Nominan a María Laura Garrigós de Rébori como interventora del Servicio Penitenciario Federal

La exjueza y referente de Justicia Legítima será nombrada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios desde donde ejercerá la intervención del SPF. Es la primera mujer que estará a cargo de esa institución.

10 de junio, 2020 | 18.38

La exjueza María Laura Garrigós de Rébori, la primera presidenta de Justicia Legítima (JL), será designada subsecretaria de Asuntos Penitenciarios desde donde ejercerá la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), un cargo clave que había provocado tensión interna en el gobierno. Es la primera mujer que formalmente estará al frente de esa institución. 

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El nombramiento de la exintegrante de la Cámara Nacional de Casación Penal  -se jubiló en 2018- se conoce luego de que el SPF quedara en la mira judicial en la causa por espionaje ilegal que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Este miércoles, en el marco de este expediente, se allanó el Complejo Penitenciario de Ezeiza, por ejemplo. Con su postulación, el presidente Alberto Fernández replica el modelo de intervención de la Agencia Federal de Inteligencia. Allí, Fernández designó a la fiscala Cristina Caamaño, actual presidenta de JL. 

La subsecretaría en la que recalará Garrigós de Rébori estaba vacante. Es el cargo que en tiempos de Macri llegó a ejercer el actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, acusado de ser uno de los impulsores del Lawfare. Un sector quiso nombrar allí a Emiliano Blanco, Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal desde 2014 hasta hace pocos días pero el ala kirchnerista puso fuertes reparos ya que consideraba que bajo su gestión durante el macrismo fue funcional a la persecución política de opositores. De hecho, Blanco presentó su renuncia recientemente cuando empezó a avanzar la causa de Lomas de Zamora donde se investiga a una organización criminal con terminales en distintos organismos estatales. Por eso, Garrigós tendrá a su cargo la intervención del SPF.

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El Presidente había adelantado este miércoles en declaraciones a Radio10 que intervendría el Servicio Penitenciario ante las denuncias de presunto espionaje ilegal perpetrado en unidades penales como la de Ezeiza, durante el gobierno de Mauricio Macri. Sus palabras coincidieron con el operativo en esa cárcel, donde están detenidos los llamados “presos K”.

Garrigós de Rébori tiene 40 años de trayectoria en el Poder Judicial y estará a cargo de la intervención del SPF cuando se empieza a desbaratar la persecución arbitraria contra distintos dirigentes que se impartió durante el macrismo.

Según pudo reconstruir este medio, cuando fue a reconocer las pruebas del espionaje en su contra, este lunes, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó sorprendida con los elementos que comprometen al SPF. En el marco de esa causa que impulsa el juez Federico Villena y la fiscala Cecilia Incardona, donde hay agentes de la AFI y de distintas Fuerzas de Seguridad imputados, se habían realizado allanamientos en dependencias del servicio.   

El 27 de mayo, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas de Zamora retiró mucho material tanto en papel como digital. “Cómo puede ser que desde el Servicio Penitenciario Federal se llevaron acciones lesivas a los Derechos Humanos. Y se están poniendo en cabeza de funcionarios que todavía seguían prestando funciones en este gobierno. Tenemos que estar muy atentos de la manera de cómo esta gente mafiosa se va reconvirtiendo”, afirmó en declaraciones a C5N el abogado Carlos Beraldi, quien acompañó a Cristina en la audiencia para reconocer las pruebas del espionaje ilegal en su contra.

Con la postulación de Garrigós de Rébori, Fernández reedita el modelo de gestión de la AFI. Ubica al frente de una dependencia estratégica a una mujer vinculada al mundo judicial y a Justicia Legítima. El objetivo parece claro: hacer orden en un lugar que en los últimos 4 años estuvo estrechamente relacionado con los sótanos de la democracia.

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