En la Argentina, el Indec mide dos canastas básicas: la “alimentaria”, que establece el mínimo de calorías para no ser indigente, y la “total” (que incluye alimentos más bienes y servicios esenciales, como transporte, salud, indumentaria, pero no alquileres), para superar la línea de pobreza. En febrero de este año, por primera vez en la historia reciente, los sueldos de la mayoría de los docentes de universidades nacionales ni siquiera alcanzan esta última categoría. Es lo que surge de un nuevo informe del grupo Economía, Política y Ciencia (EPC) del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti). “Si seguimos por este rumbo, todos los sueldos del sistema científico van a estar por debajo de la línea de pobreza”, subraya Nicolás Lavagnino, coordinador del grupo EPC.
Para construir este dato, los investigadores tomaron en cuenta distintas variables. “El sistema científico local se basa en una gran mayoría de cargos de dedicación simple –explica Lavagnino–. Ese salario claramente está bajo la línea de pobreza, pero uno puede tener hasta cinco ‘dedicaciones simples’. Por ejemplo, yo tengo una ‘dedicación simple’ como jefe de trabajos prácticos en la UBA, donde cobro 300.000 pesos, pero ese no es mi sueldo final porque además soy investigador del Conicet. Entonces, lo que hacemos siempre es tomar un cargo testigo que para el caso de las universidades es una 'dedicación exclusiva', un profesor adjunto. Eso ya en sí mismo es bastante elitista porque hay muy pocos profesores con dedicaciones exclusivas, es una población bastante privilegiada, la crème de la crème del sistema. Si tomamos un profesor con 10 años de antigüedad, con una dedicación exclusiva que es docencia más investigación, en noviembre de 2023, compraba 1,7 canastas básicas. Y si solo hacía docencia compraba 1,45 canastas. Otro grupo muy importante del sistema científico es lo que se llama el ‘sistema nacional de empleo público’ (Sinep, que incluye en particular los organismos descentralizados, como el INTA, el INTI, el INA, la Conea y la Conae). Ellos, en noviembre de 2023 compraban 1,17 canastas; es decir, estaban apenas por encima de ese umbral que está definido como el umbral de la pobreza. ¿Dónde está hoy cada uno hoy? El Sinep, que engloba a entre el 20 y el 25% del sistema científico local, con lo que cobra puede comprar 0,86 canastas, es decir, está a 14 puntos del umbral de pobreza. El conicet pasó de 1,72 canastas a 1,11 y viene cayendo todos los meses. Y los docentes universitarios, que en los últimos dos meses fueron castigados por la discusión de la ley de financiamiento universitario y la modificación que propone el gobierno, que no tuvo ningún aumento en meses de 2,9% de inflación cada uno, este mes llegó a 0,99 de la canasta básica. Es decir, que la gran mayoría está por debajo de la línea de pobreza”.
Según el informe de evolución de sueldos elaborado por EPC, los tres sectores que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología (los investigadores y personal de apoyo del Conicet, los docentes e investigadores de las universidades nacionales, y los profesionales del escalafón del empleo público) perdieron poder adquisitivo en el último mes: las universidades nacionales cayeron un 2,8% real —sin haber recibido ningún aumento nominal, contra una inflación del 2,9%— y Conicet y Sinep retrocedieron un 0,7% real, pese a los incrementos pactados para enero y febrero que todavía no habían sido abonados al momento del relevamiento. Desde noviembre de 2023, el Índice de Precios al Consumidor acumuló una suba del 280,5%. Los salarios corrieron muy por detrás: los del Sinep subieron 164,1% nominal, las universidades nacionales 144,2%, y el Conicet apenas 131,7%. La brecha entre precios y salarios lleva 21 meses de crecimiento.
Para tener una referencia histórica: los salarios en las universidades nacionales se encuentran hoy por debajo incluso del piso de 2003, y a 45,7 puntos del pico que alcanzaron en 2011, cuando la recuperación de la docencia universitaria acumulaba un 81,4% de ganancia real. Desde diciembre de 2015, los números son todavía más contundentes. Los salarios Sinep cayeron 57,9% en términos reales, los universitarios perdieron 42,4 puntos y los del Conicet retrocedieron 38,4%. Para volver a tener el poder adquisitivo de noviembre de 2023, los investigadores del Conicet deberían recibir un aumento del 64,2% y los docentes universitarios necesitarían un incremento del 55,8%.
El economista Hernán Letcher coincide con esta visión. De acuerdo su análisis, un jefe de trabajos prácticos semi-exclusivo sin antigüedad pasó de cobrar $1.154.094,6 (en noviembre 2015) a $570.470 (en enero 2026) en pesos constantes, una caída real de 50,6%. Con la ley de financiamiento universitario, la pérdida se habría reducido considerablemente dado que el salario sería $852.229,7 (-26,2%). En cambio, con el proyecto del gobierno, el salario proyectado para septiembre de 2026 sería de $547.748, un 52,5% menor al de noviembre de 2015.
