Consejo de la Magistratura, entre la parálisis y la toma por asalto de la Corte

El órgano que selecciona y sanciona jueces está a punto de quedar paralizado. O, lo que es peor para el oficialismo, ser tomado “por asalto” por la Corte. Este viernes, con la disolución de la integración actual, se abre un conflicto institucional.

14 de abril, 2022 | 00.05

El Consejo de la Magistratura, órgano clave del Poder Judicial, está a punto de quedar paralizado. O, lo que es peor para el oficialismo, ser tomado “por asalto” por la Corte Suprema de Justicia. Es que por una decisión del propio Alto Tribunal, este viernes formalmente deja de existir el consejo de 13 integrantes y se ingresa en un terreno pantanoso, de incertidumbre, en el que se vislumbra un conflicto institucional.

Para sortear el período de crisis que se abre, este miércoles los consejeros aprobaron –con el rechazo de la oposición - un reglamento de emergencia. Fue en la última sesión del cuerpo actual en la que el macrismo y aliados volvieron a bloquear la aprobación de una veintena de ternas, entre las que se encontraban cargos claves de Comodoro Py. La estrategia de Juntos por el Cambio es clara: mantener el statu quo.

¿Cómo se llegó a este escenario? La Corte determinó el 16 de diciembre pasado que la integración de 13 miembros del Consejo, vigente desde 2006, es inconstitucional. En la resolución, los supremos ordenaron al Congreso que sancione una nueva ley que "respete" los "equilibrios" de los estamentos. Por si eso no sucedía, otorgaron un plazo de 120 días para que se restablezca la anterior conformación de 20 consejeros, que da la presidencia del órgano de selección y sanción de jueces a la propia Corte, es decir, a Horacio Rosatti. Como si todo eso fuera poco, establecieron que si no se realizaba la readecuación por una u otra vía, al día 120 del fallo los actos que dicte el consejo “serán nulos”. Este viernes entra en vigencia ese ultimátum y el Parlamento no promulgó una nueva ley ni se terminaron de designar a los 20 consejeros para revivir el antiguo consejo.

Los escenarios que se abren

A partir del viernes, con la disolución del Consejo de 13 integrantes, se abren diversos escenarios.

Días antes de que la Corte decretara la inconstitucionalidad de la integración actual, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una iniciativa para reestructurar el consejo con 17 integrantes y sin supremos en su interior. ¿Qué propuso la Casa Rosada en su iniciativa? Sumar 2 abogados, 1 juez y 1 académico. De esa forma busca un mayor “equilibrio” entre los estamentos pero con la Corte afuera. Fue una maniobra para adelantarse al “golpe político” del Tribunal Superior que estaba por ejecutarse. El Frente de Todos le dio media sanción a ese proyecto en el Senado el 7 de abril pasado. Pero por falta de votos aún no se pudo tratar en la Cámara de Diputados.

Desde el Frente de Todos consideran que la única vía posible para realizar una reforma del órgano que selecciona y sanciona jueces es la sanción de una nueva ley. Pero, por el momento, la oposición bloquea esa iniciativa. Una postura que no es ingenua: allana el camino para que entre en vigencia la ley derogada en 2006 que revive al consejo de 20 integrantes presidido por el titular de la Corte, es decir, por Rosatti.

Los distintos estamentos ya avanzaron con sus elecciones para activar esta alternativa, al menos hasta que se promulgue una nueva normativa.

“Ya llegó la Mesa Judicial macrista al Consejo”, cuestionan desde el Ejecutivo por los resultados de esos comicios. El consejo de 20 que se está perfilando se conforma con los 13 miembros actuales y:

  • Rosatti, que entra como presidente. El ministro cortesano fue designado por Macri en el Alto Tribunal.
  • Dos representantes por los abogados. Fueron electas Jimena de la Torre, exintegrante de la AFIP y UIF macristas, y María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, cercana al consejero Diego Molea.
  • Una representante de los jueces. Agustina Díaz Cordero, exasesora del ministro de Justicia de Macri, Germán Garavano, y jueza civil, fue quien se impuso para consejera desde la lista Bordó, la más conservadora de la Asociación de Magistrados. La madre de Agustina, Maria Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, era camarista comercial y hasta hace poco la aliada principal de Macri en el letargo de la causa Correo Argentino.
  • Un académico. La elección de este estamento es este lunes 18 de abril.
  • Un diputado y un senador de la Nación, cuya designación es fuente de conflicto entre el oficialismo y la oposición.

Así como desde Juntos por el Cambio se obtura el tratamiento en Diputados de una nueva ley, todo indica que el Frente de Todos no avanzará con el nombramiento de los dos consejeros que deben representar al Parlamento en la nueva estructura. Esa designación depende de un decreto de la presidencia de cada cámara. Es decir, de CFK para enviar senadores y de Sergio Massa para diputados. Como en el oficialismo entienden que el fallo de la Corte es “un ataque institucional” no quieren avalar el consejo de 20 miembros. Al trabar esta designación, se busca que esa estructura no entre en funcionamiento.

