06 de mayo, 2020 | 19.26

Crisis en penal de Devoto: crean grupo de trabajo carcelario “integral” y acuerdan orden interno

Los puntos clave del documento que firmaron autoridades del gobierno, funcionarios judiciales y presos del penal. La política penitenciaria en la mira y la difícil vuelta a la “normalidad”.

Este miércoles se dio un paso importante en pos de la normalización de la situación dentro de la cárcel de Devoto, donde se produjo un motín el 24 de abril que inició un conflicto en plena pandemia que se extendió por dos semanas. Las autoridades del gobierno, funcionarios judiciales y presos del penal acordaron hoy que el conflicto en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  “ha quedado concluido” y decidieron crear un grupo de trabajo para abordar la problemática penitenciaria en su conjunto.

Así surge del acta firmada por todos los participantes de la Mesa de Diálogo, que incluye a los representantes de los distintos pabellones de la unidad penal. El documento consta de siete puntos. Incluye el cese del conflicto en el penal y la necesidad de “arbitrar los medios necesarios para retomar el normal funcionamiento del establecimiento en todos los aspectos de seguridad, alojamiento y disciplina con los recaudos de profilaxis en virtud de la pandemia declarada”.

No será una tarea sencilla, explicaron a El Destape desde el Poder Judicial. La situación es compleja. “Restituir el orden no es simple. Deben dejar que ingrese la requisa. Se debe deponer el nivel de conflictividad”, indicaron. A diferencia de lo que sucedió con un acuerdo previo que no llegó a buen puerto, ahora el clima interno en el penal cambió, por lo que todo indica que podrá aplicarse lo pactado. 

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Entre otras cosas, la Mesa de Diálogo acordó el abordaje de la problemática carcelaria de forma “integral”, que quedará a cargo de un grupo de trabajo que sumará a diferentes actores sociales y representantes del colectivo de personas privadas de la libertad. Documentos del Servicio Penitenciario Federal reflejaban a fines de marzo que más de la mitad de las cárceles federales estaban superpobladas.

De acuerdo a lo rubricado por las partes, los detenidos se comprometen a colaborar en las refacciones edilicias que se vieron dañadas tras el motín que se inició en plena pandemia del coronavirus con un pedido al Ejecutivo de una "conmutación de penas" a partir de la detección de un caso de positivo de COVID-19 en el personal penitenciario de la UR 2. También presentaron un proyecto de "Ayuda Humanitaria" para elaborar productos de higiene y salud para enfrentar el avance el coronavirus.

Otro punto del acuerdo es “mantener el compromiso de continuar y reforzar el mejoramiento de las condiciones de higiene, salud, prevención del COVID-19 (siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación, SPF y OMS) y en la alimentación como fuera asumido”. Y trabajar “en el mejoramiento de los criterios criminológicos e informes que elabora la autoridad penitenciaria”.

La Mesa de Diálogo, que se volverá a reunir el 20 de mayo, hará reuniones periódicas para seguir de cerca “el avance de los trabajos realizados en diferentes áreas”. En la negociación se agregó que evitarán “traslados como consecuencia de los hechos ocurridos el viernes 24 de abril”.

¿Quiénes fueron parte de la Mesa diálogo? El secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena, quien detalló a los presos los avances logrados en relación a los informes penitenciarios y la revisión médica de la población con riesgo sanitario. El N° 2 del Ministerio de Justicia de la Nación cumplió un rol clave en este proceso. También participaron el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto; el juez Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; la jueza de Ejecución N° 2, Vilma Bisceglia; y el director del Servicio Penitenciario Federal (SPF), Emilio Blanco. 

Otros actores sociales que tuvieron representación fueron la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Asociación Civil de Familiares de Detenidos y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad, entre otras organizaciones. Se propuso sumar en las próximas reuniones al Ministerio de Salud.

El motín que inició este conflicto terminó con una treintena de presos heridos; dos de ellos recibieron impactos de bala de plomo y están internados. Uno podría tener serias dificultades para volver a caminar. Este hecho derivó en una denuncia penal que presentó la Procuración Penitenciaria y está siendo investigado por la Justicia. 
 

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