La destrucción salarial tiene un correlato presupuestario que el informe del Grupo EPC documenta. Debido al recorte de la financiación, la Función Ciencia y Tecnología ejecutó en el primer bimestre de 2026 un 72,8% de su presupuesto en gastos de personal (mientras en 2023, ese porcentaje era del 54,6%). “Como la ejecución es escandalosamente baja, el presupuesto se está convirtiendo en una caja pagadora de salarios declinantes –destaca Lavagnino–. Sumando el inciso salarial y los servicios no personales (que incluyen las becas del CONICET), se explica el 87,9% de toda la ejecución presupuestaria del año. El resto de los gastos, los que hacen posible la investigación efectiva (equipamiento, insumos, financiamiento), está prácticamente paralizado: las transferencias se ejecutaron al 3,8% de lo previsto y los bienes de uso al 3,3%. El Ministerio perdió el 80% de su presupuesto, y la Agencia, el 85%, además del 40 o 50% de su personal. Va quedando un rezago inercial que lo único que permite es pagar sueldos, entes residuales que alientan a que la gente se retire, se jubile, se vaya. Los becarios de la Agencia llevan 15 meses sin aumentos”.
Es más, dentro de esos números también hay una distorsión. Parte de lo que el gobierno contabiliza como inversión en ciencia corresponde en realidad a programas digitales de administración gubernamental, gastos de comunicación o de servicios gubernamentales que no tienen nada que ver con la “función ciencia y tecnología”, pero aun así aparecen en el rubro CyT del presupuesto, inflando artificialmente la cifra de inversión en el área.
El físico Jorge Aliaga lo desmenuzó en detalle y lo publicó en su sitio personal y en X el 1° de febrero de 2026 bajo el título "Sobre el Presupuesto 2026 de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT)”. Allí explica que desde diciembre de 2023, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología incorporó programas que hasta entonces dependían de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, y de la Secretaría de Innovación Pública –con finalidades presupuestarias de Administración Gubernamental y Comunicaciones– y los reclasificó bajo la Función Ciencia y Técnica. Entre esos programas figuran el desarrollo de la app Mi Argentina, Puntos Digitales, Plan de Inclusión Digital, plataformas digitales de la PyME argentina y otros.
La conclusión es demoledora: de los $148.899 millones que figuran en el presupuesto de la Secretaría de Innovación Ciencia yTecnología (Sicyt) solamente $63.499 millones son realmente asignados al sistema científico. El resto es gasto en gestión pública e infraestructura digital que fue "mudado" artificialmente.
Y hay sectores que están incluso peor que el promedio. Por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, clave para las políticas de identificación forense y para el trabajo con el Equipo Argentino de Antropología Forense, sufrió una caída del 60% en su presupuesto en los últimos tres años. Un organismo directamente vinculado con las políticas de memoria, verdad y justicia, está sufriendo una masacre presupuestaria.
La mecánica de la destrucción también incluye lo que en la jerga se llama “deuda flotante”: el Estado genera obligaciones de pago pero retrasa su cancelación. “Este primer bimestre, la deuda flotante que tiene el sector científico en obligaciones de pago que no se cancelan es bastante alta –explica Lavagnino–. La van a ir resolviendo a lo largo del año, pero si los fondos llegan tarde y mal, eso puede destruir todo un plan de gestión, lo cual a su vez se transforma en un argumento para decir, ‘Ven, ustedes no pueden hacer nada, hay que seguir achicando’."
Concluye este especialista: “Cada científico que formamos y que se nos va porque hoy su salario está por debajo de la ‘canasta básica total hogar tipo 2 del Indec’ es un recurso que nosotros formamos para que después prospere en Francia, España, Italia. Es un regalo que hace un país medianamente desarrollado a un país muy desarrollado. Es interesante que el único elemento que aparece en el imaginario colectivo de la ciencia son las innovaciones tecnológicas. Eso es querer tener la película, pero sin hacer el guion, ni buscar las locaciones, ni hacer el casting, ni filmar las escenas… Para tener la película necesitas hacer todo el trabajo previo y eso es lo que estamos destruyendo, el ecosistema de instituciones, el ámbito formativo, las políticas que teníamos, acordadas por todo el espectro político, una ley de financiamiento... En lugar de eso no va a quedar nada, porque ni siquiera el sector privado está armando algo. La cantidad de investigadores en el sector privado de 2024 fue menor que la de 2023 y la del primer semestre de 2025, inferior a 2024. Tampoco es que achicar el Estado sirvió para agrandar la nación. Los datos que tenemos consolidados de I+D privada también dan muy mal. Es un nivel de desarticulación nunca visto”.
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