Cuándo es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras del 6 de agosto

La convocatoria para marchar al Congreso este jueves 6 de agosto comenzó a multiplicarse en todo el país durante los últimos días. La protesta, que comenzará a las 12 horas, busca rechazar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica la Ley de Tierras y otras normas vinculadas a la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos y la Ley de Manejo del Fuego.

Si bien este miércoles el Gobierno retiró el capítulo de la Ley de Tierras para la sesión del jueves en el Senado, la movilización se mantendrá en rechazo a esta iniciativa que tiene el Gobierno y a otras normas. Mientras el Oficialismo sostiene que los cambios buscan brindar mayor seguridad jurídica y atraer inversiones, las organizaciones convocantes advierten que la reforma podría favorecer la concentración de tierras y la extranjerización de recursos estratégicos.

“No podemos dejar que esta iniciativa avance. La soberanía nacional nunca estuvo tan comprometida como hoy y debemos salir a la calle a defenderla. Pretenden regalar la Argentina al mejor postor. Quieren vender provincias enteras”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Y agregó: "No es verdad que con esta iniciativa se puedan atraer inversiones o favorecer a los productores agropecuarios. Si se aprueba una norma de esta característica, el único resultado será tierra arrasada y miseria”.

¿Cuándo es la marcha contra la reforma de la Ley de Tierras?

La movilización fue convocada para el jueves 6 de agosto desde las 12 horas, frente al Congreso de la Nación, pese a que el Senado finalmente no debatirá sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que introduce modificaciones sobre el régimen de tierras rurales y otras normas vinculadas al derecho de propiedad.

La convocatoria reúne a organizaciones ambientales, territoriales, sociales, sindicales y referentes de distintos espacios que consideran que el proyecto implica cambios de alto impacto sobre el acceso y la protección de la tierra.

Qué busca cambiar el Gobierno en la reforma de la Ley de Tierras

Uno de los aspectos más discutidos del proyecto es la modificación de la Ley de Tierras, sancionada en 2011 para establecer límites a la adquisición de campos por parte de personas y empresas extranjeras.

La legislación vigente dispone que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, porcentaje que también rige para cada provincia y municipio. Asimismo, fija un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola, o su equivalente en otras regiones, para un mismo propietario extranjero.

La iniciativa impulsada por el Gobierno elimina esos topes. De aprobarse, ya no existiría un porcentaje máximo de tierras rurales en manos extranjeras ni un límite de superficie para un mismo comprador.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma pretende fortalecer la seguridad jurídica y generar condiciones más favorables para las inversiones. En cambio, las organizaciones convocantes afirman que los cambios podrían facilitar la concentración de grandes extensiones de tierra en manos de capitales extranjeros y reducir los mecanismos de control sobre recursos considerados estratégicos.

Expropiaciones, desalojos y manejo del fuego

El proyecto también propone modificaciones en otras normas. Entre ellas, introduce cambios en la Ley de Expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda recuperar bienes declarados de utilidad pública.

Además, plantea acelerar procesos de desalojo y modificar la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que en la actualidad impiden cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante un período determinado. Esa legislación fue creada para desalentar incendios intencionales con fines inmobiliarios, agropecuarios o comerciales.

La jornada del 6 de agosto será determinante para el futuro del proyecto. Si el oficialismo consigue reunir los votos necesarios en el Senado, avanzará con una reforma que modifica aspectos centrales del régimen de tierras rurales, las expropiaciones, los desalojos y el manejo del fuego. Si no alcanza los apoyos suficientes, la iniciativa volverá a quedar postergada, luego de un primer intento que había quedado suspendido por falta de consenso político.