La Cámara de Diputados oficializó la convocatoria a una audiencia pública para los días 25 y 26 de marzo. El encuentro tiene como fin recibir opiniones sobre el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (N° 26.639), impulsado por el Gobierno con el objetivo de fomentar la explotación económica del ambiente periglacial.
La audiencia se llevará a cabo bajo una doble modalidad para facilitar la participación federal: una presencial el 25 en la Sala 2 del Anexo C de Diputados y otra virtual al día siguiente. En ambos días, el horario establecido es de 10 a 19 horas. La organización está a cargo de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y de Asuntos Constitucionales.
Los interesados en exponer o presentar ponencias deben inscribirse hasta el viernes 20 de marzo en la oficina 149 del primer piso del Anexo de Diputados (de 10 a 16) o vía electrónica mediante el formulario en la web de la institución (hasta las 20). Cada orador tendrá un tiempo máximo de cinco minutos. Las ponencias escritas podrán enviarse por correo electrónico a crnaturales@hcdn.gob.ar con un máximo de diez carillas en formato PDF.
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El debate de fondo
El Gobierno argumenta que la legislación vigente presenta “graves falencias interpretativas” que obstaculizaron inversiones productivas, principalmente en el sector minero donde, según el Ejecutivo, se genera inseguridad jurídica. La reforma que promueve la administración mileísta busca "ordenar el marco normativo" y “fortalecer el federalismo ambiental”. Además, busca otorgar mayor poder de gestión sobre los recursos a las provincias.
La ley vigente, sancionada en 2010, define a los glaciares como reservas estratégicas de recursos hídricos y prohíbe las actividades que puedan afectar su condición natural, entre ellas la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura no vinculada a fines científicos. En este contexto, sectores de la oposición, representados por figuras como Juan Grabois, reclaman que se asegure la participación de las comunidades indígenas de las cuencas afectadas en este nuevo debate.
La audiencia se fundamenta en el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que garantiza el acceso a la información y la participación pública en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Todas las ponencias y presentaciones serán publicadas posteriormente en el sitio web oficial de la Cámara de Diputados.
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