La presencia de Peter Thiel en Argentina despierta todo tipo de sospechas. No se trata de una visita esporádica sino de algo parecido a una radicación: compró una lujosa mansión, se estableció con su familia, y se preocupó por dejarse ver en actividades comunitarias como si fuese un ciudadano más. Hasta ahora, las explicaciones de tal comportamiento parecerían, al menos parciales.
Tanto si se tratase de involucrar al Estado nacional en el uso de las herramientas de IA y vigilancia digital de su empresa Palantir, de conseguir los datos de todos los argentinos con la excusa del “gemelo digital” del Ministerio de Capital Humano, o de asegurarse negocios relacionados con la energía, el litio y/u otros minerales críticos necesarios para su infraestructura digital, no se explicaría claramente porque sería necesaria su presencia de una forma tan estable en nuestro territorio. Tristemente, incluso en épocas mucho más analógicas, con formas de comunicación mucho más lentas y precarias, los dueños del capital transnacional se las ingeniaron para expoliarnos a distancia o a lo sumo, mediante algún enviado, cuando no un voluntarioso peón local. Tales fueron, históricamente, las características de la alianza entre la burguesía cipaya periférica y sus mandantes en los países centrales.
Lamentablemente toma cuerpo una hipótesis mucho más preocupante que surge de la coincidencia cronológica entre el establecimiento de Thiel en la Argentina y el renovado intento del gobierno argentino por derogar la ley de tierras. Dicha ley sancionada en diciembre de 2011, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, establece que las personas y las empresas extranjeras no pueden poseer más del 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, establece que ninguna nacionalidad extranjera puede superar el 30% de ese 15% permitido y que un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo del país, la más productiva. Milei intentó derogarla vía un artículo de su dañino DNU 70 pero gracias a una medida cautelar dicho artículo fue declarado anticonstitucional en marzo de 2024 y desde entonces el tema está en la Corte. ¿Cuál es la relación entre ambas cosas? Peter Thiel podría estar buscando comprar un porción de territorio para establecer un estado independiente bajo su visión tecno-fascista.
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La fantasía tecno-libertaria del Estado en Red
Para comprender por qué esto podría tener sentido, tenemos que recurrir al libro de 2022 “The Network State", cuya traducción en castellano podría ser “El Estado en red” o tal vez “La Nación en red”, del empresario norteamericano Balaji Srinivasan. Según el propio autor, la definición de su nación en red en pocas palabras se resume en: un Estado en red es una comunidad en línea altamente cohesionada con capacidad de acción colectiva que financia mediante financiación colectiva territorios en todo el mundo y, con el tiempo, obtiene el reconocimiento diplomático de estados preexistentes.
En el libro explica que el motivo para crear tal cosa sería: queremos poder fundar un nuevo Estado pacíficamente por la misma razón que queremos un terreno baldío, una hoja en blanco, un espacio vacío para escribir, una empresa nueva o un lienzo en blanco. Porque queremos construir algo nuevo sin ataduras históricas. Y que hay varias formas de hacerlo, desde ganar una elección (que califica como muy difícil), hacer una revolución (que “no recomienda”), ganar una guerra (que “tampoco recomienda”), conquistar el espacio, o, su preferida, la nación en red: se trataría de comunidades que primero se organizan en línea y luego proceden a comprar enclaves territoriales aquí y allá, que luego buscarían reconocimiento diplomático. Aquí puede leerse sobre esta idea más en detalle.
Una reciente nota del Financial Times da cuenta de que varias de estas “startup territoriales” han recibido financiamiento de fondos de inversión pertenecientes a la tecno-élite de Silicon Valley: Peter Thiel, Marc Andreessen, Sam Altman (OpenAI) y Brian Armstrong (Coinbase), entre otros.
Esta idea es apoyada entre otros por Patri Friedman, fundador del fondo de inversión Pronomos Capital, confeso libertario (y nieto de Milton): “Una empresa privada respaldada por capital de riesgo es la operadora de la ciudad y [sus directores] diseñan las leyes y obtienen ingresos a través de una combinación de alquileres, impuestos y tarifas de servicios.”
En Latinoamérica, y en Argentina también
El fundamento legal para conseguir estas porciones de territorio donde fundar estas ciudades independientes es la aprobación por parte de los países de “zonas económicas especiales”: se trata de áreas pertenecientes a empresas, es decir, propiedad privada, a las que se les concede autonomía para dictar una parte o el todo de sus normas. Así sucedió en Honduras, donde basándose en una ley del año 2013 que creaba las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) comenzó el desarrollo de “Próspera”, una experiencia libertaria perteneciente en gran parte al fondo de inversión Pronomos Capital antes mencionado y que cuenta con el apoyo de los mencionados Balaji Srinivasan, Peter Thiel y Marc Andreessen. Próspera está gobernada por un consejo compuesto por nueve miembros, cinco de los cuales son electos y cuatro designados por la compañía propietaria, pero como las decisiones requieren una mayoría de dos tercios, dicha firma cuenta en la práctica con poder de veto sobre todas las decisiones. Existen reportes que dan cuenta de que allí algunas empresas de biotecnología podrían estar realizando ensayos médicos no regulados.
A diferencia de Próspera, que ya existe, los proyectos en Argentina se encuentran en estado embrionario, pero eso no significa que no tengan entidad. Podemos mencionar a Crecimiento, cuyo referente local es Juan Benet, y en cuyos eventos han participado personalidades como Santi Siri o el Secretario de Innovación del Gobierno de Buenos Aires, Diego Fernández. Un tuit de la compañía da cuenta de cómo una de sus ocupaciones es el establecimiento en Argentina de “Digital Special Economic Zones” o Zonas Francas Digitales, cuyos proponentes explican en esta nota. En 2024 la firma Forma anunciaba como inminente el establecimiento de una “Solana Economic Zone” en Argentina, aunque no es claro si ese nombre se utilizó para un evento de unos pocos días para incentivar el ecosistema crypto basado en Solana o ese fue solamente el puntapié inicial para buscar establecer algo más permanente. Algo más de información puede encontrarse aquí.
Atendido por sus dueños
Con estos antecedentes la coincidencia temporal entre la radicación de Thiel y la insistencia del gobierno por derogar la ley de tierras se vuelve más sospechosa. Ceder soberanía de diversas maneras ha estado en la agenda de este gobierno desde que subió al poder. ¿Será parte de su agenda el establecimiento en territorio nacional de uno de estos enclaves de experimentación libertaria auspiciados por Thiel? Si bien hablan de transparencia la relación entre el gobierno y los tecno ricos se caracteriza por la opacidad.
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