La seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Caleta Olivia continuó este miércoles con medidas de fuerza en el marco de la segunda jornada de paro provincial por 72 horas convocado esta semana. En medio de la crisis desatada por las políticas del gobernador Claudio Vidal, el secretario general de la seccional local, Walter Robledo, confirmó que el paro superó el 90% de acatamiento y cargó contra los aumentos por decreto y "el congelamiento salarial".
Tras el rechazo y la paralización del debate de la Ley de Emergencia Económica que afectaba al régimen previsional, la mesa intersindical de Santa Cruz de trabajadores estatales realizó una movilización de antorchas a la Casa de Gobierno en Río Gallegos. En el marco del paro nacional de ATE, también se realizaron protestas con bloqueos en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate.
En línea con estas medidas que se realizaron en distintos puntos del país, trabajadores y afiliados a ATE Santa Cruz y a la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de la provincia se manifestaron durante los últimos dos días en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Trabajo de la localidad del norte provincial. Los ejes del reclamo fueron: apertura urgente de paritarias, recomposición salarial y freno a los despidos en el sector público. Como parte de las actividades de protesta, ATE Caleta Olivia llevó adelante además una masiva Asamblea en el interior del Ministerio de Trabajo.
El secretario local Robledo calificó la situación salarial como “bastante crítica”. Y apuntó: “Los funcionarios salen y explican una emergencia económica, pero nadie refiere a la emergencia social que estamos padeciendo los trabajadores y trabajadoras, la Salud, la Educación y la seguridad están en peligro”.
El gremio advirtió por la precarización creciente, la falta de actualización de categorías y el escaso reconocimiento de tareas. Sin respuestas por parte del Ejecutivo, los empleados estatales reclamaron el reconocimiento del sindicato y denunciaron situaciones de "apriete y amedrentamiento" por parte del Ejecutivo.
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La semana pasada, ATE denunció la detención ilegal de dos dirigentes durante una protesta en el hall del Hospital Distrital de la localidad. Mientras se realizaba la manifestación, el juez Eduardo Quelin ordenó la detención del coordinador de municipales local, José Vilán, y la secretaria general seccional de ATE Las Heras, Marlene Gómez.
El secretario general de ATE a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el Ejecutivo provincial: "Exigimos la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente. Si piensan que con cárcel y represión van a tener paz, se equivocan. La paz social se logra garantizando respuestas a las justas demandas que tenemos los trabajadores y los sectores más vulnerables de la sociedad", cargó en sus redes sociales. Los dirigentes fueron liberados más tarde, tras la fuerte reacción de los gremios.
"Ajuste a la política": envían un proyecto para que Vidal y sus ministros se recorten el sueldo un 30%
Mientras el gobernador Vidal profundiza las medidas que atentan contra los trabajadores, el diputado provincial Carlos Godoy impulsó un proyecto que propone un recorte del 30% en los salarios de funcionarios y legisladores, además de una fuerte reducción en gastos operativos y de comunicación.
La iniciativa, que el propio legislador del peronismo denomina "Ajuste a la política", busca que la dirigencia sea la primera en asumir el costo del contexto económico. En un mensaje a directo a todos los sectores que sufren el ajuste del Ejecutivo provincial y que salen a las calles para luchar por sus salarios y derechos, la reducción busca incluir al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y diputados provinciales.
En su Artículo 1, la normativa establece como objetivo "priorizar los recursos del Estado en políticas públicas esenciales". El texto aclara que el recorte incluye "toda suma percibida", como adicionales, bonificaciones o compensaciones. Además, se especifica que esta medida no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios.
En el Artículo 4, se prohíbe explícitamente la creación de mecanismos que compensen esta reducción, evitando que el recorte sea neutralizado por otros ingresos. En tanto, el apartado 5 establece la suspensión de gastos en publicidad oficial, incluyendo pautas en medios, contratación de servicios de comunicación y financiamiento de redes sociales con fines institucionales o políticos.
Según detalló El Diario Nuevo Día, solo se permitirá la difusión de campañas vinculadas a salud, educación, seguridad y emergencias. En este punto, el proyecto apunta a reducir uno de los rubros más cuestionados del gasto público. Por su parte, el Artículo 6 limita el uso de bienes del Estado: restringe vehículos oficiales, suspende viáticos y gastos de representación. Sin embargo, exceptúa áreas esenciales como salud, seguridad, Vialidad y operativos invernales.
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