El Gobierno oficializó una nueva actualización de los aranceles del sistema de prestaciones para personas con discapacidad, con un incremento del 2,60% para el mes de mayo de 2026. Si bien la medida busca alinear los pagos con el ritmo inflacionario reciente, desde el sector advierten que este ajuste resulta insuficiente. La principal preocupación radica en que, aunque se reconozca la inflación del mes anterior, no se tiene en cuenta la masiva pérdida de poder adquisitivo acumulada debido a los congelamientos de aranceles dispuestos en los primeros años de la gestión actual.
“Van atrás siempre. Aunque se aumente por mes por IPC no llegan a cubrir los costos operativos”, aseguró a El Destape la actriz y referente del sector de discapacidad Valentina Bassi, quien detalló que las deudas se acumulan con las instituciones por falta de pago de la compensación. También denunció que obras sociales y prepagas “aprovechan la falta de control” para demorar los pagos.
Este incremento impacta en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral para Personas con Discapacidad y alcanza a una amplia variedad de servicios esenciales. Entre los beneficiarios del nuevo nomenclador se encuentran transportistas, acompañantes terapéuticos, centros de día, hogares, instituciones educativas y servicios de rehabilitación, además de diversos profesionales independientes que trabajan dentro del esquema oficial.
Un ajuste que corre de atrás a la inflación acumulada
El criterio utilizado para este aumento se basó estrictamente en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de abril de 2026, aplicándose de manera uniforme para todos los tipos de prestaciones sin distinciones. Sin embargo, la brecha económica sigue siendo el eje del conflicto: según datos oficiales del propio sector, la pérdida real frente a los costos supera el 40%. Esta situación se originó por la falta de actualización y el congelamiento previo de los valores de referencia, una política que dejó a muchos prestadores al borde del colapso financiero.
A pesar del anuncio de este ajuste mensual, los prestadores y las familias de personas con discapacidad sostienen que la medida no logra compensar el atraso histórico de los aranceles. Advierten que los salarios, los insumos médicos y, muy especialmente, los costos de transporte subieron muy por encima de los porcentajes otorgados por el nomenclador en los últimos años. En este contexto, el reconocimiento de la inflación actual se percibe más como un "techo" que como una solución de fondo a la crisis de financiamiento que atraviesa el sistema.
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