Un presidente ilegal y la institucionalidad jurídica rota

"El FMI es una institución perversa. ¿Sabés por qué? Porque cuando un país, después de hacer un montón de zafarranchos, que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita y le permite a tirar el ajuste para adelante, que es lo que está buscando este gobierno". La frase es de Javier Milei. No de ahora, sino de cuando era diputado e incluso votaba en contra de la renegociación que encaraba el gobierno de Alberto Fernández y cuando aún decía que Luis Caputo era un irresponsable que se había "fumado" los dólares que le pidieron al FMI durante el gobierno de Mauricio Macri.

En los programas de comunicación institucional de gobierno de los que participa, a veces con Jonathan Viale, a veces con Luis Majul, a Milei no le preguntan sobre lo que decía Milei. O sobre lo que escribía en Twitter, donde aún hoy se lee este posteo de julio de 2023: "Si el Fondo Monetario Internacional continua con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el Fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras". El presidente es inmune a su pasado y sus presentadores ocasionales impermeables al periodismo. 

En este contexto Milei se transformó en un presidente ilegal. No de origen, claro, ganó las elecciones. Sino de práctica. Un presidente que decide ignorar la Constitución y las leyes de la misma forma que ignora todo lo que dijo sobre el FMI para, justamente, profundizar el endeudamiento con el FMI. 

Un comunicado de la Oficina del Presidente informó que “se dictará y remitirá al Congreso Nacional un DNU para obtener su apoyo en el acuerdo con el FMI”. Hay varios problemas en la frase.

En primer lugar, cualquier acuerdo con el FMI tiene que pasar por el Congreso no vía un DNU sino por una ley específica. Así lo establece la ley de Fortalecimiento de la Sustentabilidad de la Deuda Pública, conocida como Ley Guzmán por el ex ministro de Economía, que tuvo como objetivo bloquear un nuevo endeudamiento con el FMI a espaldas del parlamento como hicieron Mauricio Macri y Luis Caputo. Dato no menor: ese endeudamiento con el FMI no tuvo ni siquiera un expediente administrativo que lo justificara.

El artículo 2 de la Ley Guzmán dice “que todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”. O sea, digamos, no se puede aprobar un acuerdo con el FMI por DNU.

Pero la redacción del comunicado del gobierno insinúa que ni siquiera es eso, sino que esperan un cheque en blanco del Congreso para la negociación con el FMI; que esperan que diputados y senadores apoyen algo cuya letra fina desconocen.

El entuerto adicional es que este DNU tendrá fuerza de ley apenas sea publicado en el Boletín Oficial. Por ende, en la realidad a medida que Milei cree vivir, firmará un DNU donde dice que el Congreso lo apoya pero sin que el Congreso diga que lo apoya. Para que el Congreso voltee el DNU se requiere que lo rechacen la Cámara de Diputados y el Senado o, visto al revés, que lo apoye sólo una de ellas. Eso significa que para avalar un DNU hay menos requisitos que para aprobar una ley, algo legal e inexplicable. O solo explicable porque nadie en la dirigencia política tiene interés en cambiarlo: la oposición no quiere autolimitarse en su próxima llegada al Ejecutivo y el oficialismo no quiere autolimitarse en el presente.

Lo más insólito es que el domingo pasado el propio presidente Milei se hizo preguntar por Luis Majul si un acuerdo con el FMI tenía que pasar por el Congreso. “La presentación del programa al Congreso tiene que ver con el sistema jurídico y la Ley Guzmán. Son las reglas del juego”, aseguró Milei. El jueves, menos de una semana después, anunció que no cumplirá la Ley Guzmán y que firmará un DNU para que el Congreso le de un cheque en blanco.

¿Qué cambió para que Milei se hiciera preguntar que tenía que cumplir con la Ley Guzmán y luego cambiara de actitud y decidiera violar la ley?

Hay algo que es clave: Milei no es el único interesado en conseguir fondos frescos para seguir rifándolos con el único objetivo de mantener los dólares financieros quietos y que no se dispare la inflación de cara a las elecciones.

