El sistema educativo libertario

Javier Milei planteó que la educación se empiece a subvencionar desde la demanda, en vez de la oferta, es decir que los padres con hijos en edad escolar recibirían fondos del Estado para pagar la institución a la que quieran asistir. Entonces, los colegios tendrían que competir entre sí, para que los elijan y se matriculen en dicha institución.

El candidato ganador de las últimas primarias afirmó que: “El sistema educativo tiene que promover la competencia. Lo mejor es darle un voucher al estudiante para que elija donde quiere estudiar. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado. En el mundo ideal, vos podés tener un sistema de vouchers, vos estudiás y te doy los vouchers. Yo te lleno una tarjeta para que vos pagues la institución a la que quieras ir. Podés ir a una de gestión estatal o privada. Elegís la que te dé la gana”.

El sistema de vouchers no representaría una reducción del gasto educativo, sino una redistribución del mismo en función de la elección que realizan los alumnos sobre cada establecimiento. Para algún desprevenido, esto podría ser conveniente.

El caso más cercano es el de Chile, país donde se implementó este sistema en los años 90, durante el gobierno de Eduardo Frei. Este sistema generó desigualdad ya que las escuelas con mejor rendimiento y mejores instalaciones absorbieron mayores recursos públicos, a la par de que a la fecha cobran aranceles altos y seleccionan a los alumnos. A su vez, la reforma incentivó la creación de establecimientos que lucraban con la educación, ya que los requisitos para poner una escuela se flexibilizaron.

Otro caso que suelen mencionar los libertarios es el de Suecia, el cual tuvo que sufrir distintas reformas, ya que luego de su implementación los resultados de las pruebas PISA mostraron una gran caída desde el 2000 al 2012, incluso comparándolo con los otros países nórdicos.

Con el sistema de vouchers, la educación se convertiría en un negocio. Entonces, lo que va a ocurrir es que la elección del consumidor, se va a ver influenciada por las acciones de marketing (tal como ocurre hoy en día en los mercados de bienes y servicios), en vez de por la calidad educativa.

Dado que no se amplió sobre los valores lo los vouchers, se podría analizar teniendo presente el último informe de la asociación Argentinos por la Educación –integrado por investigadores del Conicet, entre otros- que señala que la provincia que más gastó por alumno en escuelas públicas de Argentina en 2021 fue Tierra del Fuego con 60.656 pesos y la que menos gastó fue Corrientes con 15.146 pesos. En promedio, todas las provincias erogaron más del 65% de sus presupuestos al pago de retribuciones al personal.

Por citar un ejemplo, Catamarca, erogó 33.968 pesos, lo que en 2021 representaba 358 dólares, es decir 130.000 pesos. Según las estadísticas educativas de la provincia de Catamarca, publicadas en anuarios y desagregadas, en ese mismo año, en el departamento de Tinogasta existía una matrícula de 2.443 alumnos en el nivel primario, que se distribuyen entre 38 establecimientos de gestión pública y uno de gestión privada, ubicados en diferentes localidades.

Los habitantes de Tinogasta recibirían el día 1 la suma máxima de 130.000 pesos con una “tarjeta SUBE” (tal como expresó Milei) por cada hijo en edad escolar, y los fondos públicos -la suma de 317.590.000 pesos- se distribuirían entre los 38 establecimientos existentes, lo que representa 8.357.631 pesos por establecimiento y 1.193.947 pesos por grado.

Con un salario promedio docente en Argentina de 130.000 pesos -un voucher, un docente- y con la importante currícula escolar que importa la participación de varios profesionales, claramente -y como las estadísticas muestran- los recursos en materia escolar no sobran.

Ahora, pensemos en el ejercicio que el sistema libertario propone: supongamos que alentados por la “revolución” educativa, abrieran un 50% más de establecimientos que compitieran por el mismo alumnado y los mismos fondos: los mismos 317.590.000 pesos se distribuirían entre 57 establecimientos, en lugar de 38, y en vez de 1.193.947 pesos por grado -en un ejercicio de distribución equitativa- recibirían inmediatamente un techo de 795.964 pesos. Y a partir de ahí, veremos quién gana, quién pierde, y quien cierra.

En un país con una geografía como la Argentina, donde hay pueblos que pelean por tener un establecimiento, el sistema “SUBE” haría que los establecimientos de las zonas más pobladas tengan más recursos y los de zonas inhóspitas pocos…. o ninguno.

Un esquema como el que propone el dogma libertario implica asumir que los colegios con pocos alumnos, tienen pocos alumnos porque son “ineficientes” y no porque tienen escasos recursos o se encuentran en zonas de poca densidad demográfica. Esas zonas serían “culpables” de su propia ignorancia.

Apartándose de cualquier debate moral, resulta imposible pensar que el sistema educativo de una nación que tiene como eje que más alumnos tengan más conocimiento resista una política de esta naturaleza: las escuelas más desfavorecidas, para las cuales muchas veces se reclama presupuesto y hasta se hacen colectas, en lugar de ser tratadas como desfavorecidas y merecedoras de mayor inversión, tendrían menos recursos que las ubicadas en ciudades más densamente pobladas y mejor vistas.

Ningún establecimiento –público o privado- en zonas no densamente pobladas podría financiarse, ningún establecimiento –público o privado- que requiera inversión para mejorar la tendrá: sus deficiencias no serán vistas como un pasivo del Estado, sino como un pasivo de los propios alumnos que insisten en no saber.

Una vez más, la postura libertaria no tiene en cuenta las condiciones sociales. A su vez, quedan muchos interrogantes por resolver, dada la imprecisión de la propuesta libertaria, ¿qué nivel de desigualdad podría generar la transferencia de recursos públicos a instituciones privadas? ¿Se cumpliría la obligatoriedad? ¿Quién cubriría el sueldo de los maestros si la escuela no tiene fondos para pagarles?