Hace unos días el diario Clarín publicó que Horacio Rodríguez Larreta comenzó a “aceitar” sus contactos con el Poder Judicial. Y parece que le da resultado. Los jueces Martín Doctrina Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia rechazaron que la abogada Natalia Salvo sea querellante en la causa donde se investiga la privatización de parte del plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. En ese expediente están imputados Rodríguez Larreta y su ministro de Salud Fernán Quiros. Con esta decisión los jueces evitan que la denunciante acceda a la información de la causa, que solicite medidas de prueba y que recuse a Carlos Stornelli, que es el fiscal del caso pese a estar procesado por espionaje ilegal.
La decisión de los miembros de la Sala I de la Cámara Federal apoya lo que resolvió el juez Ariel Lijo, que rechazó que los denunciantes por la privatización de parte del plan de vacunación en la ciudad de Buenos Aires sean querellantes en la causa. Luego de demorar más de lo permitido esta decisión, el juez le negó esa posibilidad a los abogados Salvo y Yamil Castro Bianchi, que presentaron dos denuncias por separado que apuntan al jefe de Gobierno porteño y su ministro de Salud.
“No resultan titulares del bien jurídico protegido ni acreditan un perjuicio real y directo que derive del hecho investigado” alegó el juez Lijo. “Se comparte el criterio del juez”, dijeron Irurzun, Bruglia y Farah.
Que Salvo no pueda ser querellante impide entre otras cosas que recuse al fiscal Stornelli, que sigue en su cargo pese a estar procesado por espionaje ilegal. Y procesado en una causa donde la misma Salvo es abogada del empresario Pedro Etchebest, denunciante original.
Que ni Salvo ni Castro Bianchi puedan acceder al expediente dejará al juez Lijo y al fiscal Stornelli sin control alguno de lo que suceda. No habrá nadie que solicite medidas de prueba ni quien revise las ya realizadas, como los allanamientos en el ministerio de Salud porteño.
Salvo denunció que “Horacio Rodriguez Larreta, estaría privatizando la campaña de vacunación que se lleva adelante frente a la pandemia que aqueja a toda la población, beneficiando a grupos privados en detrimento de la población en general”. Y agregó que “el Sr. Quirós, por indicación del Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, habría firmado un convenio con instituciones privadas encargadas de ejecutar el plan de vacunación de la Ciudad otorgando privilegios a dichas instituciones y sus socios por encima del resto de la población”.
Otro abogado, Castro Bianchi, denunció que “el Gobierno de la Ciudad habría decidido distribuir la gran mayoría de las dosis en Comités partidarios, a amigos y familiares del poder. Incluso, dentro de los vacunatorios informados por el GCBA para acceder a la vacuna contra el coronavirus, se encontraría la Asociación Civil Encuentro Vecinal Sur en la calle Picheuta 1517 de la Comuna 7” y dijo que “sería un comité radical (Unión Cívica Radical) conducido por la Auditora General de la Ciudad, Lic. Raquel Herrero”. Tampoco lo dejaron ser querellante.
Con esta maniobra la causa quedará bajo exclusivo control de todos jueces del lawfare. El juez Lijo fue quien dispuso el encarcelamiento de Amado Boudou basado en la Doctrina Irurzun, fue el titiritero detrás de la oficina de filtración de escuchas y es el mismo que protege al propio Mauricio Macri en la causa penal por el Correo Argentino, donde hace 4 años que demora su citación a indagatoria. El fiscal Stornelli está procesado por espionaje ilegal. El camarista Irurzun fue el autor de la doctrina de encarcelamiento de ex funcionarios kirchneristas y presidió la oficina de filtración de escuchas. Su colega Bruglia sigue en el cargo donde Macri lo puso a dedo. Y el retornado Farah revela que sus terminales siguen en la vieja SIDE residual.
Cerrar sesión