El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno tras asegurar que cientos de trabajadores estatales no pudieron acceder a créditos del Banco Nación. Según planteó, existe un trato desigual en comparación con funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), a quienes se les habrían otorgado montos significativamente superiores.
A través de un mensaje en redes sociales, Aguiar sostuvo: “¡Ahora! 714 estatales pidieron créditos en el Nación y rechazaron la mayoría”.
El dirigente sindical remarcó que, según los datos que maneja el gremio, los préstamos ofrecidos a trabajadores del Estado estuvieron muy por debajo de los montos que habrían recibido funcionarios del oficialismo. "Ofrecieron hasta 10 veces menos que a funcionarios de LLA", aseguró. En ese sentido, afirmó que “los créditos que le dieron a los funcionarios libertarios no están disponibles para nadie más”, lo que, según su interpretación, evidencia una política de privilegios.
Uno de los puntos más fuertes del planteo de Aguiar tiene que ver con la comparación de montos. Según detalló, un trabajador del PAMI con un salario de más de dos millones de pesos “apenas calificó para un crédito de 55 millones”. En contrapartida, aseguró que a funcionarios vinculados al oficialismo "les otorgaron más de $420 millones", lo que representa una diferencia abismal en términos de acceso al financiamiento. "Los montos ofrecidos a los trabajadores son ínfimos" insistió el titular de ATE, reforzando la idea de un esquema desigual.
Rechazos exprés a las solicitudes
El dirigente también denunció irregularidades en el proceso de evaluación. "En algunos casos les negaron los préstamos apenas 1 minuto después de iniciar el trámite”, afirmó, atribuyendo esas decisiones a la modalidad de contratación de muchos empleados públicos. Según explicó, la falta de estabilidad laboral habría sido utilizada como argumento para rechazar solicitudes, lo que deja afuera a una gran cantidad de trabajadores estatales.
Además, cuestionó las exigencias impuestas: "Se tuvo que informar si existen deudas, los gastos en tarjetas de crédito, préstamos, pago de servicios”, entre otros requisitos financieros. De acuerdo a su versión, estas condiciones no se habrían aplicado con el mismo rigor a funcionarios oficialistas. Incluso mencionó el caso de "una diputada oficialista que se encontraba no sólo embargada, sino también procesada por la Justicia”.
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