La Cámara Federal de Casación Penal desestimó la denuncia penal impulsada por las autoridades del Hospital Garrahan contra trabajadores que participaron de las protestas realizadas durante el conflicto gremial del año pasado. Desde la Junta Interna de ATE celebraron la resolución judicial.
Según informó la Junta Interna de ATE Garrahan mediante un comunicado, el secretario general del gremio, Alejandro Lipcovich, sostuvo que "la Cámara Federal de Casación Penal desestimó la denuncia que las autoridades del hospital llevaron adelante contra los trabajadores del Garrahan" y prosiguió: "Es la tercera instancia judicial que rechaza la postura de los funcionarios gubernamentales, que buscaba criminalizar las protestas que realizamos el año pasado".
El dirigente recordó que el hospital atravesó "un gran conflicto durante más de seis meses de 2025", con paros y movilizaciones en rechazo al congelamiento salarial y a la reducción de personal producto de renuncias y jubilaciones que, según afirmó, no fueron reemplazadas con nuevas incorporaciones. Lipcovich aseguró que el conflicto concluyó con un incremento salarial del 61% y afirmó que, tras ese acuerdo, comenzó una ofensiva contra dirigentes sindicales y otros trabajadores del hospital.
ATE denunció una persecución contra dirigentes gremiales
Lipcovich afirmó que esa ofensiva incluyó un sumario administrativo contra referentes sindicales y una denuncia penal vinculada a una de las movilizaciones realizadas en rechazo a los descuentos salariales. "Ese planteo fue rechazado categóricamente por la Cámara", remarcó. Además, agregó que "el rechazo de la justicia federal al planteo criminalizador de nuestras protestas es un golpe a un ataque decidido al más alto nivel del Poder Ejecutivo". "En febrero, fue el propio Manuel Adorni quien anunció mi despido y el de 10 compañeros más, además de 29 suspensiones, anticipando el resultado de un sumario que hasta el día de hoy no concluyó formalmente", recordó.
El dirigente también cuestionó la continuidad del proceso administrativo y sostuvo: "A esta altura de los acontecimientos, la conclusión es obvia: no hay fundamento alguno para que estos sumarios sigan en pie. Pocos meses después de anunciar irregularmente las sanciones a trabajadores del Garrahan, Adorni está fuera del Gobierno enchastrado por corrupción; ni siquiera la Justicia avala los planteos de Lugones y las autoridades. ¿Qué más falta para que terminen con esta farsa?".
Por su parte, el secretario adjunto de la Junta Interna de ATE Garrahan, Gerardo Oroz, señaló que, pese a la decisión judicial, el sumario administrativo continúa abierto. "A pesar de la contundencia de los hechos, que muestran que este sumario no tiene ni pies ni cabeza, lo cierto es que el trámite continúa, y pesa sobre nosotros la amenaza de los despidos y las suspensiones", afirmó.
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