En medio de los cuestionamientos de los gremios y otros sectores a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, una nueva encuesta reveló que los argentinos quieren cambios en el mercado laboral, pero una gran parte rechaza la iniciativa del Gobierno nacional. Según el último relevamiento de la consultora QMonitor, un 58% de los encuestados está de acuerdo con impulsar cambios en el sistema. Sin embargo, un 41% no se encuentra a favor de lo planteado por la administración de La Libertad Avanza (LLA).
Bajo la consigna de “modernizar” las leyes laborales, el proyecto abarca tres ejes principales: recorta derechos adquiridos, amplía la discrecionalidad empresarial y limita el accionar sindical, y desfinancia la seguridad social. El objetivo de fondo, advierten especialistas, es una mayor precarización, aun cuando la evidencia histórica y reciente muestra que la creación de empleo depende centralmente del nivel de actividad económica y no de la flexibilización de las normas laborales.
Qué dice la última encuesta sobre la reforma laboral de Milei
Los resultados del trabajo evidencian que el apoyo al proyecto que busca aprobar Milei en el Congreso llega al 42%, mientras que el rechazo (poco o nada de acuerdo) alcanza el 41%, con un alto nivel de indecisos (18%). De hecho, el informe, que tomó 1.057 casos efectivos y presenta un error muestral de +/- 3,1, reveló que la necesidad de cambio está directamente vinculada a la falta de trabajo registrado: el 61% de los argentinos considera que la reforma es necesaria para destrabar la creación de empleo registrado. Un 45% de los encuestados la define como "muy necesaria" y un 16% como "bastante necesaria", frente a un 35% que se muestra escéptico y descree de la capacidad de estas medidas para formalizar el mercado de trabajo.
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No obstante, al indagar sobre quiénes serían los grandes ganadores de este nuevo escenario legal, la percepción de los argentinos es contundente: el 36% identifica a las empresas como las principales beneficiadas si se aprueba la reforma. En tanto, un 29% cree que el mayor impacto positivo será para los trabajadores que hoy están en la informalidad, superando con creces a quienes piensan que favorecerá a los que ya tienen empleo en blanco (7%) o a quienes están en la búsqueda activa de trabajo (13%).
En ese marco, la percepción sobre el poder de las empresas está partida a la mitad, ya que el 41% cree que tienen "demasiada libertad" para contratar y despedir, mientras que el 40% opina que tienen "poca libertad". Pese a que la mayoría ve a las compañías como las grandes ganadoras, el 43% cree que la reforma atraerá más inversiones al país, superando al 36% que cree que no tendrá un impacto económico positivo
Fondo de Cese Laboral: un 49% de los argentinos se muestra en contra
Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la sustitución del sistema de indemnizaciones por un Fondo de Cese Laboral. Según los datos del relevamiento realizado entre el 1 y el 18 de noviembre, un 49% de la población se muestra en contra de esta modificación, con un 30% que manifiesta no estar "nada de acuerdo" con el cambio. Por su parte, esta propuesta cosecha un apoyo del 41% (integrado por un 19% "muy de acuerdo" y un 22% "bastante de acuerdo"), quienes ven en este esquema una forma de otorgar previsibilidad a las empresas y garantizar un cobro seguro al trabajador.
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Para quienes pierdan su empleo, la tradicional compensación —meses de salario por año trabajado— quedaría reemplazada por un sistema de acumulación previa de aportes. Además, el cálculo indemnizatorio se ajustaría para excluir componentes clave: no se contaría el aguinaldo, las vacaciones —o bien se los descontaría de la base de cálculo—, ni otros pagos extraordinarios, bonificaciones o sumas no remunerativas.
En los hechos, estas modificaciones representan una fuerte rebaja en los montos que recibiría un trabajador despedido, al mismo tiempo que flexibilizan para el empleador la posibilidad de reestructurar —o desarmar— equipos sin afrontar un costo elevado. El borrador también prevé que las indemnizaciones puedan ser pagadas en cuotas cuando las empresas no tengan liquidez, un alivio empresarial a costa del trabajador.
Fin de los convenios colectivos: tajante oposición a una nueva estructura de negociación
Otros de los ejes más polémicos de la reforma busca intervenir directamente en la estructura de los convenios colectivos, proponiendo un cambio de raíz en la negociación laboral. El proyecto apunta a limitar la llamada "ultraactividad", estableciendo que, una vez vencido un convenio, solo se mantendrán vigentes las cláusulas normativas relacionadas con las condiciones de trabajo, mientras que las obligacionales quedarían sin efecto salvo acuerdo entre las partes.
Esta intención de descentralizar el poder de negociación se complementa con una medida trascendental: permitir que los convenios particulares por empresa prevalezcan sobre los de ámbito mayor, incluso si estos últimos son posteriores. Esta propuesta toca una fibra sensible en la opinión pública y refleja una sociedad dividida: mientras un 41% avala que los acuerdos directos entre empresa y empleados tengan más peso para ganar flexibilidad, un 47% se opone tajantemente, manifestando el temor a una pérdida de poder de negociación sindical y una posible eliminación de los derechos colectivos.
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