El anuncio del gobernador Claudio Poggi sobre una nueva Ley de Ministerios desató una nueva polémica: mientras la misma promete achicar los cargos en el Estado, crecen las denuncias por históricas designaciones discrecionales, falta de transparencia y presencia de familiares en cargos clave del Gobierno de San Luis. Según pudo confirmar El Destape, la oposición advierte que la medida “no tiene sustentabilidad” si antes no se transparenta la estructura real del gabinete.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Ernesto Alí, fue concreto en la comunicación con este medio: “La provincia tiene 23 ministerios y secretarías con rango ministerial para 540.000 habitantes, además de aproximadamente 30 organismos estatales. Es una proporción de funcionarios públicos extremadamente alta”.
Pero el punto más crítico, según el legislador, está en cómo se conformó esa estructura. “También están los contratos fuera de escala, que funcionan como funcionarios encubiertos. Hay familias enteras nombradas, incluso gente de su propia familia”, denunció. Entre los casos señalados aparece María Victoria Poggi, hija del gobernador, quien se desempeña como subdirectora de Personas Jurídicas. A esto se suma la participación de su esposa, Sandra Correa, como asesora ad honorem.
Alí también cuestionó la falta de acceso a la información pública: “Quiero que muestre los números. Él debería decir, por ejemplo, ‘vamos a reducir el 50% de los funcionarios’ en base a un número público, pero ese número no está”. Y agregó: “Una cosa es cambiar figuritas de lugar, y otra cosa es hacer un recorte”.
El reclamo apunta a la ausencia de datos oficiales que permitan conocer cuántos funcionarios y contratados tiene actualmente la administración provincial, lo que impide medir el alcance real de cualquier reforma. En paralelo, el contexto económico complejiza aún más el escenario. San Luis registra una caída en los recursos por coparticipación federal —3,44% interanual en abril y 7,14% en el primer cuatrimestre—, lo que refuerza las críticas sobre la necesidad de ordenar el gasto público.
En ese marco, el diputado nacional también vinculó la situación con el alineamiento político del mandatario con el presidente Javier Milei: “Es uno de los gobernadores más mileístas de Argentina, por más que Nación perjudique a su provincia”.
La voz de los gremios
Por otra parte, una de las primeras reacciones sobre la medida de Poggi fue desde la Asociación de Trabajadores del Estado, a través del secretario general Fernando Gatica que hizo su catarsis por la misma red social. “Si hubieran cumplido con el artículo 2 de la Ley 1164 de Emergencia económica y no hubieran llenado Terrazas de familiares y amigos y amigos de los parientes quizás les cerrarían los números. Están mintiendo y armando un relato, empezaron con la campaña 2027”, espetó.
Gatica se preguntó si la conclusión de Poggi casi a la mitad de su mandato no es el reconocimiento de que el plan económico provincial falló. “¿Quiere decir que a pesar de haber ajustado a los empleados públicos como nunca se hizo en la historia, hacerles perder más de la mitad del poder adquisitivo fue en vano?”, cuestionó.
Poggi niega el 30% de pobreza
Tras la publicación de los datos oficiales del INDEC, que ubicaron al aglomerado Gran San Luis con un índice de pobreza del 30,1% en el segundo semestre de 2025, el gobernador Claudio Poggi negó que la provincia atraviese una crisis económica y se mostró “optimista” respecto del rumbo del Gobierno nacional.
Consultado por medios locales, el mandatario descartó de manera categórica la existencia de una crisis en la provincia, aunque reconoció que no habían previsto “la caída brusca de la recaudación de los ingresos provinciales”, en un contexto económico adverso.
En este contexto, desde ATE San Luis denunciaron que los salarios del sector público se ubican por debajo de la línea de pobreza y continúan perdiendo frente a la inflación. “Los salarios de los y las estatales continúan deteriorándose mes a mes. En marzo la inflación fue del 3,4% y el valor interanual del 32,6%, mientras que el aumento salarial estatal fue solo del 28,5%. Como resultado, se profundiza la pérdida del poder adquisitivo y el nivel de endeudamiento”, señalaron en un comunicado oficial.
Según los datos difundidos, el costo de la canasta básica para no caer en la pobreza supera los $1.400.000, mientras que la línea de indigencia se ubica en $658.011. En ese marco, ATE advirtió que la situación es aún más crítica dentro del sector estatal, particularmente en el ámbito municipal, donde gran parte de los trabajadores percibe ingresos más cercanos a la indigencia que a la canasta básica.
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