Amparo e incertidumbre

En pos de frenar ese proceso, el diputado nacional por Entre Ríos Marcelo Casaretto (Frente de Todos) promovió una acción de amparo para que la Justicia detenga cualquier intento de designación de consejeros en el Congreso. El juez Daniel Edgardo Alonso le concedió una medida “precautelar” este martes y notificó de la misma a Fernández de Kirchner y Massa. El magistrado pidió un informe a las autoridades del Congreso "respecto del interés público comprometido por la solicitud”.

Para Casaretto, aprobar las leyes es facultad de las cámaras de Diputados y Senadores no de la Corte, y la media sanción para reformar el consejo que se logró en la Cámara Alta demuestra que "existe una clara voluntad legislativa" de cumplir con la sentencia por lo que el Alto Tribunal no tiene ninguna potestad para reponer una ley derogada.

En un claro “golpe y contragolpe”, desde la oposición se motorizó este miércoles una presentación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en la que se le pide a la Corte que se “avoque” y anule la resolución dictada por el juez de Paraná.

En una ofensiva coordinada, también este miércoles Juntos por el Cambio anunció a los dos candidatos a consejeros que propone en representación del Congreso “para cumplir con el fallo de la Corte”: la diputada Roxana Reyes y el senador Luis Juez. Es que el macrismo se adjudica los dos consejeros que se deben nombrar en representación del Poder Legislativo. En esa sintonía, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, dijo que la resolución del juez de Paraná “es abiertamente contraria a la normativa vigente” y llamó a desconocerla.

La incógnita ante este cuadro de situación es qué hará la Corte. La semana próxima, ¿Rosatti y los consejeros electos hasta ahora se presentarán en el consejo para asumir funciones? De hacerlo, se estaría concretando el denunciado golpe institucional. Por ejemplo, desde el FdT destacan que para asumir debieran jurar ante la Corte todos los consejeros electos juntos y eso no podría pasar si el Congreso no envía a sus dos representantes. Agregan que los supremos promovieron una reestructuración del órgano que selecciona y sanciona jueces porque no había equilibrio entre los estamentos y ahora ¿habilitarían un consejo con la ausencia de dos consejeros?

Así las cosas, las dos variantes, es decir el consejo de 17 y de 20 miembros, parecen bloqueadas. Por lo que el reglamento de emergencia aprobado este miércoles adquiere otra relevancia.

Ese reglamento también fue causal de cruces en la última sesión del actual consejo.

El representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, destacó en el plenario: “Yo realmente no sé que va a pasar el lunes, martes, miércoles cuando tenga que pasar lo que tenga que pasar pero como cuerpo estamos obligados a garantizar el funcionamiento mínimo que está propiciado en la resolución”, remarcó.

Acaso adelantando lo que se viene, uno de los representantes de los jueces, Ricardo Recondo (del ala más conservadora de la Asociación de Magistrados), dijo: “Debo decir que a partir del día 120 hemos dejado de ser el Consejo de 13 miembros entonces cualquier resolución a partir de ese día va a ser una ultraactividad del Consejo y no podemos hacerlo. Mi largo ejercicio me da la absoluta seguridad de que la Corte como cabeza del Poder Judicial se va a hacer cargo”.

La votación a favor del reglamento de emergencia terminó 7-5.

“Nos volveremos a encontrar cuando Dios disponga”, cerró la sesión el consejero Alberto Lugones, en clara referencia a la incertidumbre reinante.

Para que nada cambie

La intención de la oposición de paralizar el Consejo volvió a quedar clara este miércoles, en la que fue la última sesión del plenario de 13 integrantes. El oficialismo no logró aprobar las casi 20 ternas que están concluidas. Volvieron a Labor. Entre ellas, se destacan las que son para ocupar cargos claves de Comodoro Py.

En el Consejo se necesitan dos tercios de las voluntades en el plenario para aprobar las ternas y ninguna fuerza posee esa mayoría por lo que sin consenso no hay designaciones (lo mismo se repetirá tanto en el consejo de 17 como en el de 20 integrantes). Por lo que se mantiene el statu quo en los tribunales federales. Sin mayorías especiales no habrá designaciones ni remociones.

Entre los concursos que están para aprobarse en el plenario y se trabaron se destacan los que son para ocupar los juzgados 6, 11 y 12 de Comodoro Py, hoy vacantes. Es decir, el 25% de los juzgados de primera instancia de Retiro. El juzgado 11, por ejemplo, es el que ocupaba Claudio Bonadío y hoy subroga otro magistrado impulsor del Lawfare, Julián Ercolini.

También estaban para votarse las ternas para las dos vocalías de la Cámara Federal porteña que hoy ocupan Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esos dos jueces fueron puestos a dedo por Macri en ese cargo y la Corte determinó que sigan allí hasta que se designe a sus reemplazantes por concurso. Como el Consejo no puede cerrar el proceso ambos siguen en funciones y activos, fallando de acuerdo a los intereses de Cambiemos.

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