Pese a que el Gobierno de San Luis volvió a advertir sobre una presunta caída de los recursos provenientes de la coparticipación federal para justificar el complejo escenario financiero que atraviesa la provincia, un informe elaborado en base a datos oficiales contradice esa postura y ubica a la provincia entre las jurisdicciones más beneficiadas por el reparto de fondos nacionales durante el último mes.
De acuerdo con el relevamiento, el Gobierno nacional distribuyó 7,25 billones de pesos en concepto de transferencias automáticas a las provincias, lo que representó un incremento real del 7,5% interanual y del 2,3% respecto del mes anterior. San Luis registró un aumento del 8,3% en los recursos recibidos, ubicándose como la tercera provincia con mayor crecimiento, detrás de Catamarca (10,3%) y Salta (8,8%), e igualando el desempeño de Tierra del Fuego.
Los datos contrastan con la comunicación oficial del Ejecutivo provincial, que sostuvo que la coparticipación acumulaba una caída del 1,6% en lo que va del año. Mientras el Gobierno de Claudio Poggi insiste en señalar la disminución de los ingresos nacionales, las cifras muestran que todas las provincias registraron incrementos durante el último período.
"La discusión no es cuánto ingresa, sino cómo se administra"
En comunicación con El Destape, la diputada provincial del Frente Unidad Justicialista, Silvia Sosa Araujo, apuntó contra ese diagnóstico oficial. "El Gobierno provincial ha instalado la idea de que todos los problemas económicos de San Luis son consecuencia de la caída de la coparticipación. Sin embargo, cuando se analizan los datos disponibles, se observa que la realidad es mucho más compleja", sostuvo.
Para la legisladora, el eje del debate está mal planteado. "No se puede construir un relato permanente de escasez cuando la provincia continúa recibiendo recursos importantes del régimen de coparticipación y otras transferencias. La verdadera discusión no es solamente cuánto dinero ingresa a la provincia, sino cómo se administra", planteó, y agregó: "Si pese a disponer de recursos los indicadores económicos empeoran, el problema ya no puede atribuirse exclusivamente al contexto nacional. Hay una responsabilidad política en la definición de prioridades".
Cabe destacar que el debate por la coparticipación se produce en un contexto de fuertes dificultades para el entramado productivo provincial. Según el Monitor Mensual de Empresas de Fundar, elaborado con estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, San Luis perdió 344 empresas con empleados registrados desde la asunción de Poggi, en diciembre de 2023. La caída representa un retroceso del 7,22%, superior al promedio nacional del 5,2%, y ubica a la provincia entre las más afectadas por la desaparición de unidades productivas.
MÁS INFO
La tendencia no muestra señales de recuperación: solo en marzo de 2026 la provincia registró una baja mensual del 0,26% y una caída interanual del 3,63%. A eso se suman otros indicadores: desde diciembre de 2023 San Luis perdió 4.417 puestos de trabajo registrados, cerca del 8% del empleo formal, mientras que los salarios docentes acumulan una pérdida real superior al 50%.
"Estamos frente a un modelo económico provincial que no está dando respuestas", evaluó Sosa Araujo y agregó: "Cada empresa que cierra representa familias que pierden ingresos, trabajadores que quedan sin oportunidades y menos movimiento para la economía local". "El Gobierno provincial no puede desligarse de esta situación culpando únicamente al Gobierno nacional, menos aún cuando está totalmente alineado. La Nación influye, sin dudas, pero la provincia tiene herramientas para proteger su andamiaje productivo", remarcó la responsabilidad del gobierno puntano.
Los niveles de morosidad en San Luis
El deterioro del poder adquisitivo y el creciente nivel de endeudamiento de los hogares ubican a San Luis entre las provincias más afectadas por la crisis financiera que atraviesa el país. Según el Mapa de la Deuda, elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la provincia registra una tasa de mora del 21,65%, la más alta de la región de Cuyo.
El dato refleja que más de uno de cada cinco puntanos con deudas acumula atrasos superiores a los 90 días, en un contexto marcado por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento del costo de vida y la creciente dependencia del crédito para afrontar gastos cotidianos.
El informe fue difundido en el marco de un análisis de la economista Delfina Rossi, quien advirtió que el actual modelo económico nacional combina ajuste fiscal, desregulación y un fuerte endeudamiento para afrontar los compromisos financieros del Estado.
Según el análisis, entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Nación deberá afrontar vencimientos por casi 30.000 millones de dólares de deuda externa, a los que se suman obligaciones del sector privado, las provincias y el Banco Central. Para cubrir esos compromisos, el Gobierno nacional proyecta nuevas colocaciones de deuda y privatizaciones.