Elon Musk: el nuevo titiritero en la Casa Blanca

05 de febrero, 2025 | 00.05

Un asesor estrella se torna figura central en los primeros días del gobierno. Su influencia por momentos parece opacar, incluso, la del propio presidente. El poder que ejerce lo pone por encima de varios ministros y tiene una oficina a tiro del despacho del primer mandatario, pero en los papeles figura apenas apenas un colaborador informal, que no debe rendir cuentas ni puede ser interpelado por el Poder Legislativo. Podríamos estar hablando del monotributista Santiago Caputo pero en realidad es una descripción del desembarco de Elon Musk, la persona más rica de la historia, en la segunda administración Trump.

El lunes por la tarde la Casa Blanca confirmó que Musk es un “empleado especial del gobierno” y no un funcionario, por lo que está sometido a normas más laxas en lo que hace a conflicto de intereses, a pesar de que para asumir ese cargo el empresario no renunció a su rol como CEO de empresas que tienen contratos multimillonarios con el Estado. Por tratarse de un trabajo ad honorem, tampoco deberá hacer pública su declaración jurada. Exactamente igual que Caputo. Como advertimos en El Destape en noviembre del año pasado, la Argentina se convirtió en el laboratorio de la ultraderecha global.

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En este caso el experimento tiene que ver con tomar a la democracia por asalto pero sin romper las reglas, sino simplemente aprovechando grises legales y puntos ciegos del sistema. Aunque con facultades extraordinarias, el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que encabeza no es siquiera un “departamento”, que en el organigrama yanqui equivale a un ministerio argentino, sino que es, en los papeles, un órgano de menor nivel. De esta forma el empresario, que aportó 250 millones de dólares a la campaña de Trump, evita el trámite de responder preguntas de una comisión de senadores y tener que juntar votos para ser nombrado.

Desde que asumió con la promesa de hacer recortes por varios billones de dólares el monotributista Musk puso el ojo en las transferencias sociales y pagos del gobierno federal a organizaciones en Estados Unidos y en el extranjero. Con la excusa de supuestos fraudes y de transferencias a “grupos terroristas” que no están en ningún caso documentadas intentó interrumpir el financiamiento de unos 2000 programas federales previsto por el presupuesto, que a su vez ya había sufrido otros recortes anteriormente por la presión del dueño de X durante su tratamiento en el Congreso. Amo y señor de una democracia que sólo conserva su nombre.

Un juez bloqueó la decisión de congelar esos fondos porque el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de frenar gastos aprobados por el Legislativo. Horas más tarde, personal delegado directamente por Musk se presentó en el Departamento del Tesoro (equivalente al ministerio de Economía) para exigir acceso al sistema desde donde se ejecutan los pagos para frenarlos. El funcionario de carrera de más alto rango, David Lebryk, renunció a su puesto por negarse a detener las transferencias. El mismo sistema, además, es el que ejecuta los pagos a proveedores del Estado, como son sus propias empresas y las de sus competidores.

La tropa de Musk también tomó por asalto la Oficina de Gestión de Personal, el centro de recursos humanos de todo el gobierno federal. Puso a cargo a Amanda Scales, exempleada de la empresa de inteligencia artificial de su emporio, xAI, y a Brian Bjelde, exejecutivo de recursos humanos en su empresa de exploración espacial SpaceX. Lo mismo hizo en la Administración de Servicios Generales, que tiene a cargo nada menos que la contratación de proveedores tecnológicos, por ejemplo, además del control de los inmuebles del Estado. Allí está a cargo Thomas Shedd, un ingeniero proveniente de Tesla.

Lo más llamativo es el protagonismo de seis hombres de entre 19 y 24 años de edad que actúan como lugartenientes de Musk en el DOGE. Una investigación periodística de la revista Wired da cuenta de que todos ellos están vinculados con empresas de Musk o de otro de los tecnobarones de Silicon Valley estrechamente vinculado al gobierno republicano: Peter Thiel. Cuentan con autorizaciones de máximo nivel para acceder a todos las oficinas pero también a todos los sistemas y responden directamente al supermillonario. “Musk no puede hacer y no va a hacer nada sin nuestra aprobación”, se vio obligado a aclarar Trump en una conferencia.

“Lo que estamos viendo no tiene precedentes porque se trata de actores que no son realmente funcionarios públicos con acceso a la información más sensible del gobierno”, le dijo a esa revista el profesor de políticas públicas de la Universidad de Michigan Don Moynihan. “Tenemos poco control sobre lo que está pasando. El Congreso no puede intervenir y monitorear lo que sucede simplemente porque no son funcionarios públicos que deben rendir cuentas. Esto se siente como una toma hostil de la maquinaria de los gobiernos por parte del hombre más rico del mundo”, agregó. Su próximo objetivo es el ministerio de Educación.