Los trabajadores del Complejo Nuclear Atucha, ubicado en la localidad bonaerense de Lima, protagonizaron esta semana una masiva movilización que pone de manifiesto la crítica situación que atraviesa el sector nuclear en Argentina. La protesta, encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y otras organizaciones gremiales, denunció un escenario de "despidos, persecución sindical y atraso salarial" derivado de las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. El malestar en las centrales no solo responde a la licuación de los ingresos, sino también a lo que los operarios consideran un desmantelamiento de la soberanía tecnológica nacional.
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De acuerdo a una publicación del portal Infogremiales, el conflicto escaló significativamente tras la desvinculación de Mariano Saleh, un delegado sindical con 14 años de trayectoria en la planta. Según los trabajadores, el despido de Saleh tiene un claro trasfondo político y forma parte de un esquema de amedrentamiento. El propio exdelegado relató que su salida se produjo luego de realizar críticas a la gestión energética oficial a través de sus redes sociales. “No puede ser que me echen por dos tuits. Es increíble, pero están usando todo el aparato del Estado que venían a destruir para atacarme”, afirmó Saleh, quien además denunció que la empresa le impide el ingreso apelando a supuestas razones de seguridad nuclear que él rechaza de plano.
La movilización en Lima recibió el apoyo de diversos sectores, incluyendo personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Nucleoeléctrica Argentina y gremios como SUTEBA Tigre y trabajadores del Hospital Garrahan. La resistencia sindical se endurece ante lo que consideran un vaciamiento del sector atómico, agravado por declaraciones de funcionarios nacionales, como Ramos Nápoli, quien calificó a la CNEA como un “aguantadero de la política”, lo que generó un repudio generalizado entre los profesionales de la industria.
La parálisis del reactor CAREM y el fantasma de la privatización
Uno de los puntos de mayor tensión en la agenda gremial es la paralización del proyecto CAREM-25. Este reactor modular, íntegramente diseñado en el país, contaba con un avance de obra cercano al 80%, pero la administración nacional decidió frenar los trabajos bajo el argumento de que la iniciativa es “económicamente inviable”. Para los técnicos y profesionales del sector, esta decisión no solo representa un desperdicio de recursos ya invertidos, sino un golpe directo al desarrollo científico nacional y a la autonomía energética.
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La interrupción de proyectos estratégicos como el CAREM coincide, según denuncian los sindicatos, con procesos administrativos que buscan facilitar el ingreso de capitales privados para evaluar los activos de las empresas estatales del sector. Este movimiento alimenta los temores de una futura privatización de la actividad nuclear. En paralelo, los trabajadores advierten sobre una pérdida sostenida del poder adquisitivo y la ausencia de mesas de negociación reales para resolver la brecha salarial.
El clima de tensión se completa con denuncias sobre un creciente control de la actividad gremial. Los trabajadores sostienen que existe un esquema de vigilancia y restricciones dentro del complejo nuclear destinado a impedir la difusión de las condiciones operativas de la central. A esto se suma la intención del Ejecutivo de “patrullar las redes de los trabajadores de Atucha”, lo que los gremios interpretan como una estrategia de disciplinamiento para acallar las críticas al rumbo de la política nuclear.
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