Revocan el fallo que consiguió para no jubilarse la jueza Gómez Alonso, titiritera del caso Correo en beneficio de Macri

El exPresidente pierde a su principal aliada en el expediente donde está en juego la multimillonaria deuda de su familia con el Estado.

27 de diciembre, 2021 | 20.17

María Lilia Gómez Alonso, la jueza que manejó los hilos del caso Correo Argentino durante más de 15 años, deberá jubilarse. Había logrado un fallo que le habilitó quedarse en el cargo luego de los 75 años, el plazo que marca la Constitución y que cumplió el pasado 17 de noviembre. Pero esa decisión fue revocada. Mauricio Macri se queda sin su aliada principal en el letargo récord de este expediente donde se discute la multimillonaria deuda de su familia con el Estado.

Jueza desde mayo de 1982, Gómez Alonso llegó a la Sala B de la Cámara Comercial en 1988. Es el cargo que tenía hasta hoy. Su argumento para aferrarse a ese sillón era que se le aplique el fallo que logró Carlos Fayt, que se quedó en la Corte Suprema hasta los 98 años. Para eso demandó al Estado y pidió que no se le aplique la reforma constitucional de 1994, específicamente del artículo que establece que los jueces duran en sus cargos hasta los 75 años. Si quieren permanecer en su asiento deben pasar por un nuevo nombramiento de 5 años. Gómez Alonso ya pasó esa edad y no hay ningún pedido para que se le renueve el cargo.

Tal como anticipó El Destape, los últimos antecedentes le jugaban en contra. El caso de Leopoldo Schiffrin, donde la propia Corte revirtió lo dicho en el caso Fayt y dijo que el límite que puso la reforma de 1994 es de plena aplicabilidad; y el de la jueza de la Cámara de Casación Liliana Catucci, que intentó el mismo camino, fracasó y tuvo que jubilarse hace poco. En el Gobierno confiaban en que primarían esos argumentos. Así fue.

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Gómez Alonso, que integra la Sala B de la Cámara Comercial, puso como abogados suyos al estudio Cassagne, pieza fundamental del armado jurídico de los negocios durante el macrismo. Y había logrado el amparo de parte del juez Pablo Cayssials, el mismo que anuló la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley audiovisual, que tuvo a su vez una de las demandas de los Macri contra el Estado por el Correo y que fue clave para lograr en su momento el desplazamiento de Alejandra Gils Carbó.

Ahora, según informó el portal Palabras del Derecho, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa (el fuero donde se litiga contra el Estado) revocó la decisión del juez Cayssials. Los camaristas que firmaron el fallo fueron Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani. Los camaristas Treacy y Gallegos Fedriani escribieron que “es ineludible tener en consideración las conclusiones expuestas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Schiffrin, Leopoldo Héctor” donde, al revocar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, sostuvo que correspondía dejar de lado la doctrina del caso Fayt”.

Esta decisión tendrá impacto inmediato en la vida de la jueza y en el caso Correo. Gómez Alonso tenía que votar pronto respecto de la situación de quiebra de Correo Argentino. La casualidad temporal no despeja la obvia razón que quería (o la empujaban a quedarse): mantener su favoritismo con los Macri. Gómez Alonso comparte la Sala B con Matilde Ballerini, que siempre siguió sus directivas y que también está próxima a la jubilación. Hace poco llegó a esa Sala Guadalupe Vázquez para completar el trío de camaristas y ya falló el primer intento de los Macri para que no intervenga en el expediente Correo.

Con Gómez Alonso afuera Macri pierde a su operadora en ese expediente y quedan las camaristas Ballerini y Vázquez para resolverlo. En síntesis: Macri perdió un alfil, aunque puede recuperarlo si Ballerini y Vázquez no se ponen de acuerdo y tienen que llamar a un tercer juez que desempate. En el fuero Comercial el ex presidente también tiene más amigos.

¿Quién es la camarista Gómez Alonso?

Para empezar no es un nombre que pase desapercibido en la política judicial. Es más, llegó a a presidenta de la Asociación de Magistrados, uno de los poderosos arietes del conservadurismo judicial. Fue la primera mujer en lograrlo.

Este medio reveló que Gómez Alonso visitó la Casa Rosada en plena ebullición del caso Correo. Fue el 12 de septiembre de 2018 y se reunió con Pablo Clusellas, el Secretario Legal y Técnico, integrante de la Mesa Judicial de Cambiemos, histórico gerente SOCMA y uno de los funcionarios más cercanos a Macri. No hay ninguna justificación para esa reunión. Por entonces, Gómez Alonso presidía la Asociación de Magistrados, una de las asociaciones civiles que reúne funcionarios judiciales. Sin embargo, no hay ningún nexo entre esa función y la Secretaría Legal y Técnica que comandaba por entonces Clusellas. El vínculo institucional entre la Asociación y el Gobierno era y es a través del Ministerio de Justicia.

Por esos días los Macri insistían con desplazar a la fiscala Gabriela Boquin, que frenó la condonación de más de 70.000 millones de pesos; la familia del presidente había hecho una nueva propuesta que en los hechos implicaba que les perdonen la deuda; y el propio Macri preparaba los decretos para dar por cerrada la investigación interna sobre los funcionarios que ejecutaron esa maniobra para beneficiar a su familia. La letra de esos decretos estaba en manos de Clusellas, quien se juntó con la jueza Gómez Alonso.

La hija de la jueza, Agustina, trabajaba con el ministro de Justicia Germán Garavano hasta que la premiaron con un cargo de jueza en un procedimiento plagado de irregularidades. El hoy fallecido esposo de la jueza era Héctor “Negro” Díaz Cordero, conocido operador judicial en materia comercial. Parecía un negocio familiar. Cuando falleció, la rutina García Lupo de leer los avisos fúnebres de La Nación reveló su arco de relaciones, incluidos buena parte del funcionariado macrista.

En tribunales hay un dicho: sos el abogado que elegís. En el caso de Gómez Alonso optó por el estudio Cassagne. No es un dato menor: los Cassagne fueron uno de los estudios de la city con mayor influencia durante el gobierno de Macri. En su edición de agosto de 2016 revista Apertura los describió así: “El ‘movedizo’ -al decir de un competidor- Ezequiel Cassagne gastó suela en los pasillos de la Casa Rosada, el Palacio de Hacienda y Cancillería, involucrado en la elaboración de la ley de Participación Público Privada (PPP). Sancionada en diciembre, se reglamentó en marzo. Hoy, Cassagne Abogados trabaja en 20 proyectos de inversiones privados, en fase de pre-factibilidad y factibilidad, dice. El estudio, también, asesora al Gobierno porteño y otros distritos en este tema”. O sea, le armaron el esquema al gobierno de Macri y luego tuvieron como clientes a las empresas que se beneficiaron de ese mismo esquema.

Máximo Fonrouge, uno de sus socios principales, presidió alternativamente el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y la ONG Será Justicia -que usaban como sello de goma-, desde las cuales operativizaron buena parte de las presiones y jugarretas judiciales contra el kirchnerismo. Y el abogado que lleva el caso de Gómez Alonso es Pablo Sanabria, otro de los socios que además fue funcionario durante el gobierno de Macri en el PAMI y en la Unidad de Información Financiera (UIF).

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