La Cámara de Diputados debatirá este miércoles desde las 15 la reforma a la Ley de Glaciares, en una sesión donde el oficialismo confía en alcanzar una mayoría cercana a los 140 votos para su aprobación definitiva. La Libertad Avanza cuenta con el respaldo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, y sumaría además apoyos puntuales de Unión por la Patria y Provincias Unidas.
El proyecto introduce cambios de fondo en el régimen de protección ambiental vigente. El eje central es abandonar el criterio de intangibilidad absoluta para avanzar hacia un esquema de protección diferenciada, en el que no todas las áreas glaciares y periglaciares quedan sujetas a las mismas restricciones.
Un informe técnico-jurídico que analiza la iniciativa sostiene que la normativa actual impone una “prohibición total, por las dudas”, especialmente en el ambiente periglacial, sin distinguir entre zonas con relevancia hídrica y otras que no cumplen ese rol. En ese sentido, cuestiona que se limiten actividades incluso en sectores que “no actúan como reguladores del recurso hídrico”.
La reforma mantiene la prohibición de actividades en glaciares y en aquellos ambientes periglaciares que cumplen funciones hídricas clave, pero habilita la posibilidad de evaluar proyectos en otras áreas mediante estudios de impacto ambiental. Esto abre la puerta a un análisis caso por caso, en lugar de una restricción uniforme.
El documento elaborado por el estudio Franco Abogados Consultores Ambientales relativiza algunas de las advertencias más extendidas en el debate público. Señala que es “falso” que la modificación implique una desprotección generalizada o que habilite una explotación masiva de la cordillera, y afirma que la mayoría del territorio no tiene aptitud minera.
El informe también introduce un cuestionamiento técnico sobre la amplitud del concepto de ambiente periglacial en la ley vigente. Señala que este espacio “no está delimitado” con precisión y no necesariamente en su aporte al sistema hídrico. En ese marco, advierte que no todo el permafrost de montaña contiene agua relevante ni cumple funciones de regulación.
En esa línea, remarca que el Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el IANIGLA, se centró en los cuerpos de hielo identificables mediante información satelital, pero no logró medir de forma integral el ambiente periglacial. “Sería una tarea titánica”, plantea y agrega que la falta de medición detallada vuelve problemático sostener una prohibición absoluta sin discriminar niveles de impacto.
Otro de los ejes del análisis es el rol de los estudios de impacto ambiental. La reforma prevé que estos procesos queden bajo la órbita de las provincias, en línea con el dominio originario de los recursos naturales. El informe subraya que no todos los proyectos serían aprobados y que la Corte Suprema exige evaluaciones “serias y científicas”, además de instancias de participación ciudadana. Aun así, reconoce que habrá distintos resultados según el caso y la autoridad competente.
Qué es la función hídrica
El concepto de función hídrica es central en la reforma, ya que define qué zonas quedan bajo protección más estricta. Según el informe, se trata de aquellos glaciares o ambientes periglaciales que actúan como reservas estratégicas de agua o que contribuyen a la recarga de cuencas hidrográficas.
Bajo este criterio, no todos los cuerpos de hielo tienen la misma importancia. El documento advierte que el ambiente periglacial es “heterogéneo” y que no todos sus sectores contienen agua significativa. Incluso señala que glaciares de muy pequeña escala pueden carecer de impacto relevante en el sistema hídrico.
Puntos débiles y dudas
El análisis también deja abiertas una serie de interrogantes. Uno de los principales es la falta de delimitación precisa del ambiente periglacial, que reconoce no está medido ni por temperatura ni por su aporte hídrico, lo que dificulta establecer criterios claros de protección.
A esto se suma la implementación del nuevo esquema. Las evaluaciones de impacto ambiental quedarán en manos de las provincias, lo que plantea dudas sobre la uniformidad de los controles y la capacidad de equilibrar intereses económicos y ambientales.
Por último, el propio informe admite incertidumbre sobre el funcionamiento del sistema: “¿Qué pasará? ¿Cómo funcionará? Hay dudas que son legítimas”. En ese marco, el debate en Diputados no solo definirá una reforma legal, sino también el alcance de la protección ambiental en zonas clave para los recursos hídricos del país.
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