El Gobierno nacional, bajo la firma de Javier Milei y Luis Caputo, envió al Congreso el proyecto de ley que busca una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Bajo la premisa de dotar a la institución de una "independencia funcional y financiera", la iniciativa propone un giro radical en las misiones y funciones de la autoridad monetaria. Según pudo saber El Destape, la propuesta tomará estado parlamentario este lunes, donde será oportunamente girada a los comisiones para su tratamiento.
Uno de los puntos neurálgicos de la reforma es el destino de los recursos del BCRA: el proyecto establece que las utilidades que resulten distribuibles solo podrán ser transferidas al Ejecutivo si existe una "manifestación de que esos fondos se destinarán exclusivamente a la cancelación de deuda pública".
Además, durante un periodo de transición, el texto dispone que los resultados derivados de la valuación de activos —como las ganancias por tipo de cambio— se pongan a disposición del Tesoro únicamente para cancelar los "adelantos transitorios" y las "letras intransferibles", que a abril de 2025 alcanzaban un valor nominal de 69.400 millones de dólares. De este modo, el BCRA se consolida legalmente como el principal respaldo para el pago a los acreedores, bajo el argumento de "sanear" un balance que el oficialismo califica como víctima de un "inmoral saqueo" en décadas pasadas.
Blindaje legislativo y la paradoja de la independencia por decreto
La reforma también endurece los mecanismos para remover a los miembros del directorio del Banco Central. El nuevo artículo 9° exige causales taxativas, como falta grave o incapacidad, pero introduce una barrera política significativa: la remoción deberá ser decretada por el Ejecutivo previa aprobación de ambas cámaras del Congreso con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes. El Gobierno justifica esta rigidez para evitar que las autoridades sean desplazadas por "resistirse a desviar la política monetaria para cumplir objetivos populistas".
Resulta paradójico que la gestión de Milei proponga este "blindaje" institucional cuando la cúpula actual del BCRA, encabezada por Santiago Bausili, no fue designada siguiendo los mecanismos regulares de acuerdo del Senado, sino que fue nombrada por decreto. El proyecto critica el régimen vigente que permitía la intervención parlamentaria mediante un "consejo no vinculante", alegando que esto privaba a la decisión de toda garantía. Sin embargo, al imponer mayorías especiales para la remoción, el Ejecutivo busca cristalizar la actual conducción técnica, dificultando cualquier cambio de rumbo por parte de futuras administraciones.
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La ley propuesta elimina el mandato múltiple que obligaba al Banco a promover el pleno empleo y el desarrollo con equidad social. Ahora, su "misión primaria y fundamental" será únicamente preservar el valor de la moneda. Este enfoque se basa en la tesis de que la inflación es "siempre y en todo lugar un fenómeno monetario". Al despojar al BCRA de sus funciones de fomento y regulación del crédito orientado, el gobierno de Milei profundiza un modelo de ajuste donde la estabilidad financiera se mide exclusivamente por la solvencia ante el mercado de deuda, ignorando las consecuencias sobre el tejido productivo y el salario de los argentinos.
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