El dinero que venga del FMI ahora, al igual que el que desembolsaron en 2018, no es para la Argentina sino para los fondos de inversión, bancos y grandes empresarios que entraron de distintas maneras a la bicicleta financiera que les organizó el ministro Luis Caputo, están colocados en pesos y quieren dólares para el momento en que quieran salir de ese esquema de ganancia extraordinaria garantizada por el Estado. Como no pueden fugar pesos necesitan que el FMI envíe dólares para cambiar sus pesos por dólares y ahí sacarlos del país. Luego es el país el que paga la deuda.

“La gente dice que esto ya lo vivimos y que termina mal. Y hay algunas similitudes, pero yo les digo que esta vez no es así”, aseguró Caputo en un evento empresarial en Mendoza. Imposible creerle: el “Messi” de las Finanzas es especialista en ciclos de endeudamiento y fuga; lo hizo en 2018, sigue impune porque Comodoro Py desiste de perseguir, y lo hará ahora.

En el mismo evento Caputo afirmó que “no va a pasar nada con el tipo de cambio” pero ya ni se gasta en justificar esa mentira. “Podría hablar una hora para explicarles, pero los aburriría”, dijo con una sonrisa, y pasó de tema.

Uno de los asesores de Milei, el economista Miguel Boggiano, reconoció sin quererlo que todo el discurso del gobierno en torno a la nueva deuda con el FMI es falso. Entrevistado en El Destape Radio, Boggiano dijo que con esto “le debés más plata al FMI, pero menos al Banco Central”, es decir, la deuda con el FMI aumenta. Era obvio pero Milei y Caputo insisten en que la deuda bruta queda igual y el comunicado de la Oficina del Presidente dice que "esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública". La cuenta es sencilla: si se le deben 44.000 millones de dólares más intereses al FMI y se le piden otros 10.000 millones se le deberán 54.000 millones más intereses. No hay forma de que la deuda quede igual, solo en la imaginación contable de Milei y Caputo que insisten en que es beneficioso para el país canjear deuda en pesos intra sector público por deuda en dólares con el FMI. Los redactores de la Oficina del Presidente ya pasaron de la imaginación al delirio. 

Boggiano también dijo que “por supuesto que el Gobierno interviene en el dólar financiero”, algo que todo el mundo sabe pero que Milei y Caputo niegan en su prédica de que el Estado no se mete en los mercados. Consultado de si existe alguna garantía de que el dinero que envíe el FMI no termine también volcado en los dólares financieros o se fugue Boggiano dijo: “Garantía no hay de nada”. Y agregó: “Dudo que pase eso, porque no va a ser solamente el ingreso de fondos del FMI sino que también hay otras entidades que van a intentar fortalecer las reservas”. “¿Hay otra deuda más?”, se le repreguntó. “Se está hablando de eso”, contestó Boggiano. “Eso es más deuda”, se le insistió. “Habrá que ver. Puede ser”, dijo el asesor de Milei. ¿El acuerdo con el FMI es la señal de largada para otro ciclo de mega endeudamiento?

Milei no está solo en su cruzada ilegal. Tiene a la Corte Suprema de cómplice. Y no solo ahora, sino hace rato. El DNU 70/2023 tuvo vicios de nulidad, ya que fue confeccionado por fuera de lo que establece la ley de Procedimiento Administrativo. No intervinieron las áreas del Estado de cada tema y lo escribió Federico Sturzenegger cuando no era funcionario, algo prohibido para un acto del Estado como un DNU. Nada importó: la Corte lleva más de un año sin tratarlo. Lo mismo que los múltiples reclamos de las provincias por fondos que les corresponden por ley pero que Milei no les envía. Nada.

La Corte también avaló que el presidente viole la Constitución. No hay dos bibliotecas ni interpretaciones en torno a la designación de jueces de la Corte. El inciso 4 del artículo 99 dice que el Presidente “Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”. Es muy sencillo: no hubo acuerdo del Senado para designar a Manuel García Mansilla y a Ariel Lijo y, por ende, no se cumplió lo que dice la Constitución.

