El plan social no es todo, pero cómo ayuda

Lo que nos dejó el macrismo en materia social nos obligó a pensar políticas públicas urgentes para enfrentar el momento, pero también nos desafió a discutir aquellas cuestiones que exigían un rediseño mucho más complejo, una estrategia verdaderamente federal para encarar los problemas de las familias pobres.

Hacia allí estábamos yendo. Pero cuando pensábamos que al fin íbamos a llegar a un consenso sobre las medidas que se debían tomar, apareció una pandemia que sacudió el mundo y no hizo más que agudizar el escenario heredado como consecuencia del aumento del precio de los alimentos, la caída de los ingresos formales e informales y el sobreendeudamiento de las familias.

Una de las formas inmediatas que encontró el gobierno nacional para solucionar esta problemática fue la transferencia de dinero, a través del Ingreso Familiar de Emergencia para los trabajadores informales y monotributistas de clase A y B, el IFE. También en la misma dirección realizó un aporte extraordinario a los sujetos de derecho de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo, AUH. Sostener el ingreso de las familias, construir un piso mínimo para que estos sectores puedan estar contenidos, era una necesidad, como lo fue también asistir a las empresas para mantener los puestos de trabajo a través del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), donde el Estado se hizo cargo hasta un 50% de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras.

El dinero ayudó, todos estamos de acuerdo con ello porque dotar de ingresos a las familias fue una necesidad, pero hay que ser capaces de darnos cuenta que debemos superar la lógica del mercado tras los escombros que nos dejará la pandemia.

El plan social ayuda, nadie lo discute, lo que ponemos sobre la mesa es que hay que entenderlo como un punto de partida, después hay que profundizar y traspasar esa lógica para solucionar las cuestiones de pobreza estructural pendientes desde hace muchas décadas, y que más allá de los intentos realizados entre 2003 y el 2015 para revertir cierta inercia en esta materia, no se logró poner freno al círculo de reproducción de la pobreza, tarea pendiente que no debemos dejar pasar, porque además implicará una tarea de mediano y largo plazo, un compromiso en la construcción de una sociedad más justa.

En este sentido, los especialistas en políticas sociales, Gasparini y Cruces (2010) demostraron que el impacto de la universalización de las asignaciones familiares produjo que la brecha de ingresos (la diferencia entre el decil más rico y el más pobre pase de 23,7 a 16,5 veces mientras que los niveles de indigencia se redujeran entre un 55 y un 70%. En los más chicos, el nivel de indigencia pasó del 12% a 3,7% mientras que el de la pobreza en ellos pasó del 36% al 28,2%.

Todos los análisis efectuados sobre el impacto social de los programas sociales desde la recuperación democrática, demuestran una fuerte reducción de la pobreza e indigencia, es que nunca se transfirió tanto dinero, al bolsillo de los que menos tienen como durante el periodo kirchnerista. Sin embargo, se logró reducir solo la capa superficial de la corteza, porque al núcleo más duro de la pobreza no se pudo llegar, es que a ella no se accede únicamente con dinero, se necesita del acompañamiento de toda la infraestructura del Estado para su completa superación.

La pobreza estructural continúa y se solidifica tras capas y capas de exclusión y de modelos que se autoreproduen en el interior de las familias. Padres, hijos y nietos que desarrollan sus vidas en núcleos familiares que no pueden ser protagonistas de los sueños y proyectos propios.

Debemos ser capaces de repensar en políticas con un acompañamiento mucho más fuerte a cada familia. Ingresos transitorios, mayor educación y capacitación para el mercado de trabajo. Pero también acompañamiento profesional para las situaciones que deben abordar y no pueden hacerlo solos. Poner al servicio de estas familias una batería de acciones, empezando con los más chicos y los jóvenes. Igualar las condiciones para que tengan contención social y psicológica, posibilidad de desarrollar capacidades deportivas, artísticas, emprender proyectos de trabajo. Construir una identidad propia, un proyecto de vida, vivir su presente dignamente para soñar con un futuro mejor.

Un desafío que debe empezar atendiendo a cada territorio, con un diseño que involucre a los Municipios y las provincias, que cuente con las organizaciones y movimientos sociales, las comunidades religiosas (en sentido amplio), para integrar respuestas concretas a cada situación, acorde a las diferencias que tienen los contextos donde estas familias viven.

La pandemia nos dio la posibilidad de discutirlo. No lo desaprovechemos.

*Grupo Artigas.