce el pago del 50 por ciento de las indemnizaciones, los empleados exigen que se abone el total de lo adeudado. La empresa, según denuncian, pretende cancelar ese monto parcial en cuotas, una propuesta que fue rechazada por los despedidos.
Las protestas se repiten frente al domicilio del empresario Eduardo Alal, donde los trabajadores se concentran junto a familiares y distintos sectores sociales que respaldan el reclamo. Entre las consignas que se escuchan con mayor fuerza aparece una que resume el clima de malestar: "basta de manoseo".
Ya en octubre del año pasado, el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Isaac Solís, había advertido sobre el deterioro estructural de la industria textil en territorio correntino. En ese momento, el dirigente denunció que la apertura indiscriminada de importaciones estaba golpeando de lleno a las empresas del sector. “Nos está destruyendo la industria, tanto a nivel provincial como nacional”, había señalado.
En diálogo con Radionord, Solís explicó que mientras algunas plantas siguen produciendo con relativa normalidad -como IT Londeria, Textil Liberada de Laguna Brava y Olla- otras atraviesan una situación crítica. El caso más delicado es el de la localidad de Bellavista, donde se aplica un régimen laboral 4x3, con cuatro días de trabajo y tres de suspensión, combinado con retiros voluntarios. "Eso para nosotros es un despido indirecto”, afirmó Solís al remarcar que muchos operarios aceptan esos acuerdos ante la falta de alternativas reales de empleo.
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