Aún así, la Corte convalidó que Milei designe a García Mansilla por decreto y, en un giro de igual discrecionalidad y autoritarismo, frenó la llegada de Lijo. Todo es un enchastre: como Milei se salteó al Congreso y lo nombró “en comisión” hasta noviembre Lijo pidió licencia de su cargo como juez en Comodoro Py, ya que no quiere correr el riesgo de perder el kiosco por una aventura temporal. La cofradía de Comodoro Py le aceptó la licencia aunque eso también era ilegal: las licencias de este tipo las tramita la Corte. Finalmente la Corte rechazó la licencia con un argumento que desnuda lo obsceno de la situación: le dicen a Lijo que no puede tener un cargo de juez “en comisión” y otro, como el que tiene, con acuerdo del Senado. Para colmo, la resolución administrativa la firman Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz junto al propio García Mansilla, que parece haber incorporado aquella frase típica de los armados de listas: “Nos cagaron, entré yo solo”.

Era previsible que García Mansilla no se alineara con la tropelía del gobierno. Las usinas de las operaciones judiciales de La Libertad Avanza, que comandan Santiago Caputo y Sebastián Amerio, confiaban en que la coincidencia ideológica de García Mansilla con el proyecto libertario garantizaba su incondicionalidad. Algo de eso deben haber conversado García Mansilla y Caputo las veces que se reunieron en la Casa Rosada durante el año pasado. Pero lo cierto es que las terminales de García Mansilla son otras: el establishment empresarial energético y el Opus Dei. Poco reconocido en el mundo académico, buscará dejar su huella en la Corte más allá de los desvaríos del gobierno que acompañe, como seguro hará con los aumentos de tarifas.

Este desvío de la legalidad cortesano hace rato pone en riesgo la institucionalidad jurídica. En diciembre la Corte firmó el fallo Levinas y estableció que los expedientes resueltos por la Justicia Nacional podían ser revisados por la Justicia porteña. El único objetivo era beneficiar a Mauricio Macri en el caso Correo, que estuvo desde 2001 hasta 2024 en la Justicia Nacional y como llegó, luego de más de dos décadas, un fallo adverso a la familia del ex presidente, maniobraron para mudar el expediente a los tribunales porteños que manejan sin fisuras. El favor de la Corte a Macri, sin embargo, desató una rebelión de las Cámaras Nacionales de todos los fueros que anunciaron que no lo van a cumplir ya que esa decisión, si se tomaba, era competencia del Congreso y, por ende, el máximo tribunal violó la división de poderes.

Ahora, recién arrancado el año judicial, la Corte convalidó otra violación a la división de poderes: que el presidente se saltee al Congreso para nombrar nada más y nada menos que a jueces de la Corte. En una ceremonia a las apuradas le tomaron juramento a García Mansilla. El jueves ya firmó sus primero 4 fallos como cortesano.

¿Quién va a respetar los fallos de esta Corte? En diálogo con El Destape Radio, el juez Daniel Erbetta de la Corte Suprema de Santa Fe ya deslizó que es posible que no lo hagan. La institucionalidad judicial rota.

Hay motivos para creer que la jugada de Milei le puede salir mal. Por un lado, los bloques peronistas del Senado comenzaron a mover las fichas para tratar y rechazar los pliegos de García Mansilla y Lijo. Uno ya oficia de cortesano, el otro espera en su cargo de Comodoro Py, los dos generan temor de represalias hacia dirigentes políticos y gobernadores que frustren su sueño cortesano. Pero los senadores peronistas parece que ya advirtieron que las negociaciones que entablaron durante todo el año pasado con la idea de aprobar el nombramiento de Lijo a cambio de un lugar en la Corte era pura fantasía y que debían haber frenado todo esto hace meses.

Por otro lado, pese a lo que afirma o cree el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, no es la Corte la única que puede controlar la constitucionalidad de los nombramientos a dedo por parte de Milei. El control de constitucionalidad es difuso, cualquier juez puede intervenir y, de hecho, ya sucede. El juez Alejo Ramos Padilla dio curso a una causa donde varias organizaciones pidieron una medida cautelar. Le llegó tarde, cuando García Mansilla ya había jurado ante la Corte desconociendo sus propios textos donde reivindicaba la separación de poderes. Aún así, Ramos Padilla dictó una serie de medidas y pronto tratará el fondo de la cuestión.