Los ex trabajadores de una histórica fábrica textil viven un angustiante momento ya que luego del cierre de la planta en el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, quedaron en la calle y luego de más de cuatro meses siguen sin cobrar la indemnización.
En enero de este año la empresa Emilio Alal S.A.C.I.F.I., con más de un siglo de trayectoria cerró sus dos plantas dejando en la calle a 460 trabajadores, 260 de la fábrica de la localidad de Goya, provincia de Corrientes y otros 200 de Villa Ángela, Chaco.
El 25 de enero la textil Alal oficializó el cese de sus actividades y los dueños argumentaron esta decisión por la apertura de importaciones, el incremento de los costos energéticos y la caída del consumo, males que afectan a gran parte de la industria nacional.
El reclamo de los trabajadores por las indemnizaciones
Un día después del anuncio, los trabajadores llegaron a las fábricas y encontraron las puertas cerradas. Allí comenzaron las dudas entre los empleados sobre su futuro, aunque con el correr de los días comenzaron a llegar los telegramas de despidos.
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Tras esto los empleados mantienen un conflicto laboral por la falta de pago y la incertidumbre sobre su situación económica. Con el correr de las semanas comenzaron las protestas y reclamos exigiendo el pago completo de las indemnizaciones que corresponden por ley. Durante febrero se realizaron distintas movilizaciones en Goya. Mientras avanzaban las presentaciones judiciales contra la empresa, Alal inició un concurso preventivo de acreedores en los tribunales de Reconquista, Santa Fe, donde funciona la sede administrativa del holding y su planta de curtiembre lo que modificó el escenario judicial y obligó a los trabajadores a reiniciar gran parte de los trámites.
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Además la Justicia Laboral de Goya había ordenado embargos preventivos sobre bienes de la empresa para garantizar el cobro urgente de al menos el 50% de las indemnizaciones pero esto quedó sin efecto por el mismo motivo. “Ganamos acá en Goya el 50% del pago de indemnización, pero cuando se iba a hacer la liquidación pasó a Santa Fe. Empezamos todo de cero, nos puede llevar casi un año. Ahora tenemos que autenticar las firmas”, lamentó uno de los afectados al medio El Litoral. En esa línea, agregó:“No sé qué hacer, la situación económica está mal. Me faltaba poco para jubilarme y tengo más de 60 años, no consigo trabajo”.
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