El presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Cali, Colombia, luego de que la ley de inviolabilidad de la privada fuera desguazada en el Congreso. Sin diálogo con la prensa y visiblemente molesto, el Presidente desarrollará una agenda que tiene como uno de los eventos principales la bilateral con el mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.
Además el jefe de Estado mantuvo una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Del encuentro también participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Más tarde, el mandatario recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad Santiago de Cali, en un acto que se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de esa ciudad.
Por la tarde, a las 17.00 (hora argentina), Milei asistirá a la ceremonia de juramentación y asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. Finalizadas las actividades oficiales, el Presidente emprenderá el regreso al país. El vuelo presidencial partirá desde Santiago de Cali durante la madrugada del sábado, a las 4.30 (hora argentina), con destino a Buenos Aires.
La molestia de Milei por el fracaso en el Congreso
El Gobierno de Javier Milei tuvo que retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dos capítulos vinculados con la tierra y el ambiente para conseguir los votos necesarios en el Senado. Uno de ellos modificaba las restricciones a la propiedad extranjera y abría la posibilidad de una venta mucho más amplia de tierras rurales a capitales extranjeros. La legislación vigente, sancionada en 2011, establece un límite del 15% para la propiedad rural en manos extranjeras, además de restricciones por nacionalidad y superficie. El proyecto oficial buscaba eliminar esos límites, bajo el argumento de que obstaculizan las inversiones.
El otro capítulo que terminó siendo retirado estaba relacionado con la Ley de Manejo del Fuego. El texto buscaba flexibilizar las restricciones que impiden modificar el destino productivo de tierras afectadas por incendios. La normativa vigente establece períodos durante los cuales no pueden realizarse determinadas operaciones o cambios de uso del suelo después de un incendio, con plazos que llegan a 60 años para humedales y bosques nativos y a 30 años para otras áreas. La modificación generó críticas porque podía permitir que terrenos incendiados fueran posteriormente destinados a actividades productivas o inmobiliarias, eliminando una protección que busca evitar que el fuego sea utilizado como mecanismo para cambiar el destino de la tierra.
El retiro de ambos capítulos fue, en los hechos, una marcha atrás del Gobierno frente a la falta de votos y al fuerte rechazo político y social. La discusión sobre la extranjerización de la tierra había adquirido especial sensibilidad por la posibilidad de que grandes capitales extranjeros accedan sin límites a zonas estratégicas, mientras que la reforma sobre incendios fue cuestionada por el riesgo de facilitar negocios sobre tierras recientemente quemadas. Finalmente, el Senado aprobó el proyecto por 37 votos contra 33, pero sin esas dos partes centrales. El oficialismo logró así avanzar con el resto de la iniciativa, aunque dejó abierta la posibilidad de volver a discutir estos cambios más adelante.