El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires formalizó el envío de un proyecto de ley para modificar el Presupuesto 2026, solicitando una ampliación de más de $2,6 billones. La medida, firmada por Jorge Macri, reconoce la necesidad de adecuar los créditos debido a que la evolución de la inflación superó las expectativas contempladas al momento de sancionarse la ley original. De esta forma, el proyecto evidencia que la inflación esperada para este año será de al menos un 27%, casi el triple de la que pautó Javier Milei en el presupuesto nacional, lo que denota un fracaso de la política desinflacionaria del gobierno nacional.
Al igual que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires confecciona su presupuesto basándose en las proyecciones macroeconómicas del gobierno nacional para garantizar la consistencia en el ordenamiento de las finanzas públicas. Este pedido de ampliación se debe a que, mientras que el Ejecutivo Nacional cuenta con mecanismos de readecuación directa ante cambios en el escenario económico, la administración de Jorge Macri debe requerir por ley la autorización de la Legislatura para modificar sus créditos presupuestarios. Esta obligación legal es la que fuerza el actual "sinceramiento" de los números porteños ante el desfasaje de la inflación real respecto a la pauta original. La readecuaciçon le permitirá a la Ciudad afrontar gastos como la paritarias.
De acuerdo con el mensaje que acompaña el proyecto, los datos del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad (IPCBA) muestran que solo en marzo la inflación fue del 3%, acumulando un 8,9% en el primer trimestre y una variación interanual del 32,1%. Bajo este escenario, el Ejecutivo admite que ya en el mes de abril la inflación acumulada superará la estimación anual establecida inicialmente en el presupuesto vigente.
Desde la oposición, la presidenta del bloque de legisladores Fuerza por Buenos Aires, Claudia Neira, señaló que este pedido de fondos extra representa un cambio drástico en las metas oficiales. “El proyecto de ampliación presupuestaria presentado por el Ejecutivo de la Ciudad corrige la pauta de inflación anual al 27%”, sostuvo la titular del principal bloque de la oposición. Para Neira, la decisión de la administración porteña marca una distancia con el discurso de la Casa Rosada: “Parece que Jorge Macri decidió sincerar los números, pese a que Javier Milei diga que la inflación se ‘desplomará’ en el segundo semestre”.
Para llegar a este ajuste hay que recordar la pauta original del 10,1% para 2026 sobre el presupuesto del 2025. Ahora se solicita una ampliación del 15,5% sobre ese monto ya incrementado. En consecuencia, el aumento total respecto al punto de partida original termina consolidándose en un 27,1%, cifra que se convierte en la nueva "pauta real" de gastos que proyecta la Ciudad para este ejercicio.
La ampliación de los créditos presupuestarios es de $2.683.620.029.902 y además de tener la firma del Jefe de Gobierno también tiene las del Jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny y el ministro de Hacienda, Gustavo Arengo Piragine. Según la iniciativa presentada el viernes pasado, los fondos se concentrarán en áreas críticas para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Se asignarán $950.627.191.364 adicionales en "Gastos en Personal" para cubrir el impacto de la inflación sobre los acuerdos paritarios. A su vez, se incorporan $733.224.866.903 a "Servicios no Personales" para el mantenimiento del espacio público, limpieza y seguridad. Mientras que "Obra Pública" recibirá $286.767.468.566 para bienes de uso, reparaciones y equipamiento y "Servicio de la Deuda" tendrá un incremento en $160.681.659.454 para el pago de intereses y amortizaciones debido al impacto del tipo de cambio proyectado.
Para financiar este incremento del gasto, el Ejecutivo porteño estima una mayor recaudación tributaria local de $1,59 billones, impulsada principalmente por Ingresos Brutos y el Impuesto de Sellos. Además, se contemplan transferencias del Gobierno Nacional por $750.636.087.478, vinculadas fundamentalmente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia por la deuda de coparticipación federal. El proyecto también incluye la actualización de las Unidades de Compra (UC) y Unidades de Multa (UM) a un valor de $550.
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