En medio del crecimiento del endeudamiento de los hogares y de las dificultades para afrontar pagos de tarjetas de crédito y préstamos personales, el legislador Leandro Santoro presentó en la Legislatura porteña un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal en la Ciudad de Buenos Aires.
La iniciativa, impulsada por el bloque Fuerza por Buenos Aires, propone ofrecer mecanismos de refinanciación para que familias con dificultades económicas puedan reorganizar sus deudas mediante créditos con tasas de interés más bajas y plazos de pago más extensos. Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es reducir la presión financiera sobre los hogares, evitar situaciones de mora prolongada y permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y previsibilidad económica.
La propuesta establece que el Banco Ciudad y las entidades financieras privadas que decidan adherirse podrán otorgar créditos destinados específicamente a cancelar y refinanciar deudas preexistentes.
Estos préstamos tendrían una Tasa Nominal Anual (TNA) fija máxima del 35% y un plazo mínimo de devolución de 24 meses, condiciones que resultarían significativamente más favorables que las disponibles actualmente en gran parte del mercado financiero. La intención es que los beneficiarios puedan reemplazar pasivos de alto costo, como saldos de tarjetas de crédito o préstamos personales, por financiamiento más accesible y sostenible en el tiempo.
Quiénes podrán acceder al beneficio
El proyecto está dirigido a grupos familiares cuyos ingresos no superen el equivalente a diez Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Además, para acceder al programa, las deudas financieras deberán representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
La iniciativa también pone el foco en personas que registren atrasos de entre 60 y 180 días en sus obligaciones financieras. Según explican sus impulsores, se trata de un segmento especialmente vulnerable, ya que corre riesgo de quedar excluido del sistema financiero formal o enfrentar procesos de ejecución y embargo. Al mismo tiempo, el texto contempla criterios para garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. Por ese motivo, quedarían excluidas aquellas personas que cuenten con patrimonio suficiente para cancelar sus obligaciones sin recurrir al programa.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la participación de entidades financieras privadas. Para fomentar su adhesión, el proyecto prevé una reducción del 50% en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicado a los intereses generados por los créditos otorgados dentro del programa.
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